Las declaraciones de dos peritos informáticos (uno de parte y otro oficial) fueron los puntos destacados de una nueva audiencia del juicio oral para Mariano Bruera y los exfuncionarios municipales Enrique Sette y Gustavo Petró, acusados de diversos delitos. También es juzgado el empresario Gustavo Orlandi. Los expertos se refirieron a la polémica planilla Excel en la que figura cuánto se requería desde el Gobierno municipal de Pablo Bruera para aprobar la rezonificación de tierras y cómo se iba a repartir el dinero entre los entonces concejales platenses. Habló uno de los acusados. La próxima semana comienzan los alegatos.
El primero en declarar fue el licenciado en informática Martín Sebastián Correa, perito por la defensa de Sette. Señaló que tras analizar el documento no encontró vínculos que puedan relacionar la palabra “Enrique” que figura en la planilla Excel con el acusado.
También señaló que no coinciden las fechas de creación de archivo con la de modificación y que en la pericia oficial no encontró el “código hash” de las imágenes periciales. Este código es una sucesión alfanumérica (letras y números) de longitud fija, que identifica o representa a un conjunto de datos determinados (por ejemplo, un documento, una foto, un vídeo, etc.).
La defensa de Sette, a cargo del abogado Juan Di Nardo, sostiene que “Enrique” no es su asistido, sino que se trata de otro funcionario con el mismo nombre. Se trata de un exconcejal de extracción gremial que fue el titular de la Comisión de Planeamiento del cuerpo deliberativo local.
Luego fue el turno del perito oficial también licenciado en informático y abogado, Sergio Carriquiriborde quien refirió que la planilla Excel es un material “auténtico e indubitado”. En relación al “código hash”, reveló que “no está escrito en ningún lado (normativa vigente o procedimiento habitual)" que la pericia “cada archivo del disco debe” tener el número de hash. “No es lo que se hace internacionalmente”, dijo el experto de la Procuración General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
“NO CONSIGO TRABAJO POR ESTAR PROCESADO”
El arquitecto Gustavo Petró está acusado de integrar una asociación ilícita, estuvo tres años detenido y fue el último de los acusados en salir de prisión. Hoy declaró en el marco del juicio oral, detalló como la causa penal le “transformó la vida”. Escuchas telefónicas son la principal prueba de cargo en su contra.
Según el requerimiento de juicio, Petró demuestra particular interés en resolver favorablemente distintas consultas sobre posibles rezonificaciones de fracciones de terreno que, por su ubicación, y conforme lo que establece el Código de Ordenamiento, no podrían ser loteadas. Así, durante las charlas el mismo le consulta a Roberto Moreno (ya condenado en juicio abreviado) por distintos terrenos ubicados en 155 a 157 y de 76 a 78, en Ruta 11, y 135 de 473 a 473 bis.
“Todo esto transformó mi vida, no pude ver a mis nietos, no consigo trabajo por estar procesado, después de casi diez años me están juzgando para saber si soy culpable o inocente, en la Universidad donde trabajé 19 años me sacaron como a un anima”, fueron algunas de las frases en relación a si situación personal.
En relación a la causa penal expresó: “Me involucran por tres minutos de una llamada en la que se plantearon conjeturas, nada de eso está demostrado, no soy parte de ninguna asociación ilícita, fueron tres minutos que me llevaron a la cárcel, yo no soy un número de expediente en un cajón”.
Luego recordó sus inicios en la militancia política a la que abrazó como un acto de amor y solidaridad. “Dijeron que yo llevaba gente para cobrarle, pero sabe por qué no allanaron mi casa, porque no tengo, saben por qué no allanaron mi auto, porque no tengo”, dijo en tono enfático.
“No conocen nada de mí” le dijo a los jueces y a la fiscal, “y con tres minutos de una llamada estuve tres años en la cárcel, yo volvería a hacer todo lo que hice porque no cometí ningún delito”, recalcó Petró al borde del llano y cerró su testimonio con una frase para el registro: “Ahora estoy en paz”.
La próxima audiencia será el martes 11 de abril en horas de la tarde. En esa ocasión se reproducirán audios de escuchas telefónicas, con eso (se estima) se cierra la etapa probatoria y comenzará el alegato multimedia de la fiscal de juicio, Victoria Huergo, que promete ser extenso pero detallado y preciso. El juicio oral está a cargo de Tribunal Oral Criminal II de La Plata integrado en esta oportunidad por la jueza titular del cuerpo Silvia Hoerr junto a los jueces Claudio Bernard y Hernán Decastelli.
EL EXPEDIENTE
La causa se inició en el año 2014 tras la denuncia de Guillermo Andreau, quien intentó rezonificar varias hectáreas de tierra con el objetivo de lotearlas y ponerlas a la venta para beneficiarios del exitoso plan nacional de viviendas Procrear impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Según la investigación del fiscal Jorge Paolini, cuando Andreau empezó con los trámites le solicitaron un soborno de unos 200 mil dólares para que el expediente sea aprobado.
Durante la pesquisa se secuestró una computadora en la que se encontró una planilla Excel en el ordenador del exfuncionario Raúl Moratti donde está todo prolijamente detallado: cuántos eran los montos de las coimas, el estado de las negociaciones y cuánto valía el voto de cada concejal del cuerpo deliberativo para aprobar las rezonificaciones, sin distinciones de oficialismo u oposición. Un documento impactante con ribetes escandalosos.
A esto se suma la escucha telefónica a Mariano Bruera en la que se lo oye dar la orden a Moreno de "pasar la gorra" y que él (Bruera) sigue "bancando todo".
Además, la acusación cuenta con las declaraciones de testigos calificados como las instructoras judiciales (Leticia Bramuglia y Julia Martínez), un agrimensor que describió la ruta de las firmas y el perito informático de la Policía Judicial. Además, el propio denunciante que confirmó el pedido de coimas e involucró en la maniobra al exsecretario de Gestión Pública Jorge Campanaro y al exintendente Pablo Bruera.
Lo detallado son solo algunas de las evidencias de cargo a las que deben sumarse todas las piezas procesales que se incorporaron para lectura de los jueces que deberán dar el veredicto de primera instancia.
En esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado Christian Ybarra y Roberto Moreno, mientras que se dictó el sobreseimiento de Moratti por extinción de la causa penal a raíz de su fallecimiento en el año 2018.
Durante la investigación se allanaron varias oficinas municipales. En el despacho de Moreno se secuestró el expediente de rezonificación de media hectárea que había iniciado el empresario Orlandi a quien le pedían 10 mil dólares de soborno. En una escucha entre Moratti e Ybarra se oye: "Le vamos a hacer una rebaja". El empresario está señalado por "cohecho activo", es decir, pagar un soborno.
Por su parte, Sette fue procesado por "asociación ilícita y exacciones ilegales", mientras que Bruera por "asociación ilícita". Las defensas están en cabeza de los abogados Alejandro Montone (Bruera), Juan Di Nardo (Sette), Marcelo Peña y Belén Franchino (Orlandi), Fabián Améndola y Facundo Améndola (Petró).
