La Casa Rosada busca reforzar el control del gasto público y blindar el déficit cero con cambios en la Ley 24.156.
El Gobierno nacional trabaja en una reforma de la Ley de Administración Financiera para reforzar el control sobre los recursos del Estado y limitar iniciativas con impacto fiscal sin financiamiento. La propuesta, alineada con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), también apunta a ampliar las herramientas de ejecución presupuestaria y sostener el déficit cero.
Se trata de cambios sobre la Ley N°24.156, que regula el sistema de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad y control del sector público nacional.
El organismo destacó el superávit y la recuperación económica, pero alertó por el desgaste social, el empleo y la incertidumbre de cara a las elecciones 2027.
El presidente Javier Milei volverá a reunir a su Gabinete en medio de un clima de tensión. Santiago Caputo y Martín Menem volverán a estar frente a frente.
Es una iniciativa que forma parte de la estrategia del Gobierno para blindar el déficit cero y reducir el margen de presión legislativa sobre las cuentas públicas. "La idea es apropiarnos de los recursos y que no nos puedan entorpecer la política fiscal", expresaron desde despachos oficiales según detalla TN.com.ar.
Según explican en Nación, la reforma no se limitará a un reordenamiento de partidas, sino que buscará establecer nuevas reglas para cualquier decisión con impacto presupuestario. El oficialismo pretende contar con mayores herramientas para aplicar recortes, postergar erogaciones o reasignar partidas si caen los ingresos o si una nueva ley altera el equilibrio fiscal.
La discusión está vinculada con el último informe del FMI, donde el organismo remarcó la necesidad de sostener el ancla fiscal, contener el gasto discrecional y compensar el impacto de medidas aprobadas por el Congreso. Además, el organismo planteó que el marco fiscal argentino debe ganar previsibilidad y durabilidad, con reglas más claras que eviten que el equilibrio de las cuentas públicas dependa únicamente de decisiones administrativas de corto plazo. En este contexto, el Gobierno deberá enviar en septiembre el proyecto de Presupuesto 2027, alineado con la regla de déficit cero e incorporando un marco fiscal de mediano plazo, una declaración de riesgos fiscales y escenarios adversos.
El FMI remarcó la necesidad de sostener el ancla fiscal, contener el gasto discrecional y compensar el impacto de medidas aprobadas por el Congreso
En el memorándum actualizado de políticas económicas y financieras, las autoridades argentinas también manifestaron ante el Fondo la intención de institucionalizar el ancla fiscal. Allí se incluyó el objetivo de reforzar los marcos fiscales para limitar déficits presupuestarios y restringir el financiamiento monetario.
Uno de los puntos centrales de la reforma apunta a endurecer las exigencias para que toda ley con costo fiscal detalle de qué manera será financiada. En la Casa Rosada consideran que la normativa actual no alcanza para frenar iniciativas que obligan al Ejecutivo a vetar normas o recortar partidas en otras áreas. El antecedente inmediato son las discusiones por la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia en Discapacidad y otros proyectos de recomposición presupuestaria impulsados desde el Congreso. En esos casos, el Gobierno sostuvo que no podía aplicar medidas sin financiamiento específico sin comprometer el equilibrio fiscal.
Otro eje de debate será la ampliación de las facultades de reasignación presupuestaria durante el ejercicio. El oficialismo pretende contar con mayor margen para modificar partidas ante cambios en la recaudación o en el contexto económico, sin quedar expuesto a incumplimientos legales automáticos.
La reforma también buscará que la regla fiscal tenga prevalencia operativa durante la ejecución del Presupuesto. De esa manera, el Ejecutivo podría ajustar gastos ante desvíos de ingresos o mayores presiones sobre determinadas partidas, manteniendo el resultado financiero comprometido con el FMI.