La Suprema Corte prohibió que jueces usen policías para tareas personales y advirtió que será falta grave, en medio de la crisis de seguridad en tribunales.
En medio de la creciente crisis que atraviesa el sistema judicial bonaerense, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitió una advertencia tan inusual como reveladora: los magistrados no podrán utilizar al personal policial asignado a su custodia para tareas personales ajenas a la seguridad.
La aclaración forma parte del convenio de coordinación firmado entre la Corte —presidida por Hilda Kogan— y el Ministerio de Seguridad de la provincia, en un contexto atravesado por episodios de violencia en tribunales y reclamos estructurales en todo el Poder Judicial.
La causa se originó tras la denuncia de la abogada de nuestra ciudad, Irene Lozano, contra su ex pareja, Fabricio Ángel Cattáneo.
El expediente por homicidio culposo fue elevado definitivamente a la etapa de juicio oral y recayó en un juzgado Correccional. Audiencia clave previa al debate.
Pero más allá del objetivo formal del acuerdo —reforzar la seguridad en sedes judiciales—, una cláusula en particular dejó al descubierto prácticas internas que el propio tribunal buscó erradicar.
El documento es contundente. En su cláusula cuarta, el convenio establece que el personal policial asignado “cumplirá exclusivamente funciones de seguridad”, y remarca que está “expresamente prohibido” que magistrados y funcionarios les encomienden tareas ajenas a ese rol.
En otras palabras: los policías no están para hacer trámites, diligencias personales ni tareas domésticas o administrativas para jueces y funcionarios.
La advertencia no es menor. Que la Corte haya decidido dejarlo por escrito implica que se trata de una práctica detectada —y lo suficientemente extendida— como para requerir una intervención institucional. Lo mismo sufren muchos empleados judiciales no letrados, pero eso será preocupación del gremio de Judiciales.
Además, el texto va más allá de la simple recomendación. Advierte que el incumplimiento de esta disposición será considerado una “falta grave” para los titulares de las dependencias judiciales involucradas, en el marco del régimen disciplinario vigente.
El convenio se firmó tras una seguidilla de episodios que dejaron en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial. Entre ellos, la violenta irrupción en el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, donde un grupo armado amenazó a un juez para exigir la liberación de detenidos, y los disturbios tras un juicio por jurados en Florencio Varela, que terminaron con un magistrado herido.
Estos hechos empujaron a la Corte y al Ministerio de Seguridad a coordinar acciones para reforzar la custodia en tribunales. El acuerdo establece que será la propia Corte la encargada de centralizar los pedidos de seguridad, mientras que la cartera de Seguridad —dependiente del gobierno de Axel Kicillof— evaluará cada solicitud según criterios operativos.
Incluso se prevé la posibilidad de extender la custodia a audiencias fuera de edificios judiciales, en casos excepcionales.
Sin embargo, la cláusula que prohíbe los “mandados” excede el objetivo formal del convenio y se lee como un mensaje directo hacia adentro del Poder Judicial. En un contexto donde fiscales reclaman aumentos, trabajadores denuncian precariedad edilicia y jueces jubilados cuestionan recortes en sus haberes, la Corte intenta ordenar la casa.
La advertencia también apunta a preservar el uso eficiente de recursos en un sistema que denuncia falta de personal y sobrecarga de funciones.
No es un dato menor: mientras distintos sectores judiciales exigen más presupuesto, la Corte deja en claro que el personal policial debe ser utilizado exclusivamente para lo que fue asignado.
La decisión del máximo tribunal bonaerense se inscribe en un escenario más amplio de tensiones institucionales. La Justicia provincial enfrenta reclamos simultáneos por salarios, condiciones laborales, infraestructura y seguridad. En ese marco, el convenio con el Ministerio de Seguridad aparece como una respuesta parcial a uno de los problemas más urgentes.
Pero al mismo tiempo, la inclusión de esta cláusula revela una preocupación adicional: la necesidad de disciplinar prácticas internas que, en tiempos de crisis, resultan difíciles de justificar.
Así, mientras el sistema judicial bonaerense exige respuestas al Ejecutivo provincial y a la propia Corte, el máximo tribunal también envía señales hacia adentro. Una de ellas, quizás la más llamativa, quedó escrita en blanco y negro: los policías están para custodiar, no para hacer favores o mandados.