El triple crimen, del que en octubre se cumplirán 18 años, fue llevado a juicio en 2014 y hubo dos condenados por el hecho: el también policía Marcos Casetti, que cumplía funciones en la propia planta y Mariano Ezequiel Filippi Medina, hijo de un ex agente del Servicio Penitenciario. En el expediente judicial, -Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 06-00-293241-07- en que intervinieron decenas de jueces y fiscales del Departamento Judicial de La Plata, también se imputaba a Fernando Dario Maciel, un estudiante universitario, hijo de un abogado y comisario inspector de la policía bonaerense, a quien se le asignaba el rol de cerebro de la sangrienta operación. Maciel -quien al momento de los hechos tenía 23 años- nunca pudo ser hallado y ahora, sobre su suerte pende el fantasma de la prescripción de la causa.
Pese al juicio y las condenas, nunca se llegó a esclarecer qué ocurrió realmente aquella noche. Para los familiares de las víctimas la instrucción sólo sembró más incertidumbre y la instancia del juicio oral fue “un verdadero circo” montado, según ellos, con el único propósito de sepultar el caso para siempre.
En efecto, las idas y vueltas y las irregularidades en la investigación, el cambio de fiscales hizo que el móvil y los pormenores del hecho nunca quedaran claros. Aún hoy, distintas fuentes de la policía bonaerense coinciden en sostener que se trató de un robo de equipos de comunicación y/o de droga escondida en el lugar, y que todo fue encubierto para evitar revelar un hecho de corrupción, además de la posible participación de otros efectivos policiales.
Mensaje desestabilizador
El triple crimen provocó un enorme conmoción. Faltaban apenas nueve días para las elecciones presidenciales en las que Cristina Fernández de Kirchner sería elegida para suceder a su esposo, Néstor Kirchner. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Felipe Solá se preparaba para dejar el cargo en manos de otro dirigente peronista: Daniel Scioli.
El entonces ministro de Seguridad, León Arslanian, fue el primero en relacionar lo ocurrido con un presunto plan de desestabilización del gobierno. Arslanian calificó los asesinatos como un “atentado a la democracia” y un “mensaje mafioso” dirigido a torcer el rumbo de las políticas de seguridad o de derechos humanos. El mismo viernes durante un acto en la Casa Rosada Kirchner se refirió al tema: "Es un hecho lamentable, algo para tratar de generar una situación turbia y sucia. No es casualidad que pase a tan poco de las elecciones", remarcó. Horas más tarde, su esposa y candidata presidencial aparecía en un acto proselitista en la ciudad santafesina de Rafaela y lanzó una advertencia: "nos pueden herir y golpear, pero nunca nos derrotarán".
Arslanian y Solá fueron increpados durante cuando se presentaron por separado en el sepelio de los policías. En medio de los cuestionamientos se comprometieron a resolver el caso y detener y sancionar a los responsables.
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Aunque nunca se presentaron pruebas concretas, en los gobiernos nacional y bonaerense veían detrás del hecho la sombra de grupos de policías apartados de las fuerzas de seguridad por corrupción o por sus vínculos con la última dictadura. Se argumentaba que eran sectores con capacidad operativa para ejecutar este tipo de acciones. Desde la oposición se cuestionó a los funcionarios por “inventar complots” para evitar hacerse cargo de la ausencia de políticas de seguridad. Lo cierto es que el revuelo político en torno al caso se desvaneció misteriosamente después de los comicios.
En un primer momento, la Justicia sostuvo la hipótesis de un crimen pasional. Las fiscales Leila Aguilar y Cristina Larroca, a cargo del caso, apuntó contra supuestos sicarios de la periferia platense, contratados para asesinar a Alejandro Vatalaro por motivos sentimentales. El primer imputado formal fue Leandro Adrían Colucci, empleado del Ministerio de Desarrollo Humano, acusado de hostigar mediante mensajes telefónicos a su ex pareja, Noelia D’Eramo, quien entonces mantenía una relación con Vatalaro. Según esta línea investigativa, Colucci habría contratado a Gustavo Gabriel Mastrovito, para ejecutar el crimen junto a un grupo de barrabravas de Estudiantes y Cambaceres. Colucci y Mastrovito estuvieron presos solo un par de semanas ya que el juez de Garantías a cargo del caso, César Melazo, los liberó poro considerar apresurada la decisión de las fiscales. Ante esta decisión, el gobernador Felipe Solá se mostró molesto y lanzó un comentario llamativo: afirmó que el magistrado tenía, según sus palabras, “pocas ganas de llegar a la verdad”.
