El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 tiene bajo su órbita el desarrollo del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell; y está presidido por una egresada de la Universidad Nacional de La Plata: la magistrada María Claudia Castro estudió y se recibió de abogada en la ciudad, pero nació en la localidad bonaerense de Azul y actualmente reside en Dolores.
La funcionaria además formó parte del equipo de fiscales que pidió que los ocho acusados por el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas sean condenados a prisión perpetua. Junto a otros dos colegas, fue la encargada de reunir las pruebas que permitieron fundar la sentencia contra los integrantes de la banda de Los Hornos; los oficiales de la Policía Bonaerense Gustavo Prellezo, Sergio Camaratta y Aníbal Luna y el jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos.
En aquella oportunidad, Castro tuvo que litigar contra Fernando Burlando, defensor de los cuatro integrantes de la banda de Los Hornos, condenados como partícipes del asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias; y ahora abogado de Silvino Báez y Graciela Sosa, papás de Fernando. En 2013, Castro dejó de ser fiscal para ocupar el cargo de presidenta del Tribunal Oral N° 1 de Dolores, que ahora está juzgando a los ocho imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.
La jueza forma parte de la Red de Jueces Penales bonaerenses, una entidad que "agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense, comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal". Además es catedrática en esa organización, capacitadora de otros funcionarios judiciales en la Suprema Corte de Justicia y profesora universitaria.
Al igual que ella, Emiliano Lázzari -oriundo de La Plata- también forma parte de la Red de Jueces Penales bonaerenses y, además de integrar el tribunal, se desempeña como juez Correccional de Dolores. Lázzari también trabajó como secretario en el juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Quilmes y como juez del Tribunal Oral N° 1 de Dolores, estuvo a cargo del primer juicio por jurados realizado en aquel departamento judicial. En 2014 integró la Cámara Penal que, con el Código de Procedimiento Penal anterior, condenó un policía por el encubrimiento del homicidio de Emilio Blanco, un adolescente que fue asesinado en 1997 en Chascomús y que la policía intentó presentar como un suicidio.
Como juez Correccional, condenó a un motociclista de General Belgrano a 6 meses de prisión en suspenso por hacer wheelie con una moto. En su sentencia del juicio abreviado, el magistrado sostuvo que la figura penal que correspondía aplicar al acusado era la de un delito contra la seguridad pública, ya que había realizado la maniobra a pocos metros de una familia que abordaba su automóvil.
El tercer integrante del Tribunal Oral N° 1, Christian Rabaia, asumió dicho cargo en 2019. Antes se había desempeñado en la fiscalía a cargo de Gabriela García Cuerva, que tuvo a su cargo el juicio oral que terminó con la condena del asesino del joven discapacitado Mauricio Ponce de León, ocurrido en 2008, en Chascomús. Como juez del TOC N° 1, Rabaia intervino en juicios que terminaron con condenas a un estafador que se hacía pasar por funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones para extorsionar a los dueños de los supermercados chinos del Municipio de la Costa y contra un vecino de Santa Teresita que distribuía videos de menores que eran víctimas de abusos sexuales.
Es importante recordar que el orden de votación se sortea por secretaría y aún no se sabe cuál será el magistrado que plantee los puntos de forma escrita. Luego, los colegas del juez que dicte el primer voto, pueden aplicar su criterio y en caso de no estar de acuerdo, redactar un voto en disidencia parcial o total. En la sentencia el tribunal deberá responder cinco preguntas: ¿se probó la existencia del hecho en su exteriorización? ¿está acreditada la participación de los procesados en el hecho? ¿existen eximentes? ¿se verificaron atenuantes? y ¿concurren agravantes? El veredicto se conocerá el lunes 6 de febrero a las 13.
