Con la declaración de dos empleados municipales y una extrabajadora se desarrolló una nueva audiencia en el juicio oral a Mariano Bruera y los exfuncionarios municipales Enrique Sette y Gustavo Petró, acusados de diversos delitos. También es juzgado el empresario Gustavo Orlandi. Una empleada municipal incomodó la estrategia de Sette. La fiscalía de juicio ya agotó su prueba testimonial. La próxima audiencia será el viernes 17 de marzo.
Viviana Emilse Catalán trabaja en la Municipalidad de La Plata desde el año 2000. Por su historial laboral en el ámbito privado dijo que conoce a Guillermo Andreau, quien intentó rezonificar tierras para lotear y vender a beneficiarios del exitoso plan de viviendas Procrear y denunció que desde el municipio le solicitaron un soborno de 200 mil dólares. La testigo también confirmó que tiene un conocimiento laboral y funcional con Mariano Bruera, Enrique Sette y Gustavo Petro.
Durante los años 2013 y 2014 trabajó en la Secretaría de Gestión Pública cuando estaba al mando de Sette sobre quien detalló que “fue una persona ejemplar, muy prolija, todo pasaba por él, nada salía sin su firma”, es decir que el funcionario estaba al tanto de todo lo que ocurría en su línea de responsabilidad.
También confirmó lo ya dicho por otros testigos que Sette y el exfuncionario condenado Roberto Moreno “tenían trato regular”.
Antes declaró una abogada que trabajó en la Dirección de Transporte del municipio que entonces dependía del área de Gestión Pública. La profesional ilustró sobre el recorrido administrativo de los expedientes. Señaló que “los expedientes venían con un dictamen (luego aclaró que era un intervención) previo de la Dirección de Planeamiento”. Es decir que los expedientes antes de ser firmados por Sette eran firmados por Moreno.
El primero en declarar fue Fernando Valdez quien a la fecha de la denuncia del caso (año 2014) trabajaba en la Secretaría de Gestión Pública, era el encargado de publicar los decretos municipales en el Boletín Oficial. Detalló que Mariano Bruera “ha pasado alguna vez por la Secretaría pero no era habitual” que lo haga en su horario de trabajo de 14 a 20. Otros empleados que trabajaban en horario matutino sí veían con frecuencia al hermano del exintendente Bruera en el despacho de Gestión Pública.
De los dichos de este testigo queda claro que nadie controlaba nada al menos en su horario de trabajo. “Nunca tuvimos control de presencialidad, no se controlaba nada en la secretaría de Gestión Pública”.
El 20 de octubre de 2016 el testigo declaró en sede judicial ante el fiscal Jorge Paolini. Tras la lectura de una parte de esa exposición recordó que el condenado Moreno “recibía gente en el despacho de Sette”.
En la audiencia de este viernes la fiscal Victoria Huergo agotó la producción de su prueba entre las que se destacan la escucha telefónica a Mariano Bruera en la que se lo oye dar la orden a Moreno de “pasar la gorra” y que él (Bruera) “sigue bancando todo”.
También una planilla Excel hallada en la computadora del exfuncionario Raúl Moratti donde está todo prolijamente detallado cuánto eran los montos de las coimas, el estado de las negociaciones y cuánto valía el voto de cada concejal del cuerpo deliberativo para aprobar las rezonificaciones, sin distinciones de oficialismo u oposición. Un documento impactante.
A esto se suman las declaraciones de testigos calificados como las instructoras judiciales (Leticia Bramuglia y Julia Martínez), un agrimensor que describió la ruta de las firmas y el perito informático de la Policía Judicial. Además el propio denunciante que confirmó el pedido de coimas e involucró en la maniobra al exsecretario de Gestión Pública Jorge Campanaro y al exintendente Pablo Bruera.
Lo detallado son solo algunas de las evidencias de cargo a las que deben sumarse todas las piezas procesales que se incorporaron para lectura de los jueces a cargo de dar el veredicto de primera instancia.
Por su parte las defensas informaron que solo dejarán en pie el llamado a siete testigos para declarar y la reproducción de unos tres minutos de audios de escuchas telefónicas. La próxima audiencia será el viernes 17 de marzo a las 10:30 horas según dispusieron la jueza Silvia Hoerr y los jueces Claudio Bernard, Hernán Decastelli con acuerdo de las partes.
En esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado Christian Ybarra y Roberto Moreno mientras que se dictó el sobreseimiento de Moratti por extinción de la causa penal a raíz de su fallecimiento en el año 2018.
Durante la investigación se allanaron varias oficinas del Palacio Municipal. En el despacho de Moreno se secuestró el expediente de rezonificación de media hectárea que había iniciado el empresario Orlandi a quien le pedían 10 mil dólares de soborno. En una escucha entre Moratti e Ybarra se oye: “Le vamos a hacer una rebaja”. El empresario está señalado por “cohecho activo”, es decir, pagar un soborno.
En otra intervención sobre el teléfono de Moreno se estableció que Gustavo Petró lo consultaba “por rezonificaciones”. Petró fue director de Obras Particulares, cargo al que renunció en diciembre de 2013, pero según refirieron trabajadores de esa oficina “seguía cumpliendo funciones, iba todos los días a su oficina”. Por esa escucha y esos testimonios es que está acusado de “asociación ilícita”.
Por su parte Sette fue procesado por “asociación ilícita y exacciones ilegales”, mientras que Bruera por “asociación ilícita”. Las defensas están en cabeza de los abogados Alejandro Montone (Bruera), Juan Di Nardo (Sette), Marcelo Peña y Belén Franchino (Orlandi), Fabián Améndola y Facundo Améndola (Petró).