Como Aguilar y Larroca no consiguieron reunir las pruebas suficientes terminaron recusadas a mediados de abril de 2008 y la Fiscalía General asignados a la investigación a sus pares Marcelo Romero y Maribel Furnus. La pesquisa empezó entonces a transitar otras hipótesis, asociadas al supuesto robo de costosos equipos de comunicaciones y el tráfico de estupefacientes. El foco se puso en la posible intervención de una banda mixta de policías y civiles. Por ello se solicitó asistencia al Servicio Penitenciario, Gendarmería y Prefectura.
Vaivenes de la pesquisa
Los nuevos instructores comenzaron a prestar mayor atención a los comentarios de los policías que prestaban servicio en la planta, quienes coincidían en señalar que todos desconocían qué era lo que se guardaba en uno de los galpones del predio. El acceso a ese espacio estaba restringido: se accedía por una escalera, la puerta permanecía cerrada con llave, y la única copia era celosamente custodiada por la Jefatura de Policía. Ninguno de los efectivos destacados allí tenía acceso. Solo ingresaban funcionarios enviados directamente desde el ministerio que en ocasiones se presentaban de madrugada segun los testimonios de quienes allí prestaba servicio. Este dato reorientó la investigación y provocó tensiones entre los instructores judiciales y los funcionarios de la cartera provincial. Romero deslizaba ante la prensa la idea de que podía tratarse de una banda integrada por policías que conocían bien el lugar y eso les facilitó sus planes.
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El oficial Marcos Casetti, condenado por la autoria del crimen, era compañero de quienes resultaron sus víctimas
En una operativo encabezado por el fiscal se inspeccionó el misterioso entrepiso al que ninguno de los policías tenía acceso y encontró una importante cantidad de equipos de comunicación en desuso sin que la existencia de dichos elementos hubieran sido informados debidamente en su momento. De hecho, si bien no pudo vincularse directamente con los asesinatos, de aquellos procedimientos surgió el faltante de unos 360 handies. Esa irregularidad derivó en el procesamiento de los oficiales Hugo Matzkin, a cargo del área de Comunicaciones y Hugo Silva, a cargo del predio, a quienes se le atribuyó responsabilidad por haber desprotegido el lugar donde ocurrió la masacre. Luego quedaron sobreseídos.
Para Romero y Furnus el hecho había sido perpetrado por un grupo de por lo menos once personas, varios de ellos miembros de la fuerza, con el fin de “hacerse de sustancias estupefacientes que según la información que manejaba la banda se encontraba en ese lugar”, tal como indicaron los fiscales en uno de sus escritos. Durante esta etapa de la causa se realizaron al menos dos inspecciones con canes entrenados. Si bien no se halló droga, los perros manifestaron comportamientos que podrían interpretarse como indicios de la presencia de residuos en distintos sectores del edificio.
Varias denuncias con reserva de identidad recibidas en el marco de la causa consolidaron la pista de la droga y la banda mixta. “La droga que circula en La Plata es la que sacaron esa noche de ahí”, sostuvo uno de los declarantes anónimos. Los testimonios fueron configurando la idea de la participación de un grupo integrado por Pablo Alejandro Cepeda Recasens, Héctor Fabian Rivero, Edgardo Manuel Zúccaro y Miguel Enrique Tobar, miembro de la barra brava de Estudiantes. Cepeda, mencionado por varios testigos era uno de los más comprometidos presentaba una herida de bala calibre 9 milímetros contemporanea a los hechos investigados.
Según la reconstrucción judicial, todos ellos integraban una banda de la que también participaba el ya mencionado policía Marcos Casetti, que era numerario de la planta transmisora y que habría sido clave para llevar a cabo el hecho. En tanto siguen imputados Colucci y Mastrovito a quienes se sumaron como vinculados al hecho los procesamientos de Oscar Salto, Eduardo Alfredo Avalos, Carlos Reynoso, Hector Porta, Gabriel Pereyra, Sergio Cecotti, Héctor Blanco y Juan Pablo y Gustavo Córdoba, este último decidió profugarse pese a que despues la justicia lo desligó del hecho.
