Albertina Mangini seguirá detenida con monitoreo electrónico en la causa que la investiga por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos.
La funcionaria judicial Albertina Mangini recibió el beneficio del arresto domiciliario en la causa que investiga una banda acusada de lavar activos por más de $27 mil millones. El juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, dispuso monitoreo electrónico y prohibió todo contacto con víctimas, testigos y otros imputados.
Mangini está acusada de integrar una organización que ofrecía dinero a personas vulnerables para obtener sus datos biométricos mediante el escaneo del iris de sus ojos y utilizaba esa información para abrir cuentas en billeteras virtuales que luego habrían servido para redireccionar la recaudación de casinos online clandestinos. En ese marco, la causa investiga delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado por la habitualidad y por ser cometido como miembro de una asociación.
En las últimas horas, el juez Crispo hizo lugar al pedido presentado por los abogados de la funcionaria, Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón al considerar que las circunstancias reunidas después del dictado de la prisión preventiva permiten reemplazar la medida más gravosa por el arresto domiciliario.
"A mi juicio, las constancias colectadas posteriormente al dictado de la prisión preventiva dan cuenta de una serie de circunstancias particulares y personales que permiten presumir justificadamente, a esta altura, que los peligros procesales evaluados en su oportunidad pueden fundada y razonablemente neutralizarse por aplicación de otra medida menos gravosa para la imputada", explicó el magistrado haciendo referencia a la presentación realizada por los defensores sobre el estado de salud de Mangini.
El juez también destacó que Mangini no registra antecedentes penales condenatorios, se encuentra desafectada de la función que desempeñaba y ya no tiene acceso a los recursos institucionales vinculados con ese cargo.
La resolución establece que la medida se hará efectiva una vez que quede firme. Además de la obligatoriedad del uso del dispositivo electrónico, la acusada tendrá prohibido mantener contacto directo o indirecto, ya sea personalmente, por teléfono, medios electrónicos, redes sociales, servicios de mensajería o a través de terceros, con las víctimas, los testigos individualizados y los demás imputados.
Mangini fue detenida el 13 de agosto y alojada en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato. A mediados de septiembre, luego de un pedido de la fiscal Betina de Lacki, Crispo dictó su prisión preventiva y en aquella resolución sostuvo que la funcionaria "desarrolló una intervención concreta, consciente y reiterada en la captación de personas cuyas identidades, datos personales y biométricos fueron posteriormente utilizados para la instrumentación y operación de cuentas digitales incorporadas al circuito bajo lupa".
Según la acusación, Mangini se habría valido de su cargo como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata para contactar a personas bajo supervisión judicial o en situación de extrema vulnerabilidad económica. El juez señaló que, a cambio de una contraprestación cercana a los $80.000, las personas eran citadas en lugares como un bar y allí, mediante teléfonos proporcionados por los responsables de la maniobra, les tomaban fotografías y capturas biométricas. Esos datos eran utilizados para apropiarse de su identidad digital y abrir cuentas en plataformas y billeteras virtuales sin su consentimiento pleno.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados. La mujer afirmó que le habían ofrecido $80.000 por el escaneo de sus ojos, aunque finalmente recibió $40.000.
Además de Mangini, el juez había dictado la prisión preventiva de Ignacio Marchioni, quien también fue investigado en la causa que puso bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas, vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de Mauro Perrotta.
Los tres sospechosos fueron detenidos por detectives de la División Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). Los operativos se realizaron en la capital provincial, Quilmes, Mar del Plata y La Falda, en la provincia de Córdoba.
Durante los allanamientos fueron secuestrados una pistola calibre .9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos dispositivos extraíbles. También se encontraron 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong, según las fuentes vinculadas con la investigación.
Mangini ingresó al Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense en junio de 2009 y comenzó su carrera en una fiscalía de Saladillo. Posteriormente trabajó en distintas fiscalías dependientes de la Fiscalía General de La Plata hasta llegar a la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados.
La funcionaria permanece suspendida de sus funciones desde febrero de 2025, cuando quedó imputada en la investigación. La suspensión se renovó cada 90 días y, tras su detención y llamado a indagatoria, fue extendida mientras dure el proceso penal.
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