Familias de la Escuela Anexa presentaron un amparo contra la UNLP por los paros docentes y la falta de clases, exigiendo garantizar el derecho a la educación.
Un grupo de padres de la Escuela Anexa "Joaquín V. González" decidió acudir a la Justicia en medio de la seguidilla de paros en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), impulsados por los docentes que le reclaman al Gobierno de Javier Milei por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU).
El conflicto no solo afecta a las facultades de la casa de estudios, sino también a los colegios universitarios y jardines dependientes de la casa de estudios. En ese marco, los alumnos de pregrado acumularán a comienzos de mayo más de tres semanas sin clases en apenas 2 meses de ciclo lectivo, considerando la medida de fuerza por 6 días prevista desde el 27 de abril.
La UNLP arranca la semana con paro en puerta y tensión gremial. ATULP confirmó medidas que podrían afectar el normal dictado de clases.
Un profesor de la UNLP que volvía a La Plata tras dar clases en Saladillo murió al ser embestido en la banquina de la Ruta Nacional N°205.
La situación generó preocupación en las comunidades educativas y derivó en la presentación de una acción de amparo por parte de familias de nivel inicial y primario, que además impulsan una campaña de firmas bajo la consigna "Basta de paros". La presentación judicial está dirigida "contra la UNLP, las autoridades de Escuela Anexa, contra el Estado nacional y/o contra quien resulte jurídicamente responsable de garantizar la regular prestación del servicio educativo y su adecuado financiamiento".
Según detallaron los papás, el amparo "tiene por finalidad que se ordene de manera inmediata y urgente la adopción de todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad educativa, pedagógica y social de los niños y niñas".
En esa línea, solicitaron "que se garantice la apertura regular de la institución, el dictado efectivo de clases, la continuidad de las trayectorias escolares y el normal desarrollo del ciclo lectivo", sin que ello quede supeditado a conflictos gremiales o presupuestarios. Además, pidieron "el dictado de una medida cautelar innovativa urgente, a fin de evitar la profundización del daño que actualmente padecen nuestros hijos e hijas".
En el escrito, las familias señalaron que "desde el año 2024, el normal dictado de clases se ha visto afectado de manera reiterada y creciente por suspensiones, interrupciones y alteraciones del servicio educativo". También advirtieron que "los niños y niñas no forman parte de dichas disputas, sin embargo son quienes sufren directamente sus consecuencias", especialmente en niveles inicial y primario, donde la escuela cumple un rol clave en la alfabetización y la contención.
"La pérdida reiterada de clases no es neutra, genera un daño concreto, acumulativo e irreparable", sostuvieron y remarcaron que la situación implica "una vulneración directa de derechos fundamentales".
No obstante, el conflicto genera posiciones contrapuestas dentro de la comunidad educativa. Mientras un sector de familias impulsa el reclamo judicial para retomar las clases, otros grupos ya se manifestaron en apoyo a los docentes, tal y como sucedió el último 2 de abril con la realización de actividades de visibilización del ajuste que enfrentan las universidades nacionales en particular y los docentes en particular.