La funcionaria acusada de cometer una millonaria estafa en La Plata se negó a declarar y ahora la fiscalía deberá definir si continúa o no detenida.
La funcionaria que fue detenida en La Plata en el marco de una causa que investiga una presunta estafa con lavado de activos se negó a declarar ante la fiscal del caso, quien deberá definir ahora si solicita o no su prisión preventiva. La acusada es miembro del Patronato de Liberados y se encuentra en la mira de la justicia por el lavado de $27.000 millones.
La investigación apunta a una organización que habría utilizado datos de personas vulnerables y billeteras virtuales para ocultar el origen de enormes sumas de dinero. En ese marco, la acusada, identificada como Albertina Mangini, quedó imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado. De igual modo, también fueron detenidos un hombre en Mar del Plata y otro en Quilmes.
De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por 0221.com.ar, la implicada se negó a prestar declaración ante la fiscal del caso, Betina Lacki, quien tendrá 15 días –prorrogables por otro plazo igual– para definir si solicita o no su prisión preventiva.
Según trascendió hasta el momento, la pesquisa intentará determinar el origen de los fondos y el rol que cumplió cada uno de los involucrados en el movimiento de unos $27.000 millones en el plazo de un año. Si bien Mangini trabajaba en la Procuración General, actualmente se encontraba desempeñando funciones en comisión en el Patronato de Liberados.
Tal como informó 0221.com.ar, la investigación tuvo un punto de inflexión el 16 de abril de 2026, cuando la fiscal solicitó múltiples órdenes de allanamiento con habilitación de día y hora. La medida fue avalada en el marco de una causa que ya acumulaba dos expedientes y una importante base probatoria construida a lo largo de meses de análisis técnico.
La hipótesis apunta a una modalidad conocida como "smurfing" o "pitufeo", mediante la cual se fraccionan grandes sumas en múltiples operaciones para evitar controles. Según la investigación, los implicados captaban a personas vulnerables para utilizar sus datos y abrir cuentas en billeteras virtuales. Los sospechosos –se cree– les ofrecían a cada persona $80.000 a cambio de las cuentas que luego funcionaban como "mulas" para recibir y transferir dinero.
La hipótesis apunta a una modalidad conocida como "smurfing" o "pitufeo", mediante la cual se fraccionan grandes sumas en múltiples operaciones para evitar controles
Los fondos posteriormente habrían sido derivados a un casino online ilegal, donde se transformaban en supuestas ganancias de juego para dificultar el seguimiento del dinero. La Justicia continúa investigando a otras personas que podrían estar vinculadas a la organización y busca establecer el origen de los fondos y el alcance de la presunta estructura delictiva.
En el centro de la escena aparece una funcionaria judicial que se desempeñaba en el Patronato de Liberados y que, de acuerdo a la fiscalía, cumplía el rol de "captación" dentro de la organización. El expediente describe un patrón reiterado: la imputada ofrecía dinero –generalmente $80.000– a personas en situación de vulnerabilidad económica para que entregaran sus datos personales y biométricos. Además, la funcionaria habría utilizado su posición dentro del sistema judicial para acceder a personas bajo supervisión o en contextos de fragilidad social, lo que refuerza la hipótesis de abuso de función pública.
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