Abusos en el Senado bonaerense: Nicolás Rodríguez sumó nuevo defensor que cuestionó la prisión preventiva

El magistrado fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos imputados, la reiteración de las conductas a lo largo del tiempo y la existencia de riesgos procesales, especialmente en relación con la protección de las víctimas y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. En el mismo fallo, Masi ordenó iniciar el trámite para un eventual arresto domiciliario una vez que la prisión preventiva quede firme, lo que abre una posibilidad a futuro para que los imputados soliciten cumplir la detención bajo esa modalidad, siempre bajo control judicial.

Desde la querella, que representa a las víctimas a través de los abogados Andrés Noetzly e Ignacio Fernández Camillo, destacaron la importancia de la prisión preventiva como medida de resguardo y protección frente a una causa que, según remarcaron, exhibe un patrón de violencia, coerción y manipulación psicológica prolongado en el tiempo.

Jury a Julieta Makintach (3)

Audiencia clave y reclamo de reserva en La Plata

La confirmación de las preventivas se dio tras una audiencia clave que se desarrolló en el juzgado de Garantías de La Plata y que estuvo dividida en dos tramos. En el primero, declararon dos de las víctimas, cuyas identidades se mantienen bajo estricta reserva. Las jóvenes expresaron su profundo malestar por la filtración de chats privados a medios de comunicación, un episodio que —según manifestaron— las volvió a exponer públicamente y les provocó un nuevo daño emocional.

Ante ese planteo, el juez solicitó a la fiscalía que la investigación se mantenga bajo la máxima reserva, con el objetivo de proteger la intimidad de las denunciantes y evitar cualquier forma de revictimización. En el segundo tramo de la audiencia, la fiscal Betina Lacki ratificó el pedido de prisión preventiva para ambos acusados, que finalmente fue concedido.

El entramado investigado: política, cooptación y una supuesta secta

De acuerdo con la investigación judicial, las conductas atribuidas a Rodríguez y Silva Muñoz no se circunscriben a hechos aislados, sino que habrían formado parte de un entramado organizado y sostenido en el tiempo. La fiscalía describió la existencia de una supuesta secta denominada “Orden de la Luz”, utilizada como herramienta de control psicológico y sometimiento de las víctimas.

Según surge del expediente, bajo la fachada de la agrupación política Movimiento Ciudadano La Capitana —dirigida por los imputados— se desplegaba una metodología específica de cooptación de jóvenes, en su mayoría adolescentes o recién mayores de edad. Las víctimas eran contactadas a partir de ofrecimientos de oportunidades educativas, pasantías o inserción laboral en el ámbito legislativo, lo que generaba un vínculo inicial que luego derivaba en situaciones de abuso y coerción.

La investigación también analiza posibles ramificaciones dentro del entorno político provincial, un aspecto que, si bien aún no derivó en imputaciones contra terceros, le otorga a la causa una dimensión institucional particularmente sensible.

Chiqui y Nacho

Un patrón reiterado de abusos

Las denuncias abarcan hechos ocurridos entre 2015 y 2023. En el expediente se investigan al menos nueve hechos documentados, con cuatro mujeres como denunciantes: dos presentaron sus casos en 2019 y otras dos en 2025, todas bajo la órbita de la UFI N° 2 de La Plata.

Dos de las víctimas principales relataron ante la fiscalía episodios coincidentes en cuanto a la modalidad de los abusos, las presiones recibidas y los mecanismos de control utilizados. Una de ellas declaró que conoció a Nicolás Rodríguez en 2016, cuando él tenía 33 años y se desempeñaba como ayudante de un profesor, mientras ella aún cursaba estudios secundarios. Según su testimonio, Rodríguez y Silva Muñoz utilizaron su influencia y la promesa de participación en actividades legislativas para acercarse, generar confianza y luego iniciar una dinámica de encuentros que derivó en abusos sexuales, en ocasiones mediante amenazas directas y en otras a través de una intensa manipulación psicológica.

Otra de las denunciantes relató que, tras un primer contacto en un encuentro de politólogos realizado en el Senado bonaerense, Rodríguez le ofreció una pasantía. Ese acercamiento derivó en una reunión en la que —según su declaración— fue sometida a abusos sexuales bajo presión, sin que su rechazo fuera respetado. Con el tiempo, la mujer fue integrada a una relación sexual forzada de tríada. “Al principio fue consentido, pero estos actos fueron persistiendo con el tiempo. Cuando quise salir de esa situación comenzaron las presiones tanto de Nicolás como de Daniela”, declaró ante la fiscalía.

Amenazas, correos y episodios de extrema violencia

Las víctimas relataron que la presión se sostuvo durante años e incluyó maniobras de acoso, amenazas contra sus familias y advertencias sobre supuestas consecuencias negativas si rompían el vínculo. Una de las jóvenes aportó más de 200 correos electrónicos enviados a lo largo del tiempo, con órdenes de obediencia, instrucciones para presentarse en determinados lugares y mensajes de contenido espiritual y sexual.

El dictamen fiscal detalla, además, episodios de violencia explícita. Entre ellos, una de las denunciantes relató que fue obligada a practicar sexo oral bajo amenaza con cuchillos y que, en otra ocasión, fue atada de manos y pies dentro de una combi, sin posibilidad de escapar. También se describen prácticas de sometimiento físico conocidas como “entrenar el fuego”, en las que las víctimas eran expuestas deliberadamente al dolor.

La investigación se apoya, además, en informes médicos, denuncias previas y la intervención de organismos estatales como el Ministerio de las Mujeres y la Dirección de Género del Senado bonaerense. Si bien se dictaron restricciones de acercamiento, las víctimas denunciaron dificultades para que esas medidas se cumplan de manera efectiva.

La Capitana (2)

Lo que viene: estrategia defensiva y próximos pasos

Con la nueva defensa ya formalmente constituida, se espera que en los próximos días se presenten planteos ante la Justicia para cuestionar la prisión preventiva y la calificación legal de los hechos. Desde el entorno de Rodríguez anticiparon que buscarán revertir su situación procesal, mientras que la fiscalía y la querella sostienen que la medida es necesaria para resguardar a las víctimas y asegurar el avance de una investigación compleja.

Por ahora, tanto Nicolás Rodríguez como Daniela Silva Muñoz continúan detenidos, imputados por delitos de extrema gravedad que podrían derivar en penas severas en caso de llegar a juicio y ser hallados culpables. La causa, que combina denuncias de violencia sexual, manipulación psicológica y presuntas ramificaciones políticas, sigue generando un fuerte impacto institucional en el ámbito del Senado bonaerense y en la escena política de la provincia de Buenos Aires.