La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el análisis de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados, como parte del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia iniciado en febrero pasado.
Aunque originalmente la reunión estaba prevista para el martes pasado, por cuestiones de agenda de los diputados se resolvió posponerla una semana. Para esta reunión fueron citados Marta Herrera Alem (exdirectora y vicepresidenta de la Ospjn); María Guadalupe Burgos (funcionaria de la obra social); el contador público Iván Nicolás Ritvo; Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Ospjn, y María Marcela Viano Carlomagno, afiliada a la Ospjn.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 dispuso que Cristina Kirchner cumpla su condena en su domicilio y justificó la decisión por una serie de condiciones.
En el último encuentro de la comisión había expuesto el exdirector de la Ospjn, Aldo Tonon, quien fue desplazado meses atrás, y en su declaración evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social justificando que se "amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse", debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados.
Además, la comisión deberá resolver la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas "con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local". La medida había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte que suspendió las elecciones a gobernador en esas provincias por la presunta imposibilidad de los actuales mandatarios para buscar su reelección.
Después de la investigación por las presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.