Una de las últimas detenidas por el caso de Johana Ramallo resultó ser Celia Noemí Giménez, testigo clave en la desaparición de Miguel Bru ocurrida en 1993. La mujer, que está sindicada como una de las “administradoras” de la “zona roja” platense por el presunto cobro de “peajes” a las otras trabajadoras sexuales, rechaza las acusaciones en su contra y desliza la sospecha de que su actual procesamiento sea “un vuelto” por su aporte para resolver, tres décadas atrás, el crimen del estudiante de periodismo Miguel Bru, por el que resultaron condenados cuatro policías de la Comisaría Novena de La Plata.
“Acá hay una mano oscura. En la zona roja todos saben quién soy porque trabajé ahí desde los 14 años y ahora me están denunciando pibas que trabajan con la Novena”, se defendió Giménez en diálogo exclusivo con 0221.com.ar.
En diciembre último el titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla dispuso su detención luego de procesarla en el marco de la causa judicial (N° 76789/2017) en que se intenta desentrañar el asesinato de la joven Johana Ramallo cuyo cuerpo descuartizado fue hallado a mediados de 2018 después de haber estado desaparecida desde julio del año anterior.
Giménez, a quien todos conocen como “La Negra”, frecuentó durante más de cuatro décadas en la zona roja, de donde, según sostiene, se retiró hace unos cinco años, poco después de producido el crimen de Johana a quien dice haber conocido sólo por cruzarla en el mismo lugar en el que ambas compartían el trabajo.
La investigación, en la que también tienen intervención la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Guillermo Ferrara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), encabezada por Mariela Labozzetta, cobró un giro a comienzos del último año desde que quedó en manos de Ramos Padilla. El magistrado se inclinó por fortalecer el enfoque con perspectiva de género. Así, tras estudiar el caso desde la nueva perspectiva, tomar declaraciones a testigos y realizar algunos allanamientos, los instructores llegaron a la conclusión de que el caso “puede inscribirse bajo la hipótesis de femicidio en contexto sexual y de criminalidad organizada”. Los pesquisas cruzaron información de un viejo expediente abierto en la justicia bonaerense (I.P.P. N° 06-00-018375/00) en el que se estaban investigando delitos concurrentes en la zona roja platense.
Una de las primeras consecuencias de esta nueva etapa de la investigación derivó en la detención, en junio último, de Carlos Omar “Cabezón” Rodríguez, señalado como proxeneta y facilitador de drogas. Poco después las imputaciones alcanzaron a otros actores entre los que estaban Celia Andreza Benítez, Federico Hernán D` Uva Razzari, Hernán Rubén García y Erika Paola Garraza, Carlos Espinosa Linares, Mirko Galarza Senio, Valentina León, Andrea Camila Barreto y Nicole Guerra Guerrero. La última en ser detenida fue Celia Giménez a la que junto a otras mujeres identificadas como "las viejas" se les atribuye exigir al resto de las trabajadoras sexuales “un pago por permanecer en ese espacio (la zona roja) ofreciendo servicios sexuales, el que era abonado con el dinero producido del comercio sexual”, según consta en el expediente al que accedió este medio.
“Dicen que soy la administradora de la zona roja y yo llevo laburando ahí desde los 14 años y nunca le cobré nada a las otras chicas que trabajan. Todas me conocen y saben que nunca administré nada pero ahora me acusan con testigos encubiertos que para mí están vinculados con las Comisaría Novena y con la historia de Bru”, indicó la mujer que tras ser detenida sufrió un problema de salud y estuvo internada varias semanas luego de lo cual se le otorgó la prisión domiciliaria.
Giménez testificó en sede judicial que trató muy brevemente a Johana Ramallo por trabajar en el mismo lugar y que lo único que sabía de ella es que había sido llevada por otra chica que por entonces era menor de edad y que figura en el expediente aunque nunca resultó imputada. Según reveló la entrevistada, esa persona habría manifestado delante de otras estar arrepentida por lo que le pasó a Johana aunque esa pista no habría sido profundizada.
