La iniciativa busca extender el beneficio del boleto educativo a trabajadores docentes y no docentes y ampliar la cobertura de viajes para estudiantes.
El acceso al transporte público es uno de los factores clave para sostener la continuidad educativa en la provincia de Buenos Aires, tanto para estudiantes como para quienes trabajan diariamente en las escuelas. En ese contexto, distintos sectores vienen señalando la necesidad de actualizar y ampliar los alcances del boleto educativo.
Actualmente, el beneficio alcanza a alumnos de distintos niveles, pero deja por fuera a buena parte de quienes también forman parte del sistema educativo y deben afrontar costos de traslado para cumplir sus tareas en uno o más establecimientos.
Crece la crisis en el transporte del AMBA y advierten que, sin respuestas por el aumento de costos, podrían volver a reducir las frecuencias de micros.
Las restricciones en la venta de GNC impactan en empresas con contratos interrumpibles para priorizar el consumo en hogares.
Además, en muchos casos los estudiantes necesitan realizar más de un viaje diario para asistir a cursadas, prácticas o actividades complementarias, lo que también pone en discusión la cobertura vigente del sistema.
En ese marco, el diputado bonaerense del PTS-FIT, Christian Castillo, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para modificar el régimen actual y ampliar la gratuidad del boleto educativo en la provincia.
La iniciativa propone incorporar a docentes, auxiliares y no docentes de todos los niveles, así como también extender la cobertura de traslados para estudiantes. Para ello, plantea modificar el primer artículo de la Ley 14.735, sancionada hace más de una década.
"La educación pública no se garantiza solamente mediante el no arancelamiento o la gratuidad formal para quienes estudian, sino también asegurando condiciones materiales para quienes hacen posible su funcionamiento diario", sostuvo Castillo en los fundamentos del proyecto.
El legislador explicó que muchos trabajadores de la educación deben trasladarse entre distintas instituciones o recorrer largas distancias, lo que impacta directamente en sus condiciones laborales y en el ejercicio del derecho a la educación.
De aprobarse, el nuevo régimen alcanzaría a estudiantes, docentes y trabajadores de instituciones públicas y privadas, con o sin aporte estatal, dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación.
"Garantizar la gratuidad del transporte para estos sectores constituye una respuesta concreta frente a una situación social y laboral crítica", concluyó el diputado.