El ARCA llevó el caso de la AFA a la Justicia federal y apuntó a maniobras con proveedores irregulares que habrían generado un perjuicio fiscal millonario.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas salidas no documentadas de dinero y el uso de facturas apócrifas. El expediente se tramita en la Justicia federal y estima un perjuicio fiscal superior a los $375.000.000.
La ARCA, conducida por Andrés Vázquez, presentó una nueva denuncia penal contra la AFA, que preside Chiqui Tapia, por la presunta comisión de un delito vinculado a la utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos.
La AFA dispuso una amnistía general para sanciones pendientes de la temporada 2025 por lo que se levanta la sanción para los jugadores de Estudiantes.
La AFA resolvió que haya amnistía por lo que los futbolistas de Estudiantes dejaron de estar sancionados. Deberá se ratificado por el Tribunal de Disciplina.
Según surge de la presentación judicial, la denuncia se originó a partir de tareas de fiscalización y análisis realizadas por el organismo, que detectaron movimientos de dinero sin el respaldo documental correspondiente. Para ARCA, estas maniobras podrían haber tenido como objetivo ocultar el destino real de los fondos y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.
El material probatorio ya fue puesto a disposición de la Justicia, mientras el organismo continúa avanzando con las acciones administrativas y judiciales que prevé la normativa vigente. De manera preliminar, el perjuicio fiscal estimado supera los $375.000.000, aunque la cifra podría incrementarse a medida que avance la investigación.
El expediente se tramita en la Justicia federal y se inició tras una fiscalización integral sobre las operaciones de la AFA realizadas entre marzo de 2023 y junio de 2025. Como resultado de ese proceso, ARCA dictó resoluciones administrativas, abrió procedimientos determinativos de oficio y notificó a la Justicia ante la posible comisión de un delito penal tributario.
La fiscalización comenzó a partir de alertas generadas por sistemas internos de análisis de riesgo, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la entidad. A partir de allí, se identificaron pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa a firmas consideradas apócrifas o sin sustento económico real.
Las actuaciones incluyeron inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales. Según fuentes judiciales, se detectó un patrón reiterado de empresas que emitían facturas por montos millonarios sin contar con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados.
De acuerdo con la cuantificación provisoria incorporada al expediente, los ajustes fiscales se distribuyen por períodos y tributos. En el Impuesto a las Ganancias por salidas no documentadas, el período fiscal 2025 registra un total estimado de $170.061.981,26, mientras que en 2024 la cifra asciende a $181.890.906,64 y en 2023 a $22.934.217,46.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), ARCA determinó un ajuste correspondiente al período fiscal 2023 por $1.160.350,80. En conjunto, el monto determinado supera los $375.000.000, sin contemplar intereses resarcitorios ni eventuales multas, y permanece sujeto a modificaciones hasta el cierre del procedimiento.
Uno de los ejes centrales de la investigación es el análisis individual de más de una decena de proveedores observados. Según los informes, presentan domicilios inexistentes o incongruentes, ausencia de empleados registrados, falta de activos compatibles con la actividad declarada y movimientos bancarios considerados atípicos.
ARCA encuadró la imputación principal en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias, al considerar que la existencia formal de facturas no alcanza para justificar gastos si no se acredita la prestación real de los servicios y la capacidad económica de los proveedores.
Actualmente, la causa se encuentra en etapa de instrucción y no hay una resolución judicial de fondo ni imputaciones penales formales. Desde el ámbito judicial señalaron que el expediente sigue abierto y que los montos y responsabilidades finales dependerán del avance de las actuaciones administrativas y de las decisiones que adopte la Justicia.