“A mí me persiguen porque alguien con identidad reservada dijo que yo cobraba en 2016 y 2017 en la esquina de 122 y 72. Y yo le dije al juez que eso es falso porque ahí nunca hubo parada porque está el Patronato de Liberados y hay una patrulla policial permanente”, explicó la Negra, al tiempo que contó que, “cuando me tomaron declaración les recordé todo lo que pasé con el caso Bru y dije que yo solo creo en la Suprema Corte. En aquel momento mi miedo era que me tiraran droga o un arma, que se la cobren a mis hijos o me pase algo a mi y la verdad ahora parece que estas cosas se están dando”.
“Todo esto me suena todo sucio. Me quieren poner que tengo que ver con la trata de personas y no se cuantas cosas más y yo no tengo antecedentes y con solo preguntar se dan cuenta de quien soy y como he actuado toda mi vida. Yo lo único que soy es la más vieja de todas, trabajé ahí desde los 14 años. En la causa hay otras mujeres que las acusan de pegarles y sacarles plata a las chicas. Yo jamás hice algo así. Nunca fui administradora de nada como salió en los medios y lejos de sacar provecho de mis compañeras siempre las he defendido”, apuntó Giménez quien, se presume, volverá a ser indagada en febrero cuando termine la feria “Quiero que me hagan un juicio oral y público para que todos puedan escuchar lo que digo y que me pregunten lo que quieran porque no tengo nada que ocultar”, concluyó.
LAS VIEJAS
En la causa seguida por el crimen de Johana se señala a varias mujeres entre las que se menciona a Celia Giménez como “las viejas” que ejercían el “control de las esquinas” en las que se ofertaban los servicios sexuales y, “mediante la utilización de la violencia exigían dinero a las trabajadoras sexuales más jóvenes, en la jerga llamado “cobro de plaza”, especialmente si eran recién llegadas, como condición para permitirles trabajar.
De acuerdo con las constancias de la causa “Celia Giménez es la mayor en edad del grupo de “las viejas” y una de las más antiguas, con más de 28 años trabajando en la “zona roja”. Comenzó ejerciendo la prostitución en tiempos en que las mujeres “paraban” sobre la calle 8. Tenía varios hijos e hijas, de los cuales una de ellas también se prostituía”.
Según los investigadores la posibilidad de ofrecer sexo en “las esquinas se gestionaba con el cuerpo y por la fuerza o mediante el pago de un monto que conformara a quien allí ejercía el dominio. Eso funcionaba así también para las mujeres trans, aunque en una suerte de administración paralela. Tal como apuntó Giménez, los testimonios que más la comprometen fueron realizados bajo “reserva de identidad”
Respecto de la posible participación policial en el entramado de la zona roja platense se indica que si bien se reunieron “testimonios indiciarios que señalan que la Comisaría Novena actuaba administrando o regenteando este complejo entramado delictual, que podrían haber conformado de ese modo un eslabón esencial para ese funcionamiento delictivo, sin el cual no habría sido posible su perduración", se aclara que, en realidad, hasta el momento "no existe imputación alguna ni elementos de prueba que permitan identificar concretamente un grado de participación de las autoridades que pudieron haber contribuido a la configuración de este enclave plagado de violencia y múltiples vulnerabilidades, donde se llevó adelante durante años la comercialización de estupefacientes y el abuso y la explotación económica de las trabajadoras sexuales”.
En 1995 el testimonio de Celia Giménez señalando como responsables de la muerte y desaparición de Bru a numerarios de la Comisaría Novena implicó un quiebre en toda la causa que terminó con el esclarecimiento de lo ocurrido, el apartamiento y destitución del primer juez del caso, Amílcar Vara, y la condena de los uniformados en un juicio oral realizado en 1999.
