La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió este martes otorgar una licencia de 90 días a la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Isidro, quien había sido recusada del juicio por la muerte de Diego Maradona debido a su presunta participación en un documental sobre el caso. La medida fue tomada luego de una investigación preliminar por presuntas irregularidades en su conducta.
El escándalo se desató tras conocerse que la magistrada estuvo involucrada en la producción del documental "Justicia Divina", vinculado al proceso judicial que analiza la responsabilidad penal en el fallecimiento del ídolo del fútbol. Esta situación motivó la intervención de la Subsecretaría de Control Disciplinario y derivó en una investigación por parte de los fiscales de San Isidro Carolina Aprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.
De acuerdo al documento oficial firmado por los ministros Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, la gravedad de los hechos investigados podría implicar incumplimientos graves en el ejercicio de sus funciones, motivo por el cual se resolvió apartarla temporalmente del cargo.
La resolución destaca que la conducta atribuida a Makintach "evidencia, prima facie, una actitud alejada de la sobriedad, mesura y corrección" que se exige a los miembros del Poder Judicial. Además, la Corte consideró que su accionar resulta "incompatible con el decoro y la prudencia que impone el respeto a la legalidad".
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El alto tribunal también resolvió dar intervención al Procurador General bonaerense, Julio Conte-Grand, para que evalúe si corresponde avanzar con una acusación formal en su contra, conforme al procedimiento previsto para el enjuiciamiento de magistrados.
En su fallo, la Corte subrayó la necesidad de tomar medidas que garanticen la seriedad de las investigaciones en curso y preserven la confianza ciudadana en la Justicia. La licencia de 90 días se adoptó en virtud de los artículos de la Constitución provincial que habilitan esta medida preventiva en casos de sospechas graves contra jueces.
