Nicolás Castro, internado en grave estado tras el femicidio de su esposa, suma un nuevo antecedente por intento de homicidio en 2018 que agrava su prontuario.
La causa por el femicidio de Yésica Noelia Duarte en Berisso suma capítulos que profundizan el historial delictivo de Nicolás Ángel "Garrincha" Castro, el joven de 30 años que continúa internado en terapia intensiva tras intentar suicidarse con un disparo en la cabeza asesinar a su esposa. Ahora, los investigadores confirmaron un dato clave: Castro también fue imputado por una tentativa de homicidio en 2018.
La causa que se instruye en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de La Plata, actualmente a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, busca establecer los detalles del brutal episodio ocurrido el pasado fin de semana en una vivienda ubicada en 38 entre 129 y 130. Allí Duarte, de 33 años, fue hallada sin vida, tendida en el patio delantero de la casa y con un disparo en la cabeza. Minutos más tarde los agentes policiales encontraron al femicida herido, también con un balazo en la cabeza tras lo que podría haber sido un intento de suicidio.
El Tribunal de Casación Penal consideró que no hay elementos para considerar la muerte de Lucía Pérez como femicidio y lo limita a un caso de abuso sexual.
Lo hizo el ministerio de Mujeres, Género y Diversidades bonaerense. La familia sostiene que Ainara Buschiazzo fue víctima de violencia de género y femicidio.
Tras lo sucedido, los investigadores allanaron la casa de la mamá del acusado y confirmaron el secuestro del arma homicida. A medida que avanza la recolección de pruebas, también se va reconstruyendo la compleja trama criminal del imputado, un personaje con múltiples causas en su haber y que, pese a ello, gozaba de arresto domiciliario al momento del crimen.
En este marco, el nuevo antecedente representa otro elemento que agrava su ya abultado prontuario judicial, donde figura además un crimen cometido en 2013 que iba a ser juzgado recién en 2026.
El nuevo dato que surgió en las últimas horas es que Castro fue imputado por un intento de homicidio en el año 2018, causa que nunca llegó a juicio oral. Se trata de un expediente que permanecía con escasa visibilidad judicial y que ahora se reactiva como un elemento central en el análisis de riesgo que presentaba el acusado. Este antecedente se suma al de 2013, cuando fue acusado por el asesinato de Pablo Alegre, un joven de 17 años que recibió varios disparos desde un automóvil en movimiento en la localidad de La Plata. Castro nunca fue detenido por ese crimen.
En aquel expediente, los investigadores también lograron determinar que en 2012 —un año antes del crimen de Alegre— el mismo Castro había sido demorado por un ataque a tiros contra la víctima, que incluyó lesiones a su novia y a su hermano. "La hipótesis es que Alegre le había robado estupefacientes a Castro y ese habría sido el motivo del primer ataque", explicó un investigador con acceso al expediente.
A pesar de todos estos elementos, Castro nunca permaneció detenido de forma efectiva por esos hechos. Su situación se agravó en los años siguientes, pero recién en 2026 iba a ser juzgado por aquel asesinato de 2013, según consta en el registro de causas del fuero Penal.
Al momento del femicidio, el joven se encontraba bajo arresto domiciliario por tenencia ilegal de arma de fuego, una medida que había sido concedida por un juez del Tribunal Oral Criminal (TOC) N°1 de La Plata. Lo hizo pese a la férrea oposición del fiscal de juicio, quien había alertado sobre los múltiples riesgos procesales y antecedentes penales del acusado.
"Era un individuo con causas por dos homicidios, uno consumado y otro en grado de tentativa. No se entiende cómo llegó a tener prisión domiciliaria", expresó un funcionario judicial con conocimiento del expediente. El detalle se vuelve aún más perturbador al conocer que tanto la víctima como el victimario contaban con tobilleras electrónicas. Es decir, ambos estaban bajo monitoreo del sistema penitenciario y convivían en la misma vivienda que habían declarado ante la Justicia como su domicilio común para cumplir la medida de prisión domiciliaria.
El sistema falló en todos los niveles: no solo en la supervisión del cumplimiento de las restricciones, sino en la evaluación de riesgo que debería haber impedido la convivencia entre dos personas con historial de violencia.
El hecho que ahora investiga la Justicia se produjo durante la madrugada del sábado. Un llamado al 911 alertó sobre una situación sospechosa en la vivienda. Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Duarte y, minutos después, a Castro con un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mario Larrain, donde permanece internado en estado crítico.
Ambos —víctima y victimario— estaban representados por el penalista platense Julio Beley, un reconocido abogado con vasta trayectoria en el fuero penal platense.
La fiscal Corfield ya ordenó una batería de medidas para reconstruir el episodio, entre ellas pericias balísticas, análisis de comunicaciones y la evaluación de otros registros.