El exministro Jorge D’Onofrio fue imputado por un negociado millonario con el sistema de multas y la VTV. La causa, impulsada por el fiscal platense Álvaro Garganta, involucra a 16 personas, incluidos jueces, concejales y empresarios. También se investiga un posible lavado de dinero en otra causa federal en Campana.
El fiscal Álvaro Garganta imputó al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por su presunta participación en un esquema de corrupción millonario vinculado a la gestión de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), durante su paso por el gobierno de Axel Kicillof. En total, hay 16 personas involucradas, entre ellas funcionarios judiciales, exintegrantes del Ministerio de Transporte y empresarios.
La investigación comenzó en octubre de 2023 y pese al avance de la causa, D’Onofrio se mantuvo en su cargo hasta el 30 de diciembre del mismo año. En su despedida, el gobernador Kicillof le agradeció públicamente, aunque luego evitó hacer nuevas declaraciones sobre el caso.
Tres maniobras clave bajo la lupa
Durante la pesquisa, el fiscal Garganta identificó tres mecanismos fraudulentos. El primero está relacionado con un sistema paralelo para reducir el pago de infracciones de tránsito. Según la investigación, empleados del ministerio junto con terceros externos ofrecían a deudores gestionar sus multas con descuentos del 50%. Esta maniobra, que habría comenzado en enero de 2022, implicaba a jueces de faltas, como Mario Quattrocchi, titular en La Plata.
Quattrocchi, además, mantenía frecuentes viajes al exterior con la concejal de Pilar, Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Un informe internacional reciente confirmó que ambos están vinculados a emprendimientos gastronómicos en Málaga, España.
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El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio fue acusado por un millonario esquema ilegal vinculado a multas y la Verificación Técnica Vehicular.
El segundo foco está en las concesiones para operar la VTV. La fiscalía sostiene que siete empresas obtuvieron la explotación del servicio luego de contratar con "Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA", una firma con vínculos internos en el Ministerio de Transporte. Esta empresa recibía una comisión del 8,5% más IVA por cada turno asignado para la VTV.
CECAITRA, cámaras y facturación irregular
El tercer hecho involucra a la empresa CECAITRA, encargada de instalar cinemómetros en varios municipios bonaerenses. Según un informe del actual ministro de Transporte, Martín Marinucci, 155 de los 1.404 dispositivos instalados carecen del acto administrativo correspondiente, lo que revela posibles irregularidades en la facturación. Por este motivo, se allanaron las oficinas de la empresa y la casa de su presidente, Bernardino Antonio García.
García figura también entre los 16 imputados en la causa. La lista incluye a Pombo, Quattrocchi, Pablo Sanguinetti (exdirector de Política y Seguridad Vial), Tomás Uthurriague (exdirector de Informática), Sebastián Desio (presidente de la firma intermediaria) y varios empresarios de VTV.
D’Onofrio fue imputado como partícipe necesario en los delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por el esquema de las multas, y como autor directo en la maniobra con la VTV. La indagatoria será el próximo paso judicial.
Investigación federal por lavado de dinero
Paralelamente, el exfuncionario también está bajo investigación del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por presunto lavado de dinero. En el marco de esta causa, se realizaron múltiples allanamientos, incluyendo una financiera en el Microcentro porteño donde se incautaron más de 62 millones de pesos, 254 mil dólares, euros y reales.
Otro operativo se enfocó en una empresa que habría financiado la compra de un auto de alta gama para Facundo Asencio, exdirector de Fiscalización y Control. Además, se recolectó información de empresas relacionadas con el sistema de telepeaje y de un edificio de co-working, donde podrían hallarse pruebas relevantes.
También se allanó una peluquería y una financiera en Pilar, vinculadas a Claudia Pombo. En diciembre pasado, el juez ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de todos los implicados, en un intento por desentrañar el patrimonio y los vínculos económicos de D’Onofrio y su entorno.