Federico Rogelio Rodrigo fue hallado culpable de doble homicidio culposo. Conducía ebrio y a exceso de velocidad cuando embistió a una moto.
Villa Elisa duerme temprano. Esas calles angostas, donde la sombra de los árboles cae espesa y el alumbrado escasea, se transforman de noche en una trampa para cualquiera que no sepa a qué velocidad doblar. Y también para quienes, como Federico Rogelio Rodrigo, creen que pueden doblegar el sentido común con el pedal del acelerador y evitar la condena.
La madrugada del 23 de abril de 2017 lo cambió todo. Para él, para Leandro Rodríguez y para Camila Herrera, los dos jóvenes que volvían en moto por la diagonal 50 entre 12 y 15 de Villa Elisa. Y también para sus familias, que siete años después aún no entienden cómo se les puede arrebatar la vida así, de un golpe, sin más.
En una sala del fuero Correccional de La Plata, la jueza Claudia Greco puso palabras a lo que muchos esperaban desde hacía años: condenó a Rodrigo a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y lo inhabilitó para manejar por ocho años. La calificación fue clara y firme: doble homicidio culposo agravado.
Para llegar a esa conclusión, la magistrada debió recorrer un expediente espeso, atravesado por peritajes, testimonios y fotografías crudas. Y lo hizo con precisión.
Rodrigo, según determinó el fallo, manejaba un Volkswagen Fox a una velocidad estimada entre 71 y 88 km/h por una calle donde el máximo permitido es de 40. Lo hacía, además, con signos de intoxicación alcohólica: aliento etílico, inestabilidad, y una negativa clara a que le extrajeran sangre.
La escena fue reconstruida casi milimétricamente. Un reguero de líquido marcó el punto de impacto; un brazo humano apareció a 25 metros del auto; el cuerpo de Camila fue hallado dentro de un predio cercado, al otro lado de un paredón de dos metros de altura. Leandro murió en el acto. Camila, horas más tarde, en el Hospital San Roque de Gonnet.
No hubo testigos directos del choque, pero los primeros policías en llegar al lugar –Roberto Balbuena y Diego Morrison– dieron detalles que coincidieron con los informes técnicos. Una calle de apenas cinco metros de ancho, doble mano, sin señalización ni iluminación. Un zanjón. Un camping a un costado. Y la moto, completamente destruida, al fondo de esa noche sin regreso.
La defensa de Rodrigo buscó, a lo largo del debate oral, desestimar buena parte de esa evidencia. Apuntó contra la planimetría, propuso interpretaciones alternativas del punto de impacto y sugirió que la motocicleta habría invadido el carril contrario.
Pero la jueza Greco descartó esa hipótesis. La reconstrucción fue unánime: el impacto se produjo casi en el centro de la calzada, sin una invasión franca de carril por parte de ninguno de los vehículos. Las marcas, los restos esparcidos, los informes de la accidentóloga Vanesa Vilca y de la planimetrista Pamela Pérsico, sumados al análisis mecánico de Carlos Ibarra, no dejaron margen para la duda.
Uno de los peritos oficiales estimó que el vehículo iba, como mínimo, a 88 km/h. Otro sostuvo que la velocidad inicial pudo haber duplicado el máximo permitido. La moto, en cambio, no pudo ser medida con precisión, aunque no hubo datos que indicaran una velocidad excesiva.
Los daños en ambos rodados fueron congruentes: un choque frontal, excéntrico izquierdo, con una violencia tal que provocó amputaciones, fracturas múltiples y una proyección de cuerpos como en una escena bélica.
Más allá de la mecánica del choque, el punto que terminó de sellar la suerte del imputado fue su estado al momento de conducir. La médica forense que lo revisó casi dos horas después del hecho diagnosticó un primer grado de intoxicación alcohólica. Rodrigo se negó a la extracción de sangre, pero el informe fue claro: tenía aliento etílico, pupilas dilatadas y una conducta errática.
Damián Herrera, hermano de una de las víctimas, lo vio antes del accidente orinando en un mástil, sin poder sostenerse en pie. Una amiga, Victoria Palmitano, declaró que lo vio bebiendo de un vaso oscuro en un recital esa noche, aunque no pudo confirmar si era alcohol.
El imputado, en su descargo, dijo que había tomado apenas una botella de cerveza y que no recordaba el momento del impacto. Pero la jueza no le creyó. Consideró que sus afirmaciones eran autocomplacientes y no se correspondían con el cuadro médico ni con el contexto descripto por testigos.
En su sentencia, la jueza Greco valoró como única atenuante la falta de antecedentes penales de Rodrigo. Rechazó el pedido del defensor de considerar como atenuantes su buena conducta procesal y el supuesto hostigamiento por parte de familiares de las víctimas. “Someterse al proceso es una obligación, no un mérito”, escribió en su fallo.
La única agravante considerada fue la conducción bajo efectos del alcohol, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito y que, en este caso, resultó determinante para la tragedia.
La fiscal del caso, Victoria Huergo, había pedido cuatro años de prisión. Señaló que la conducta de Rodrigo fue temeraria y punible, sin ningún atenuante válido.
A pesar de que la condena implica una pena de cumplimiento efectivo, Rodrigo seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme. Una situación que genera frustración entre los familiares de Camila y Leandro, quienes esperaron más de siete años para escuchar una condena que ahora deberá recorrer los caminos de la apelación.
Mientras tanto, en la esquina de diagonal 50 entre 12 y 15 de Villa Elisa, sigue una placa con dos nombres: Camila y Leandro. A veces, alguien deja una flor. Otras veces, nada. Pero ahí están, como un testimonio mudo de lo que ocurrió.
La justicia puede llegar tarde. Pero cuando llega, deja marcas. Y esta vez, aunque con demora, la sentencia les dio a dos vidas truncadas una voz en el expediente. Un veredicto. Una verdad judicial. Y la certeza, al menos para sus familias, de que no fue en vano.
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