La familia de Emilia logró que Casación analice el cierre de la causa para un excomisario y exige unificar la condena del empresario Santiago Piedrabuena.
A más diez años de la muerte de Emilia Uscamayta Curi en una fiesta clandestina en La Plata, la causa volvió a tomar impulso en los tribunales con una doble avanzada de la familia de la víctima: la Cámara Penal habilitó la intervención de Casación para revisar la prescripción que benefició al excomisario Daniel Piqué, mientras que en paralelo se intensifica el reclamo para que el empresario Santiago Piedrabuena cumpla una pena efectiva en cárcel común mediante la unificación de sus condenas.
Se trata de un nuevo capítulo en una pelea judicial extensa, atravesada —según denuncian los acusadores particulares— por dilaciones, decisiones formales que limitan la participación de la víctima y resoluciones que, lejos de cerrar el caso, siguen dejando zonas grises en torno a las responsabilidades.
El primer eje de esta nueva etapa judicial está puesto en la situación del excomisario y exfuncionario municipal Daniel Piqué, quien había sido beneficiado con la prescripción de la acción penal sin haber llegado a juicio.
Esa decisión, adoptada en instancias inferiores, implicó el cierre de la causa en su contra. Sin embargo, la familia de Emilia nunca dejó de cuestionar ese desenlace.
Ahora, la Sala IV de la Cámara Penal de La Plata resolvió habilitar el recurso de Casación presentado por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao y Andrés Noetzly, lo que abre la puerta a una revisión de fondo sobre si la prescripción fue correctamente aplicada.
El punto es central: no se trata solo de una discusión técnica sobre plazos, sino de determinar si el Estado garantizó —o no— el derecho de la víctima a que se investigue la posible responsabilidad de un funcionario en la habilitación o control de la fiesta ilegal donde murió la joven.
Para el particular damnificado, el cierre de la causa fue prematuro y se apoyó en una interpretación restrictiva que no contempló las particularidades del expediente, como las sucesivas excusaciones de fiscales y las demoras estructurales del proceso.
La intervención de Casación, en ese contexto, representa una oportunidad clave para revertir lo que consideran un caso emblemático de impunidad.
Mientras tanto, en el expediente principal —el que sí llegó a juicio— la discusión se centra en la ejecución de la pena de uno de los condenados: el empresario Santiago Piedrabuena.
De acuerdo a la documentación presentada por la familia, existe una situación que consideran “gravísima”: Piedrabuena cuenta con una condena previa a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por portación de arma de guerra, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II de La Plata.
Sin embargo, esa condena no fue considerada al momento de dictar la sentencia por la muerte de Emilia, en la que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) III le impuso tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para organizar eventos.
Esa omisión es el eje del reclamo actual. La querella exige que ambas condenas sean unificadas, lo que modificaría sustancialmente la situación procesal del empresario y podría derivar en su detención efectiva.
Según surge del escrito presentado por el padre de la víctima, Edgar Uscamayta Curi, la falta de unificación no solo vulnera principios básicos del derecho penal, sino que además impide a la familia intervenir en decisiones clave, como el otorgamiento de beneficios.
En ese documento se detalla que Piedrabuena incluso accedió a una prisión domiciliaria en el marco de la otra causa, en condiciones que la querella califica como “particulares” y sin posibilidad de control por parte de las víctimas, precisamente porque las condenas no fueron unificadas.
Uno de los ejes más duros del planteo de la familia es la crítica al funcionamiento del sistema judicial.
En la queja presentada, los abogados sostienen que las decisiones que rechazaron sus recursos por cuestiones formales —como supuestas extemporaneidades— constituyen un obstáculo directo al acceso a la justicia.
En ese sentido, invocan estándares internacionales y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que el Estado debe garantizar una participación real y efectiva de las víctimas en el proceso penal.
“El sistema de administración de justicia tiene rutinas y prácticas que impactan de manera desigual sobre los derechos de quienes reclaman”, señalaron en la presentación, donde también denuncian que el particular damnificado fue “invisibilizado” al no ser notificado directamente de resoluciones clave.
La discusión no es menor: según la querella, ese tipo de interpretaciones formales termina favoreciendo a los imputados al impedir que se revisen decisiones de fondo, como la falta de consideración de antecedentes penales o el cierre de causas por prescripción.
El caso Uscamayta Curi ha estado marcado, desde sus inicios, por controversias judiciales.
La muerte de Emilia ocurrió el 1° de enero de 2016, en una fiesta clandestina en una quinta de Melchor Romero que no contaba con habilitación ni condiciones de seguridad. La joven murió ahogada en una pileta sin guardavidas ni medidas de prevención.
El juicio oral concluyó con condenas para los organizadores, pero desde el inicio la familia sostuvo que las responsabilidades excedían a los empresarios e incluían a funcionarios que debían controlar o impedir el evento.
En ese contexto surgió la causa contra Piqué, cuyo cierre por prescripción ahora será revisado por Casación.
Al mismo tiempo, la situación de Piedrabuena expone, según la querella, fallas en la coordinación entre tribunales y en la ejecución de las penas.
Lejos de conformarse con las condenas obtenidas, la familia de Emilia insiste en avanzar sobre todos los frentes posibles.
El objetivo, explican, es lograr una "justicia completa": que se investiguen todas las responsabilidades y que las penas se cumplan de manera efectiva.
La revisión de la prescripción en Casación y el pedido de unificación de condenas contra Piedrabuena son, en ese sentido, dos piezas de una misma estrategia.
Ambas apuntan a corregir lo que consideran decisiones que, en distintos momentos del proceso, favorecieron a los acusados y limitaron el alcance de la investigación.
El expediente ingresará ahora en una etapa clave. El Tribunal de Casación deberá analizar si la prescripción dictada en favor de Piqué fue ajustada a derecho o si, por el contrario, debe ser revocada para permitir que la causa avance hacia un juicio.
En paralelo, la Cámara deberá resolver el planteo de la familia para habilitar la revisión de la situación de Piedrabuena y avanzar con la unificación de sus condenas.
Dos decisiones que podrían redefinir el rumbo de una causa que, a casi una década, sigue abierta.
Para la familia Uscamayta Curi, el tiempo no es un argumento válido para cerrar el expediente. Por el contrario, cada resolución adversa parece reforzar una convicción: que la única forma de cerrar la herida es con todas las responsabilidades esclarecidas y las penas efectivamente cumplidas.
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