La organización Nuevo Ambiente denunció que los trabajos atraviesan sectores protegidos de la Reserva Natural de Punta Lara y reclamó su suspensión.
La organización no gubernamental Nuevo Ambiente solicitó a la Provincia que paralice una obra desarrollada por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) en la Reserva Natural de Punta Lara. La organización ambientalista sostiene que los trabajos avanzan sobre sectores protegidos sin contar con los estudios ambientales requeridos por la normativa vigente y reclamó la intervención urgente del Ministerio de Ambiente bonaerense.
La presentación apunta a una obra que tiene el objetivo de extender el servicio de agua potable a vecinos del sector ribereño. Según detalló la organización, los trabajos consisten en el tendido de cañerías de gran dimensión sobre la vera del camino costero, atravesando áreas consideradas ambientalmente sensibles dentro de la reserva.
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En la ONG advirtieron que la intervención no contaría con los estudios de impacto ambiental (EIA) exigidos por la Ley Integral del Ambiente de la provincia de Buenos Aires N°11.723 y por la Ley de Reservas y Monumentos Naturales N°10.907.
La entidad proteccionista planteó además que existe una contradicción de fondo vinculada a la prestación de servicios en sectores que considera ocupados de manera irregular dentro de un área protegida y apuntó que "la provisión de servicios públicos en tierras cuya ocupación es ilegal". "No puede proveerse infraestructura y servicios a sectores intrusados, usurpados y ocupados ilegalmente dentro de un área natural protegida", señalaron al respecto.
En ese marco, recordaron que durante 2025 ya habían denunciado ante las autoridades el crecimiento de ocupaciones irregulares sobre el frente costero y las consecuencias derivadas de esa situación, entre ellas incendios forestales registrados en zonas de alto valor de conservación. En noviembre del año pasado la organización ya había reclamado una intervención urgente del citado Ministerio ante el avance de asentamientos, construcciones precarias, recreos y depósitos dentro de la Reserva, un área protegida de aproximadamente 6.000 hectáreas que alberga más de 800 especies de plantas, 300 especies de aves, 19 anfibios y 35 mamíferos.
La presentación actual cita expresamente el artículo 5 de la Ley N°11.723, que establece la responsabilidad del Estado provincial y de los municipios en la fiscalización de actividades que puedan afectar el ambiente. Por ese motivo, la ONG pidió que el Ministerio de Ambiente actúe como autoridad de control y disponga medidas para detener la obra hasta verificar su adecuación a la legislación vigente.
Mientras los ambientalistas sostienen que los trabajos representan una amenaza para la biodiversidad de la reserva, también existe una demanda de infraestructura básica por parte de vecinos que habitan distintos sectores de la costa de Punta Lara y reclaman mejoras en el acceso a los servicios públicos.
Según pudo saber este medio, la obra cuestionada corresponde a una cañería destinada a abastecer de agua potable a residentes de la zona ribereña. Además, forma parte de un conjunto de trabajos que se desarrollan desde el año pasado, entre ellos el acueducto que conecta la Planta Potabilizadora Donato Gerardi con la cisterna ubicada sobre diagonal 74 de Punta Lara.