La querella que representa a Marta Ramallo solicitó la inmediata detención e imputación de efectivo que cumple funciones en una comisaría de La Plata.
La representación legal de Marta Ramallo, madre de Johana Ramallo, solicitó formalmente ante un Juzgado Federal de La Plata el procesamiento y la inmediata detención del efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Se trata de Rubén Darío Gauna, acusado de haber amedrentado y amenazado con arma de fuego a la querellante para evitar que brinde información clave sobre la desaparición y femicidio de su hija.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal 1 de La Plata, donde continúa la investigación sobre la muerte de Johana Ramallo. Los análisis demorarán meses.
A 9 años de la desaparición de Johana Ramallo, el caso sigue dividido en dos: un juicio oral en marcha y una causa que busca a los responsables de su muerte.
El pedido fue presentado por los abogados patrocinantes Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly tras lo resuelto por unanimidad por el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de La Plata durante la audiencia del pasado 25 de septiembre de 2026.
En esa jornada del juicio oral por los delitos conexos a la muerte de la joven, Marta Ramallo logró identificar al policía que la había coaccionado, lo que motivó que los jueces remitieran las actuaciones al juzgado de instrucción y dictaran una medida cautelar de restricción perimetral y prohibición de contacto recayente sobre Gauna.
Entre las medidas probatorias requeridas con carácter urgente, la querella solicitó que se ordene el allanamiento de la comisaría Novena a fin de incautar los libros de guardia e identificar nóminas e integrantes del personal policial que prestó funciones allí tanto el 26 de julio de 2017 (fecha de la desaparición de Johana) como el 24 de febrero de 2020.
En la presentación judicial, los letrados calificaron la conducta atribuida a Gauna como coacción agravada por el uso de arma de fuego en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por su condición de funcionario de una fuerza de seguridad.
Argumentaron que las amenazas buscaron silenciar a la madre de la víctima y obstaculizar el avance de la causa judicial en torno a la red de trata que operaba en la conocida "zona roja" de la capital bonaerense.
Asimismo, se solicitó la incautación urgente y el posterior peritaje forense del teléfono celular personal de Gauna para evitar el borrado de registros o la manipulación de evidencia, el envío de oficios a las empresas telefónicas para el entrecruzamiento de llamadas, e informes al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires referidos a la ficha policial del agente, registros del sistema 911 y geolocalización de patrulleros.
Por último, se requirió que se convoque nuevamente a prestar declaración testimonial a Marta Ramallo, quien anteriormente vio impedida su declaración debido al temor y las intimidaciones sufridas.
