El Gobierno reglamentó la Ley 27.801 que establece un régimen específico para adolescentes de 14 a 18 años y crea supervisores especializados.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley N°27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y reemplaza la normativa vigente desde 1980. La reforma contempla un sistema específico para adolescentes de 14 a 18 años, con nuevas herramientas de supervisión, sanciones y reinserción social.
La reglamentación fue establecida mediante un decreto que define la estructura institucional necesaria para implementar el régimen en el ámbito de la Justicia nacional y federal. El Ministerio de Justicia quedó designado como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la coordinación general del nuevo sistema.
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Las solicitudes de subsidios que siguen sin asociarse a un suministro deberán corregirse dentro del nuevo plazo o serán eliminadas del régimen.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser judicializados por delitos contemplados en el Código Penal, aunque bajo un esquema diferenciado del régimen aplicable a los adultos. La edad que se tomará en cuenta seguirá siendo la que tenía el adolescente al momento de cometer el hecho.
El nuevo régimen busca promover la responsabilidad por los hechos cometidos, junto con objetivos vinculados con la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes.
Entre las principales herramientas previstas aparece la figura del supervisor especializado, que tendrá funciones de seguimiento, asistencia y control de los adolescentes imputados. Para desempeñar esa tarea se requerirá formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social, de acuerdo con los requisitos establecidos en la reglamentación.
El decreto también crea dentro del Ministerio de Justicia el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, destinado a organizar y conformar el cuerpo de profesionales que podrán ser designados en las causas. La implementación, sin embargo, tendrá una etapa transitoria: hasta que se realice la primera convocatoria pública, el Ministerio deberá elaborar un listado provisorio de profesionales. Ese proceso tendrá un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del régimen. Durante ese período, los jueces podrán seleccionar supervisores entre los profesionales incluidos en ese listado. Una vez conformado el registro definitivo, quienes cumplan con los requisitos y sean incorporados podrán continuar con las funciones que ya les hayan sido asignadas.
La reglamentación también establece mecanismos para coordinar las distintas áreas estatales que deberán intervenir en el nuevo Régimen y para ello se crea el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará de manera permanente dentro del Ministerio de Justicia. Su función será articular el trabajo de las diferentes carteras y establecer lineamientos comunes vinculados con la prevención, el abordaje y la reinserción.
El organismo estará integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Los funcionarios designados deberán tener una jerarquía no inferior a Director Nacional o equivalente. La reglamentación también contempla la posibilidad de convocar a representantes de organismos especializados cuando los temas que se analicen requieran su participación.
Otro espacio creado por la norma es la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, que funcionará como ámbito permanente de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Entre sus objetivos estarán la armonización de criterios técnicos y procesales, el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la promoción de convenios de colaboración y cooperación entre las distintas jurisdicciones.
La Mesa Federal será coordinada por un representante del Ministerio de Justicia y estará integrada por representantes de las provincias y de la CABA que decidan participar. También podrán sumarse representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Por otra parte, el nuevo régimen contempla la capacitación especializada de jueces, fiscales, defensores y otros operadores judiciales, además de la articulación con las áreas de salud, educación, seguridad y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El decreto también establece mecanismos para comunicar información al Registro Nacional de Reincidencia, aunque deberá preservarse la reserva del proceso en los términos establecidos por la Ley 27.801.
