El Tribunal Oral Criminal (TOC) II de La Plata dispuso la fecha de juicio oral para el extitular de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense (durante la gestión de Juntos por el Cambio) Guillermo Berra y Rosario Sardiña, ambos abogados, acusados de "abuso de autoridad" y "peculado", confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. Ambos habían sido sobreseídos por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, pero Casación anuló esa resolución.
El TOC II dispuso que el debate se realice entre los días 27 y 30 de octubre de 2026, pero aclaró que si se descomprime la agenda laboral de ese cuerpo y la del fiscal de juicio Mariano Sibuet, la fecha se podrá adelantar, según se establece en la resolución a la que accedió este medio.
Ambos imputados cuentan con la defensa del letrado Marcelo Peña. Cumplieron funciones en Asuntos Internos (AI) durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora y Cristian Ritondo en su rol de titular de la cartera de Seguridad. Tras el allanamiento en AI en octubre de 2019, encabezado por la fiscal Cecilia Corfield, se secuestró una voluminosa cantidad de documentos. Entre ellos, apareció una lista de objetivos que fueron espiados patrimonialmente sin orden judicial que avale y controle esas tareas de inteligencia interna.
La investigación por espionaje que también tiene en la mira a Vidal y Ritondo consta de más de 1.400 consultas en bases de datos privados. Los apuntados sobre las tareas de inteligencia fueron políticos, magistrados, empresas y dirigentes sociales, entre otros; y en el listado al que accedió este medio hay varios nombres de La Plata.
Los platenses son el exjuez de Garantías César Ricardo Melazo, el exsecretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Daniel Piqué; la empresa Inversiones Los Hornos SRL y el mutualista Juan Carlos Tocci. Christian Romano, abogado de Melazo, pedirá que se adelante la fecha de debate.
Además, figuran tareas de relevamiento de datos sobre entidades que tienen sede en La Plata, como el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y, por ejemplo, ambas cámaras legislativas provinciales.
El escándalo salió a la luz el 23 de octubre de 2019 con el allanamiento a la sede de Asuntos Internos encabezado por la fiscal Corfield. En la lista de espiados también figura un funcionario policial, marido de la fiscal. En ese procedimiento también se encontraron evidencias de espionaje sobre la fiscal Silvina Langone, quien estuvo a cargo del juicio oral por la triple fuga del penal de General Alvear que generó el primero de los cimbronazos políticos de Cambiemos en los ámbitos nacional y provincial desde fines de diciembre de 2015 hasta mediados de enero de 2016.
La causa por espionaje se inició a raíz de la denuncia presentada por el excomisario Néstor Martín, en la que se dio cuenta de una red de espionaje ilegal que funcionaba en el corazón del Ministerio de Seguridad bonaerense a las órdenes de Ritondo y la exgobernadora Vidal.
También se encontraron evidencias de espionaje sobre el defensor ciudadano adjunto de La Plata, Tulio Marchetto, esposo de la fiscal Langone, y parte de la familia de ambos. Figuran además tareas de inteligencia sin orden judicial sobre el "Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires". Y las empresas Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A. (propiedad de Néstor Otero, dueño de TEBA, terminal de Retiro y estación de Once, entre otras), Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A.
