La iniciativa para agravar penas para trapitos y cuidacoches fue impulsada por el senador Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata en uso de licencia.
El PRO presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires y habilitar penas de arresto para los cuidacoches, trapitos y limpiavidrios que desarrollen esas actividades sin autorización en la vía pública. La propuesta también agrava las sanciones cuando exista intimidación o presión para obtener un pago.
La iniciativa fue impulsada por el senador Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata en uso de licencia, y replica la política que promovió durante su gestión municipal contra los trapitos y cuidacoches. El proyecto ingresó este miércoles en el Senado bonaerense y plantea cambios en cinco artículos del Código de Faltas vigente desde 1973.
El texto sostiene que estas prácticas "han adquirido una magnitud creciente en numerosos municipios de la provincia" y afirma que, "lejos de constituir prácticas aisladas, estas modalidades han evolucionado hacia modalidades cada vez más organizadas". Además, establece que las sanciones se aplicarán incluso cuando el cobro sea presentado como un aporte voluntario.
La propuesta también incorpora sanciones de arresto para quienes reserven, ocupen o bloqueen espacios de estacionamiento mediante conos, sogas, cadenas, vallas, cajones, carteles u otros elementos destinados a impedir o condicionar el uso libre de esos lugares. Además, prevé castigos más severos cuando intervengan dos o más personas de manera coordinada, exista una organización previa o se aproveche la vulnerabilidad del conductor.
El proyecto considera agravantes los antecedentes por hechos similares, el ocultamiento deliberado de la identidad y el uso de armas impropias o no convencionales. También fija sanciones más altas para quienes organicen, financien, administren, promuevan o exploten económicamente estas actividades, contempla la intervención de la autoridad competente cuando haya indicios de protección de funcionarios o integrantes de fuerzas de seguridad y prevé multas para clubes, instituciones u organizadores de eventos que participen de manera directa o indirecta.
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