Con el objetivo de mejorar el uso de los teléfonos celulares en el ámbito de la administración pública, el Gobierno de Axel Kicillof reglamentó y publicó en el Boletín Oficial el Régimen de uso responsable y optimización funcional de Servicios de Comunicaciones Móviles.
Según precisa el Decreto N°1.183/24, el objetivo en territorio bonaerense es "lograr el máximo de eficiencia". Para ello se mejorará aún más el sistema de entrega y control de los teléfonos a los empleados públicos y se controlará más minuciosamente su devolución, reposición, reparación y por supuesto su uso.
La nueva norma dispone regulaciones para toda la administración pública provincial centralizada, descentralizada y organismos de la Constitución. Entre otras cosas, se establece que podrán acceder a un teléfono móvil quienes tengan un rango o jerarquía no inferior a director provincial o equivalente.
Además, cada equipo tendrá servicios de un plan comercial estándar que si es superado los gastos extra "deberán ser solventados por cada usuario". De acuerdo con lo dispuesto, la encargada de ejecutar la nueva medida será la Dirección Provincial de Telecomunicaciones, que deberá renovar o dar de baja las licencias cada 30 días.
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El Gobierno de Axel Kicillof controlará el uso de los teléfonos celulares en la administración pública bonaerense.
Así se limitará el uso de celulares en la administración pública
La medida de la Provincia estipula una serie de prohibiciones para la utilización de los celulares brindados por el Estado bonaerense a sus funcionarios y trabajadores de la función pública. Por ejemplo, prohíbe "la utilización de servicios de comunicaciones móviles vinculados a programas de entretenimiento televisivos, ringtones y/o melodías, donaciones de cualquier índole y otras de similares características".
De todas formas, se permitirá es el uso de servicios de discado directo internacional o roaming internacional, pero esto será solo para ministros, secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo con rango y jerarquía equivalente.
El Régimen publicado este jueves en el Boletín Oficial insiste en la obligación de hacer un "uso racional y eficiente de los equipos y servicios de comunicaciones móviles" y apunta a mejorar la manera en que cada teléfono se asigna a los empleados del sector público.