La detención de los acusados estuvo rodeada de episodios llamativos. Hubo denuncias por amenazas y presiones vinculadas a posibles represalias. Todo esto se dio en un contexto marcado, además, por cruces —tanto velados como explícitos— entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del ámbito judicial.
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Los jueces Hoerr, Torrisi y Bertrand, a cargo de las audiencias en el detabe oral por la masacre de la Planta Transmisora
Era noviembre de 2009, habían pasado ya dos años del triple crimen y cuando todo parecía encaminado y hasta se habia presentado la elevación a juicio oral contra los hasta entonces procesados. Pero ocurrió algo que nadie esperaba: En un video filmado desde una cámara oculta en una lapicera, Casetti, detenido en la Unidad Penal N 9 confesaba su autoría en el triple crimen y delataba a dos cómplices: Mariano Filippi Medina y Fernando Maciel. La grabación fue hecha por el ex policía federal, Raúl Barnes, que también estaba detenido.
"El que se paró de manos recibió como treinta puñaladas. Fue el único que quedó vivo, porque a los otros dos los mataron al toque... Cuando se quiso volver a parar de manos tenía como diez, yo al chabón le dí como diez veces y el último puñaladón que le metí le dí por la espalda, lo pasé de lado a lado", dijo Casetti en el video, con la naturalidad con la que un chico cuenta una travesura.
Todo parecía volver a fojas cero. Menos Casetti, el resto de los detenidos hasta entonces en el caso recuperaron la libertad. Al autoincriminarse el policía no solo había dado detalles precisos de cómo habían asesinado a sus compañeros de la planta transmisora sino que, además, reveló el motivo del ataque: robar armas, equipos de comunicación y chalecos blindados para luego llevar adelante un ataque a la sede de la cartera de Seguridad. El móvil, según lo dicho por Casetti, era el odio hacia la fuerza de seguridad.
Surgieron dudas sobre cómo y por qué se había realizado la cámara oculta. El propio Casetti declaró luego que hizo esas manifestaciones bajo amenaza, y atribuyó la filmación a una maniobra orquestada por Juan Pablo “Papupa” Córdoba y su abogado Alejandro Montone, quien también estuvo detenido por el caso aunque terminó desvinculado.
Los fiscales consideraron que se trataba de un montaje poco creíble e insistieron en su versión de los hechos. Sin embargo, la confesión, sumada a la falta de otras pruebas contundentes contra los detenidos, llevó a Montone a pedir la liberación de su defendido y cuestionar severamente lo actuado por Romero y Furnus.
El entredicho entre los fiscales y Montone escaló. A ello se sumaban presiones de todo tipo provenientes de las más altas esferas de los poderes Judicial y Ejecutivo. Así, unos meses más tarde, el fiscal (que hoy ocupa el cargo subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional) pidió apartarse del caso. En tanto, el desgaste, producto del constante enfrentamiento entre el juez Melazo y las autoridades provinciales, también derivó en el apartamiento del magistrado que fue reemplazado por la jueza Marcela Garmendia. Montone llegó incluso a impulsar un jury de enjuiciamiento contra los tres representantes judiciales, a quienes acusó de inacción y negligencia. Sostuvo que su desempeño “perjudicó el real esclarecimiento” de lo ocurrido.
En el oficio mediante el cual Romero y Furnus pidieron excusarse de seguir participando en la instrucción defendieron su trabajo y calificaron a este caso como “la causa criminal más grave en la historia democrática de la provincia". Al graficar el amplio espectro que adquirió la pesquisa aseguraron: “aquí se investigó hasta el grupo terrorista Sendero Luminoso, las Triadas Chinas, a políticos nacionales, provinciales y municipales, sin olvidar a novios celosos y novias casquivanas y barrabravas de Estudiantes, Gimnasia y Cambaceres”.
Atentado contra el Ministerio
A fines de mayo de 2010 un nuevo trío de fiscales, Esteban Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos Nº 8, tomó las riendas de la investigación tras la salida de Romero y Furnus. Desde el principio trabajaron con la nueva hipótesis surgida del testimonio de Casetti: el ataque a la Planta Transmisora y el triple homicidio tenía como fin un atentado contra el Ministerio de Seguridad provincial que tuviera impacto político.
