La nueva estructura en el área de juicio oral en el fuero Penal de La Plata debutó sin demasiados sobresaltos, aunque con algunos puntos que se deberán aclarar. En los próximos días habrá encuentros entre jueces y fiscales para terminar de diagramar la agenda de trabajo 2025.
Tal como ya informó 0221.com.ar en exclusivo, este lunes, tras el regreso de la feria judicial de verano, comenzó una nueva etapa de asignación de fiscales para la etapa de juicios orales.
"En los próximos días, antes del fin de semana, habrá reuniones entre los jueces de tribunales orales y fiscales para terminar de ajustar la agenda de trabajo 2025", detallaron varias fuentes judiciales consultadas por este medio.
Hasta el 31 de diciembre de 2024 los fiscales de juicio tenían asignadas una fiscalía de instrucción y cada causa que llegaba a juicio de su fiscalía de origen debían llevar adelante el proceso. Pero eso cambió. Desde ayer, cada fiscal de juicio tendrá un organismo asignado y deberá completar el proceso de la etapa oral, sin importar la unidad funciona de instrucción de origen.
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En este marco, la fiscal Graciela Rivero actuará en el Juzgado Correccional 2; Helena De la Cruz lo hará ante el Juzgado Correccional 5; Victoria Huergo ante el Correccional 4 y Rosalía Sánchez será la fiscal ante el Juzgado Correccional 1.
Por su parte, los fiscales Jorge Paolini y Juan Pablo Caniggia actuarán en causas radicadas en el Tribunal Oral Criminal (TOC) I. Martín Chiorazzi hará lo propio ante el TOC II; Leila Aguilar será la fiscal para los debates en el TOC III; Mariano Sibuet actuará ante en TOC IV y Viviana Arturi junto a Lucas Domski fueron afectados para el TOC V.
Agendas saturadas en La Plata
El contexto que motivó esta resolución es crítico. Las agendas de debate judicial estaban saturadas hasta 2028, producto de la acumulación de causas, las demoras en los juicios y la falta de personal, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió este medio. La pandemia agravó este escenario, así como la aprobación de nuevas leyes sin la asignación correspondiente de recursos. Además, la estructura organizativa del Ministerio Público Fiscal no se había modificado en más de 25 años, a pesar del aumento exponencial en los índices delictivos.
Uno de los ejes principales de la reorganización es la asignación de fiscales a órganos jurisdiccionales específicos. Este sistema establece que los agentes fiscales trabajen en un Tribunal Oral en lo Criminal o un Juzgado Correccional durante un período inicial de dos años, renovable por un año más. Se estima que la especialización en un tribunal permite una mejor coordinación de las agendas, reduciendo la superposición de audiencias y acelerando el desarrollo de los casos.
La redistribución de tareas en la etapa de juicio también busca aliviar la sobrecarga de audiencias y garantizar el cumplimiento de los compromisos procesales. Esta medida es crucial, considerando las dificultades que enfrentaba el sistema para cumplir con los plazos acordados. Además, se mantienen las funciones de las Unidades Funcionales especializadas, como las dedicadas a flagrancia, estupefacientes y delitos culposos, asegurando que no se alteren sus tareas específicas.
Priorizar juicios abreviados y resoluciones alternativas
Otro punto central de la resolución es la priorización de los juicios abreviados, promoviendo su concreción antes o durante la audiencia prevista por el artículo 338 del Código Procesal Penal (CPP). La dilación de estos procedimientos ha contribuido significativamente al colapso del sistema, ya que genera fechas de juicio que luego no se utilizan y bloquean la posibilidad de resolver otras causas.
Para evitar este tipo de problemas, se instruyó a los fiscales a recopilar todos los elementos necesarios para la resolución de las causas durante la etapa de instrucción, evitando prácticas que retrasen innecesariamente los procesos. También se fomenta la aplicación de alternativas como fórmulas conciliatorias, suspensión del juicio a prueba y procedimientos abreviados. Estas herramientas son clave para reducir la cantidad de casos que llegan a juicio oral y agilizar la resolución de conflictos.
La estipulación probatoria también juega un papel relevante en la reorganización, permitiendo a las partes acordar sobre hechos y pruebas para acortar los tiempos del proceso judicial. De esta forma, se busca hacer efectivo el principio de celeridad en la administración de justicia.
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Licencias, excepciones y garantizar la continuidad
Otro aspecto relevante de la reorganización es la regulación de las licencias durante las ferias judiciales. Los fiscales, funcionarios y empleados asignados a la etapa de juicio deberán tomar sus licencias en estos periodos, pero se designarán agentes fiscales de guardia para atender los asuntos urgentes.
Asimismo, la resolución establece excepciones en casos específicos que requieren continuidad, como la causa Nº 7.700 (en la que está procesado el exjuez de Casación Martín Ordoqui) y sus acumuladas, así como los juicios por jurados en los que ya se haya celebrado la primera audiencia. Estas medidas buscan garantizar la atención adecuada de los casos más complejos y evitar interrupciones en los procesos.