jueves 21 de marzo de 2024

Juicio a Bruera: la defensa del empresario acusado de pagar un soborno pidió la absolución

En su alegato sostuvo que “resulta imposible” acreditar el pago de la coima. El juicio se cierra con los alegatos de otros dos defensores.

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La defensa del empresario Gustavo Orlandi, procesado por el presunto pago de una coima para lograr la rezonificación de media hectárea en la localidad de City Bell, solicitó la absolución por entender que “resulta imposible acreditar con el grado de certeza necesario” que se produjo el pago del soborno a cambio de la aprobación del expediente.

Los abogados Marcelo Peña y María Belén Franchino aseveraron que la acusación se sostiene en base a “pruebas efímeras, endebles, parcializadas y sectorizadas” y calificaron a la imputación como “pueril”.

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Para el letrado Peña la fiscal de juicio Victoria Huergo “no buscó la verdad jurídica objetiva” y subrayó que “la falta de certeza no destruye el principio de inocencia” que pesa sobre su asistido.

La acusación en este juicio está basada en prueba documental, en la denuncia que abrió la causa, en testimonios y en los audios de escuchas telefónicas. La defensa del empresario se lamentó “que no le intervinieron el teléfono a Orlandi” porque “se hubiera caído la causa” que pesa sobre el empresario.

Tras su alegato Peña solicitó la absolución de su asistido y como planteo subsidiario ante una eventual condena se aplique el mínimo de la pena que para este delito (cohecho activo) es de un año de prisión. La fiscal requirió que sea de tres años de prisión condicional.

En el allanamiento realizado el 7 de julio de 2014 en la Municipalidad de La Plata se secuestró en la Dirección de Planeamiento del expediente 4061-9187/14 iniciado por Orlandi el 9 de abril de ese año en el que solicitaba la rezonificación de lote de terreno. Fecha que coincide con lo que surge de las escuchas, mensajes de textos y mails intercambiados entre el condenado Christian Ybarra, Roberto Moratti y el también condenado Roberto Moreno.

La fiscal dio por probado que en fecha cercana al 5 de junio de 2014 Orlandi entregó a Ybarra la suma de 10.000 dólares con el objeto de obtener la rezonificación de un lote ubicado en calles 158 entre 470 y 471.

En esta causa también son juzgados los exfuncionarios municipales Mariano Bruera, Enrique Sette y Gustavo Petró sobre quienes recayeron pedidos de condenas a prisión de seis, ocho y cuatro respectivamente.

La próxima audiencia será este viernes 21 de abril jornada en la que terminarán de alegar las defensas, luego será el turno de las réplicas y dúplicas. Además, los acusados tendrán la posibilidad de decir las últimas palabras antes de los jueces se retiren a deliberar y redactar el veredicto y su eventual sentencia.

El debate está a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata presidido por la jueza Silvia Hoerr e integrado en esta oportunidad por los jueces Claudio Bernard y Hernán Decastelli.

La investigación se inició en el año 2014 tras la denuncia de Guillermo Andreau, quien intentó cambiar la zona asignada a sus tierras con el objetivo de lotearlas y ponerlas a la venta para beneficiarios del exitoso plan nacional de viviendas Procrear, impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero le solicitaron el pago de 220.000 dólares para la aprobación del expediente mediante un decreto con la firma de Sette y el entonces intendente Pablo Bruera. La causa fue un escándalo. A tal punto que el entonces funcionario nacional Diego Bossio llegó hasta la capital provincial para aclarar el gobierno federal era ajeno a la maniobra, poner a disposición judicial toda la documentación que requiriera y ayudar a que los beneficiarios del plan de viviendas puedan avanzar en la concreción de la escrituración de sus lotes donde iban a construir sus viviendas y cumplir con el sueño de la casa propia.

CONTEXTO DE EXPEDIENTE

Tal como informó 0221.com.ar, la acusación está estructurada en intervenciones telefónicas en las que Mariano Bruera ordena "pasar la gorra" y hacer "jugaditas" junto a un exempleado del área de Planeamiento Urbano, Roberto Morenoquien ya fue condenado en el marco de un juicio abreviado. Esta condena pone contra las cuerdas al resto de los acusados.

Julia Martínez fue la instructora judicial del caso. En su primera declaración confirmó que en el año 2014 junto al fiscal Jorge Paolini le tomaron la denuncia a Guillermo Andreau quien se presentó en la sede de la ex Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata para evidenciar que desde la comuna local le solicitaron un suculento soborno, en rigor, le pedían 220.000 dólares para rezonificar dos terrenos (uno en Los Hornos y otro en City Bell) que el denunciante quería lotear y poner a la venta a beneficiarios del plan Procrear.

