El doble femicidio de las hermanas Victoria y Castorina Díaz, en Arturo Seguí, hecho por el cual está detenido la expareja de una de ellas, miembro de la policía bonaerense, dejó al descubierto una problemática que preocupa: los femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de Seguridad y el rol de estas instituciones ante las denuncias por violencia de género contra sus integrantes. Según el Registro Nacional de Femicidios de 2022, elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los 226 asesinatos contra mujeres cometidos en ese año, 18 tuvieron como autores a miembros de las fuerzas de Seguridad, lo que representa el 8% del total.
El sangriento desenlace que tuvo que tuvo lugar el martes por la noche en una vivienda de 411 entre 156 y 157, conmocionó a todo el barrio. Según se pudo reconstruir hasta ahora y de acuerdo a lo confesado en sede policial por el acusado, Nazareno Miño, quien trabajaba en la Dirección de Control Tecnológico del Ministerio de Seguridad, acudió al lugar en busca de sus dos hijos y, tras una discusión con su ex pareja, Victoria Díaz, la asesinó frente a ambos, al igual que a la hermana mayor de ella, cuya pareja resultó herida de gravedad. A la mañana siguiente, mientras se esperaba la llegada de los peritos, familiares, amigas y vecinas de las víctimas hablaron con la prensa sobre lo ocurrido.
“Esto va a pasar siempre”, lamentó una vecina que luego relató angustiada el caso de una joven integrante de su familia, cuyo nombre y vínculo prefiere mantener en reserva: “Ella tuvo que volver con el marido policía porque la amenazaba”, informó. “Hizo denuncias en todos lados, en la policía también, y tuvo que retirarla porque tiene miedo. No tenemos derecho de vivir. Parece que siendo policías tienen más derecho porque se cubren entre ellos, se tapan, entonces hacen lo que quieren”.
La falta de amparo a la hora de denunciar violencia de género ejercida por miembros de las fuerzas es uno de los factores que la organización Mumalá y otras agrupaciones feministas exigen modificar. “No se termina de entender que la persona que está denunciando corre un riesgo de vida”, critica la abogada Victoria Aguirre, vocera de la organización, ante 0221.com.ar. “No hay un protocolo de abordaje para la toma de denuncias. Los plazos para elevarlas a la Fiscalía siguen siendo largos, de dos a tres días, siempre y cuando no haya un fin de semana de por medio. Además, muchas veces la mujer tiene que denunciar en la comisaría de su barrio, donde posiblemente trabaje su violentador, porque en otras comisarías no le toman la denuncia”, agrega.
Este año, la organización Mumalá presentó el Registro Nacional de Femicidios ocurridos desde 2015 -tras el primer “Ni Una Menos”- a mayo de 2023. El informe fue elaborado en base a información de medios digitales y gráficos, buscadores, sistemas de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, derechos humanos, policiales y forenses de todo el país. De los 2.209 casos documentados, unos 167 fueron a manos de miembros de las fuerzas. De ese total, el 77% fue perpetrado por policías (64% activos y 13% retirados). “Hay una cofradía entre los organismos de Seguridad, donde no se toman las denuncias o se cajonean o terminan en una revisión interna y son muy pocas las que llegan al final”, informa Victoria Aguirre.
Ante esas circunstancias, organizaciones feministas y de derechos humanos reclaman que las mujeres puedan denunciar en organismos afines y no solo en la comisaría más cercana. También piden la aplicación efectiva de la Ley Micaela -que promueve capacitaciones sobre género y violencia de género para todos los empleados del Estado- y que se les quite el arma reglamentaria a los miembros de las fuerzas que tengan denuncias por violencia de género.
¿CUÁL ES EL PROTOCOLO?
Dos días después del doble femicidio en Arturo Seguí, el acusado por los crímenes, Nazareno Miño, declaró en la UFI N° 14, ante la fiscal Ana María Medina. En su relato, dijo que su ex pareja lo había denunciado en 2020 y que, tras la denuncia, la División de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia le quitó el arma y lo derivó a una junta médica y psicológica. Miño agregó que, tras someterse a un tratamiento que implicó “unas seis sesiones”, lo rehabilitaron y le devolvieron la pistola con la que luego cometió los crímenes. Tras los femicidios, fue desafectado de la fuerza de manera inmediata.
El mismo día de los femicidios, en la localidad bonaerense de Garín, murió de un disparo en el pecho Nicole Okonski, una agente de la Policía de la Ciudad, de 24 años, tras discutir con su pareja, integrante de la misma fuerza. Mientras el hombre afirmó en su declaración que ella había decidido suicidarse, en el entorno de la joven manifestaron que sufría violencia de género.
Ante la consulta de 0221.com.ar sobre las medidas que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aplica cuando toma conocimiento sobre denuncias por violencia de género contra miembros de la fuerza, voceros de la cartera respondieron: “Tenemos un protocolo de investigación para tratar estos temas y para prevenir”. Consultado acerca de las acciones que incluye dicho protocolo, respondió: “¿Por qué deberíamos hacer público un reglamento de investigación de una fuerza policial?”. Ante la consulta sobre cómo se está implementado la Ley Micaela en el Ministerio de Seguridad, su vocero no emitió respuesta.