Pese a las dudas sobre la veracidad de la confesión filmada y a que el propio Casetti denunció haberla hecho bajo amenaza, los investigadores lograron comprobar un dato que lo comprometía: antes de abandonar la camioneta policial robada tras el crimen, el oficial usó su teléfono en ese lugar, según los registros de llamadas de la compañía Personal.
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En el marco de la causa, dos jefes policiales fueron procesados y luego sobreseídos por haberdesprotegido la seguridad del predio.
Tras revelarse la existencia del video con la confesión se consiguieron mayores elementos que complicaron la situacion procesal de Casetti. Un perfumero con sus huellas fue encontrado en el lugar donde estaba estacionada la camioneta usada en la huida y un testigo reservado aseguró haber visto, en la calle 19, entre 520 y el arroyo Del Gato, a una persona con la fisonomía de Casetti a bordo de un Fiat 147 —similar al que él tenía por entonces—, justo en el momento en que arrojaba algo al agua, presumiblemente el arma homicida que el numerario había denunciado como extraviada al día siguiente de la masacre.
Si bien se había constatado el vínculo entre el autor confeso y los supuestos cómplices que él mismo había mencionado, recién en noviembre de 2010 un estudio de ADN realizado sobre muestras recogidas en la escena del crimen coincidió con el perfil genético de Maciel y permitió ubicarlo en el lugar de los hechos. Sin embargo, cuando los fiscales fueron a detenerlo, descubrieron que el joven había desaparecido de los lugares que solía frecuentar, aparentemente desde la detención de Casetti. En ese momento, tampoco se logró dar con Filippi Medina, hijo de un oficial penitenciario y ex compañero de secundaria de Casetti.
En abril de 2011 los fiscales elevaron la causa a juicio contra Casetti, el único procesado en la causa. Al video se le sumaban las huellas dejadas en un perfumero, testigos de identidad reservada que lo vieron y la desaparición de su pistola 9 milímetros con la que se habrían cometido los crímenes. La denunció como “sustraída” al día siguiente del asesinato.
En julio de ese año, una comisión policial encabezada por el comisario Walter Carballo descubrió a Filippi oculto en Corrientes. El joven había cambiado su apariencia: se había dejado crecer el cabello y la barba en una pensión en el centro de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima.
Habían pasado cuatro años del crimen cuando, antes de elevar nuevamente el caso a juicio, los fiscales de Delitos Complejos decidieron tomar una medida que —sorprendentemente— hasta entonces no se había adoptado: someter a los 17 agentes que prestaban servicio en la Planta Transmisora a un estudio de ADN, con el fin de cotejar sus perfiles genéticos con los rastros levantados en la escena del crimen.
Cada nuevo aniversario, los familiares de las víctimas realizan actividades conmemorativas en la planta, donde se construyó una ermita en su memoria y se celebran oficios religiosos. Incluso llegaron a escribirle al Papa Francisco, quien respondió a través de Peter Wells, asesor de la Secretaría de Estado del Vaticano, enviando una carta y una oración.
Condenas con sabor a impunidad
Entre marzo y mayo de 2014, tras analizar los estudios periciales y escuchar a cientos de testigos, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Liliana Torrisi halló culpables del hecho a Casetti y Filippi Medina quienes fueron sentenciados por voto unánime a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado cometido con alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas, por haberse perpetrado para consumar otro delito y en razón de la condición de policías que revestían las víctimas.
El juicio se inició con el testimonio de Cintia Lemos, esposa de Torres Barboza, quien recordó que esa noche había hablado con él por teléfono y que al día siguiente se enteró de lo ocurrido por la televisión. Luego declaró el comisario Gonzalo Tedesco, jefe de la División Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), quien relató que, al llegar al lugar en la mañana siguiente, ya había presencia policial. Su primera medida, afirmó, fue preservar la escena, donde había un gran desorden y todo estaba lleno de sangre. Los acusados escuchaban imperturbables.
En los días siguientes comparecieron varios peritos. El jefe en levantamiento de rastros, Omar Sarramián aseguró que entre las huellas detectadas había una que señalaba a uno de los asesinos: “La impronta dactilar hallada en un perfumero marca Glade pertenece a Casetti”, afirmó. Y puntualizó que se trataba de una marca reciente, con no más de doce horas en el lugar al momento de ser levantada, lo que ubicaba al policía en la escena del crimen.
