La Libertad Avanza cuestionó a Marta Elba Pascual por suspender durante 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La Libertad Avanza (LLA) anticipó que promoverá un pedido de jury contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió provisoriamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El espacio libertario cuestionó el alcance de la cautelar y vinculó la decisión con la inseguridad bonaerense.
El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, sostuvo que la decisión de la magistrada busca frenar la entrada en vigencia de una norma aprobada por el Congreso de la Nación. En caso de avanzar, la denuncia deberá ser presentada ante la Secretaría de Enjuiciamiento, organismo competente para recibir acusaciones contra magistrados y funcionarios del Ministerio Público.
La medida fue dictada por una jueza de Lomas de Zamora a partir de un habeas corpus colectivo. La nueva ley baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
El Gobierno reglamentó la Ley 27.801 que establece un régimen específico para adolescentes de 14 a 18 años y crea supervisores especializados.
"Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política", expresó Pareja. El dirigente libertario calificó el fallo como una resolución "profundamente antidemocrática" y remarcó que la ley atravesó el tratamiento legislativo correspondiente antes de su entrada en vigencia.
Las críticas también llegaron desde la Legislatura bonaerense. El presidente del bloque de senadores provinciales de LLA, Carlos Curestis, cuestionó la cautelar y aseguró que la Justicia bonaerense "sigue garantizando la impunidad de los delincuentes". Por su parte, el titular de la bancada libertaria en Diputados, Juan Osaba, definió la medida como un "fallo político" y afirmó que deja sin respuesta a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.
La resolución fue firmada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio letrado de la doctora Patricia Liguori, en beneficio de adolescentes privados de su libertad.
La decisión no declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Pascual fundamentó la suspensión provisoria en la falta de recursos, infraestructura, lugares de alojamiento y personal especializado que, según planteó, demandaría la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal bonaerense.
En su resolución, la jueza sostuvo que "lo que se debe resolver es si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia".
Desde el gobierno nacional y LLA también profundizaron las críticas. La senadora Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la reforma, atribuyó la medida a una "Justicia provincial garantista", mientras que el diputado nacional Diego Santilli apuntó contra el gobernador Axel Kicillof por la situación.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió que una reforma de esa magnitud requiere juzgados, fiscalías, centros especializados y recursos para poder implementarse. Además, reclamó fondos nacionales para que la provincia de Buenos Aires pueda poner en marcha el nuevo régimen.
Santilli, quien buscará ser candidato a gobernador bonaerense por La Libertad Avanza, retrucó al funcionario provincial: "Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera? Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie".
La controversia quedó así atravesada por dos discusiones: el cuestionamiento político de LLA a la decisión judicial y el debate sobre los recursos necesarios para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil. Mientras la suspensión provisoria rige por 60 días, el espacio libertario anticipó que buscará avanzar contra Pascual mediante los mecanismos de enjuiciamiento previstos para los magistrados bonaerenses.
