La Justicia estadounidense habilitó el reclamo de Titan Consortium por Aerolíneas Argentinas, cuya estatización en 2008 originó una disputa judicial millonaria.
La Justicia de Estados Unidos confirmó que Argentina deberá pagar más de USD 390,9 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó la apelación presentada por el Estado y dejó firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que reclama la ejecución del laudo arbitral.
La resolución habilita al fondo extranjero a continuar con las acciones judiciales para intentar cobrar la indemnización, mientras Argentina acumula 16 meses sin pagar la suma establecida. El fallo aumenta la presión sobre el país ante posibles reclamos sobre activos argentinos en el exterior.
La Justicia Federal de La Plata declaró inconstitucional la resolución que derogaba el sistema de información sobre precios de la nafta y el gasoil.
La condena se conoce en un momento de mejora financiera para la compañía. Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, casi el doble de los USD 56,6 millones registrados durante el período anterior.
La empresa también logró mantener el equilibrio operativo alcanzado en 2024, cuando consiguió funcionar sin aportes del Tesoro por primera vez desde su reestatización. Además, el directorio informó al Ministerio de Economía que tampoco solicitará fondos públicos durante 2026.
La mejora de los resultados estuvo vinculada a una reducción de personal, que llevó a la compañía a su dotación más baja en 14 años, junto con la eliminación de rutas deficitarias, el cierre de oficinas y cambios operativos destinados a mejorar la rentabilidad.
El Gobierno nacional sostiene desde el inicio de su gestión que busca sanear la empresa para avanzar hacia una eventual privatización, aunque esa posibilidad requiere aprobación del Congreso.
Según explicó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, el tribunal estadounidense rechazó el intento argentino de revertir la sentencia de primera instancia y ratificó que Titan Consortium puede continuar con el proceso para lograr el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.
El reclamo tiene su origen en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que en ese momento eran controladas por el grupo español Marsans. La compañía consideró que la expropiación había sido injusta y presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
En 2017, el Ciadi falló a favor de Marsans y estableció una compensación de USD 320 millones más intereses. Sin embargo, la empresa española nunca llegó a cobrar esa suma y luego transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, un fondo británico que también intervino en la disputa por la expropiación de YPF.
Más tarde, Burford vendió esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en la Justicia estadounidense el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. El mecanismo requiere que los tribunales locales reconozcan la decisión para avanzar con eventuales vías de cobro.