En las intervenciones realizadas sobre el teléfono de Moreno se lo oye a Mariano Bruera que le ordena: "Tenés que salir a pasar la gorra". En ese celular estaba agendado el contacto de Bruera, quien utilizaba un teléfono que no estaba a su nombre, sino de un familiar que además tenía varios equipos bajo su titularidad, pero su identidad se mantendrá en reserva porque no fue parte de la investigación que llegó a juicio.

En otra escucha Bruera le sugiere a Moreno que "podemos hacer una jugadita, yo te banco", en relación a la rezonificación de unos terrenos en la zona norte del Gran La Plata, lo que podría demostrar el sostenimiento político de Bruera en relación a Moreno.

"Moreno y Bruera hablaban en claves como 'pasar la gorra', 'hacer una jugadita'", explicó la funcionaria judicial  Julia Martínez, quien recordó que en otra intervención realizada sobre el celular del fallecido Raúl Moratti este le decía a una mujer que quería rezonificar tierras: "Si tenés algún tema directo yo trabajo con (Enrique) Sette, si tenés algo más gordo lo hablo con Mariano Bruera".

Durante la investigación se allanaron varias oficinas del Palacio Municipal. En el despacho de Moreno se secuestró el expediente de rezonificación de media hectárea que había iniciado el acusado Orlandi a quien le pedían 10.000 dólares de soborno. En una escucha entre Moratti e Ybarra se oye: "Le vamos a hacer una rebaja". El empresario está señalado por "cohecho activo", es decir, pagar un soborno.

En otra intervención sobre el teléfono de Moreno se estableció que Gustavo Petró lo consultaba "por rezonificaciones". Petró fue director de Obras Particulares, cargo al que renunció en diciembre de 2013, pero según refirieron trabajadores de esa oficina "seguía cumpliendo funciones, iba todos los días a su oficina". Por esa escucha y esos testimonios es que está acusado de "asociación ilícita".

Fuentes judiciales señalaron que "resulta poco creíble que semejante nivel de organización termine solo en los empleados ya condenados y en el arquitecto fallecido, esos dineros subían a esferas más altas de la exgestión bruerista".

UNA VOZ EN EL TELÉFONO

Los allanamientos y las escuchas telefónicas son dos de las herramientas que tienen los investigadores para avanzar en las denuncias de casos de corrupción. Una de las dudas que flota en el fuero Penal de La Plata es por qué el fiscal Paolini no pidió la intervención del teléfono de Mariano Bruera. Esa pregunta fue realizada por el juez Claudio Bernard a la testigo Martínez que dio una respuesta para el asombro: "Con la negativa de juez del caso a la prórroga de las escuchas telefónicas al teléfono de Moreno interpretamos que el juez no iba a ordenar la intervención de los teléfonos de Sette y Mariano Bruera", recordó la funcionaria judicial.

En la primera parte de su testimonio, Martínez recordó que el exfuncionario Jorge Campanaro "aparece mencionado en escuchas telefónicas" y en otras el exladero del intendente Pablo Bruera dijo: "Vos quedate tranquilo". Este dato complementa la versión aportada por el denunciante Andreau que en su testimonio de la primera audiencia del juicio oral aseveró que Campanaro expresó: "Esto (pagar el soborno) es una colaboración que hay que hacer, dejame que lo voy a hablar con Pablo", y luego la víctima de corrupción recordó que la respuesta fue "ahora Pablo Bruera está ocupado, dejame hablar con él para ver qué quita te podemos hacer". Todo esto quedó plasmado en la Investigación Penal Preparatoria y fue confirmado en todas las instancias. Además, quedó registrado en la filmación del debate en curso que dispuso el TOC II.

Otro de los puntos oscuros del caso en general fue el escenario encontrado durante los allanamientos en el Palacio Municipal. "Estaba todo limpio y ordenado en los despachos", recordó la testigo. Se sospecha que alguien dio aviso de los allanamientos que iban a realizarse. En la causa existe un informe de la instructora que detectó un llamado telefónico de un juez de Garantías ajeno a la causa con un exfuncionario municipal. El juez natural del caso ordenó la apertura de una investigación, pero esa causa fue archivada. Si en este juicio oral aparecen nuevos elementos de prueba ese expediente se puede reflotar para que avance la investigación sobre ese magistrado cuyo nombre se mantiene en reserva ya que no fue imputado de ningún delito.

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