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Para los familiares de los policias asesinados la justicia no logró esclarecer los motivos de la masacre.
La madre de Filippi, Liliana Medina aseguró que su hijo no habia participado y que esa noche estuvo en su casa.
Al declarar el jefe del laboratorio de Balística Central de La Plata, Claudio Silva, dijo que los casquillos y las vainas encontradas en el lugar correspondían a distintas armas incluidas la del sargento Díaz uno de cuyos proyectiles había impactado en Torres Barboza.
Además, los expertos confirmaron que entre las pruebas colectadas “hay ADN de un cuarto hombre” que nunca fue identificado.
Durante el debate se mostraron también los informes que detectaron la actividad de los celulares de los acusados a pocas cuadras de la casa de Casetti y del prófugo Maciel. En el informe telefónico se detalló, además, que previamente a la masacre existieron llamados entre los tres pero que, tras la matanza, dejaron de comunicarse.
Para el fiscal del juicio Martín Chiorazzi, quien pidió la máxima condena para los acusados, el móvil está asociado al “odio policial”.
El 5 de mayo de 2014, al condenar a prisión perpetua a Casetti y Filippi el Tribunal tuvo en cuenta "el conocimiento previo del escenario por parte de al menos uno de los sujetos activos", que cometieron los homicidios "en un predio de grandes dimensiones, en medio de la oscuridad y en el cual las víctimas se encontraban relajadas y entregadas al descanso". "Eso les permitió actuar con la plena convicción de que no iban a tener posibilidad de reacción ni tampoco auxilio inmediato, tal como efectivamente ocurrió", indicaron. De acuerdo a los jueces, “los agresores se apoderaron ilegítimamente de al menos dos ametralladoras, dos cargadores de pistola calibre 9 milímetros, una escopeta Itaka calibre 12/70, tres chalecos antibalas, dos pistolas calibre 9 milímetros, el teléfono celular de una de las víctimas y la camioneta Chevrolet asignada a la dependencia en la que se dieron a la fuga", afirmaron.
Cuando se terminó de leer la sentencia, la madre de Ricardo Torres Barboza, Cielo Barboza, alzó la voz disconforme: “¡A mi hijo lo mataron dos policías!”, repetía, en alusión a que el juicio oral no había logrado dilucidar por qué su hijo tenía en el cuerpo una bala proveniente del arma del sargento Díaz, también asesinado esa noche. Sin suerte, la mujer intentó durante mucho tiempo reabrir la causa para que se investigara el ADN de un mechón de pelo que su hijo tenía en la mano, así como el cotejo de las manchas de sangre encontradas tanto en el lugar del hecho como en la camioneta usada por los asesinos para huir.
Las dudas sobre qué había en los galpones de la Planta Transmisora alcanza a todos los familiares y allegados de las víctimas. Christian Vatalaro, hermano de Alejandro, lo expresó con claridad: “Estamos convencidos de que algo importante fueron a buscar los asesinos esa noche a ese lugar”, señaló. Tanto para él como para el resto de los allegados y familiares, todo el proceso judicial “nos dejó más incertidumbre”.
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En la página de la cartera de seguridad sigue vigente la busqueda del profugo Fernando Maciel, sindicado como el cabecilla de la banda.
En mayo de 2019 la Suprema Corte de Justicia bonaerense rratificó el fallo del Tribunal Oral. Marcos Casetti cumple condena en la Unidad 2 de Marcos Paz mientras que Mariano Filippi está alojado en la Unidad 30 de General Alvear.
En tanto, el paradero de Maciel se perdió rápidamente. En la causa constan registros de que, en 2009, el joven envió un correo electrónico a su padre desde Bolivia. Se libraron órdenes de captura nacional e internacional a través de Interpol y, durante años, se ofreció una recompensa, pero todo fue en vano. Si bien la causa sigue formalmente abierta -asi como los pedidos de recompensa-, los plazos indican que en cualquier momento podría operar la prescripción.
Desde la mañana del 19 de octubre de 2007 los familiares de los policías asesinados siguen haciéndose las mismas preguntas: ¿Por qué los mataron? ¿Cuántas personas participaron en el crimen? ¿Qué se ocultaba con tanto misterio en el predio? ¿Cuál fue el móvil?
A esos interrogantes se suma otro, inevitable: ¿no será esta la historia del mayor fracaso de la justicia penal platense?
