El Gobierno reglamentará la Ley de Inocencia Fiscal, el nuevo esquema que busca dejar atrás los controles de anteriores administraciones.
El Gobierno puso en marcha la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a promover el uso de los llamados "dólares del colchón" y a generar lo que definió como el blanqueo popular permanente más grande de la historia. La norma entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
En la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) destacaron que la ley "viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie", en un esquema que busca dejar atrás décadas de controles estrictos, inflación y cepo cambiario que empujaron a millones de personas a la informalidad.
La causa llega a su etapa decisiva en La Plata, con audiencias que evaluarán la responsabilidad penal de los falsos policías y sus cómplices.
Edelap informó que en el centro de La Plata habrá interrupciones del suministro por varias horas durante tareas de mantenimiento en la red.
Uno de los pilares de la ley es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), un sistema mediante el cual ARCA no analizará el patrimonio ni los gastos personales de quienes adhieran. De este modo, los contribuyentes podrán regularizar ahorros no declarados y utilizarlos libremente, ya que el foco estará puesto únicamente en la facturación futura.
El régimen está dirigido a personas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio total que no supere los $10.000 millones, siempre que no revistan la condición de Grandes Contribuyentes Nacionales. La verificación se realizará sobre el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular montos entre años.
ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que tendrá presunción de exactitud una vez presentada y pagada en término. Además, la constancia digital de adhesión será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras, en el marco de la normativa antilavado.
Otro punto central de la reglamentación es la modificación de los umbrales de evasión. El límite de evasión simple se elevó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada pasó de $15 millones a $1.000 millones. A su vez, el plazo de prescripción del delito se redujo de cinco a tres años, lo que implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no podrán ser investigados a partir de 2029.
La Ley de Inocencia Fiscal eleva el límite de evasión simple de $1,5 millones a $100 millones y el de la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones
La norma también establece que evadir dejará de ser un delito penal: ante una notificación, el contribuyente podrá regularizar su situación pagando la deuda correspondiente, sin afrontar una causa judicial. ARCA, además, ya no podrá denunciar automáticamente en casos donde existan diferencias por criterios interpretativos o cuestiones técnico-contables.
En paralelo, se elevaron los umbrales para el informe de depósitos y transacciones bancarias. A partir de ahora, se podrán realizar operaciones de hasta $10.000.000 mensuales, en pesos o dólares equivalentes, sin que se genere un reporte automático al organismo recaudador. Según el Gobierno, la medida busca mayor comodidad para los contribuyentes y un impulso a la actividad comercial.
La reglamentación también prevé beneficios para quienes regularicen de manera voluntaria. Si un error es corregido antes de una inspección, no será considerado una falta grave, y se aplicará una reducción del 50% en las multas para quienes se pongan al día dentro de los 45 días posteriores al vencimiento. De esta forma, el Ejecutivo apunta a que ARCA y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) concentren sus recursos en perseguir delitos complejos, en lugar de a contribuyentes de menor escala.