Ante la demora del Ejecutivo, la UBA recurre a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La tensión en el sistema universitario nacional escaló un nuevo peldaño: la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió acudir a la Justicia para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras tanto, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sigue el caso de cerca.
La decisión fue tomada por unanimidad en el Consejo Superior de la UBA, que instruyó al rector a avanzar con las medidas judiciales necesarias para que el Poder Ejecutivo aplique la norma sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su ejecución suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento.
El Gobierno nacional decidió promulgar las normas aprobadas en el Congreso, pero condicionó su implementación al Presupuesto del año próximo.
En la segunda jornada de paro, se mantienen suspendidas las clases la UNLP en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
En su resolución, la UBA sostuvo que "este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos" y "quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación". Además, consideró que la medida implica "la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos" al afectar el funcionamiento del sistema universitario y la recomposición salarial prevista.
El texto hizo hincapié en la delicada situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales. La UNLP no es ajena a este contexto y, ante la complejidad del conflicto, analiza con cautela sus próximos pasos y la estrategia más adecuada para defender los intereses del sector.
En La Plata, tanto docentes como nodocentes realizaron paros esta semana en reclamo de la implementación de la ley y de mejoras salariales. El martes fue el turno de los nodocentes nucleados en ATULP y este miércoles se sumaron los docentes de ADULP, dejando las aulas vacías por segundo día consecutivo.
Desde principio de año, las universidades públicas del país protagonizaron distintas medidas de fuerza para exigir mayor presupuesto, paritarias libres y la aplicación plena de la norma aprobada por el Congreso. La comunidad educativa advierte que la postergación genera incertidumbre sobre los fondos que recibirán las instituciones en 2025.
La Ley de Financiamiento Universitario establece que las actualizaciones presupuestarias deben realizarse cada dos meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, garantizando que los recursos acompañen la inflación y permitan sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.
Además, contempla incrementos salariales mensuales para docentes y nodocentes desde diciembre de 2023, algo que hasta ahora no se cumplió debido a la suspensión dispuesta por el Ejecutivo. La demora en la aplicación de la norma no solo impide la recomposición de los ingresos, sino que también compromete el desarrollo de actividades académicas y científicas.
Mientras la UBA avanza en el terreno judicial, en UNLP la expectativa es alta. La comunidad universitaria espera que el reclamo marque un precedente y que el Gobierno finalmente dé el guiño que garantice el financiamiento necesario para sostener el funcionamiento del sistema público de educación superior.