El Gobierno nacional publicó el decreto para implementar "Puente al Empleo", el programa con el que aspira a convertir 200.000 planes sociales en trabajos formales para sus actuales beneficiarios. La iniciativa había sido anunciada como uno de los pilares de gestión del ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Ganadería y Pesca, Sergio Massa, durante su participación en el Council de las Américas.
El programa entrará en funcionamiento el 1° de octubre y tendrá una vigencia de dos años a partir de esa fecha. Así, las empresas del sector privado "que contraten nuevos trabajadores que participen en programas sociales, educativos o de empleo" gozarán, "respecto de cada una de las nuevas incorporaciones, de una reducción de sus contribuciones patronales con destino a la seguridad social y de la posibilidad de considerar e imputar la asignación dineraria de dichos programas a cuenta del pago de la remuneración, en los términos y las condiciones que establezca la normativa complementaria correspondiente".
La CADAM cuestionó los acuerdos alcanzados en las paritarias y denunció la existencia de "costos ocultos" que afectan a las PyMEs.
El objetivo central del plan es "transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad; mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica", según reza la norma.
En este contexto, todas las relaciones laborales que se inicien en el marco del programa tendrán una reducción de las contribuciones patronales correspondientes a los subsistemas de la seguridad social del 100%. Ese beneficio será compensado con recursos del Tesoro Nacional, "con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social ni el cálculo correspondiente a la movilidad previsional"; y quedarán excluidos quienes figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) o incurran en prácticas indebidas y abusivas para acceder a los beneficios.
Los Ministerios de Economía, Trabajo y Desarrollo Social determinarán, en el marco de sus respectivas competencias, "las pautas tendientes a compatibilizar el trabajo registrado con los programas sociales, educativos y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas o grupos familiares en situación de vulnerabilidad social, incluyendo los trabajadores y las trabajadoras de las cooperativas municipales y de organizaciones sociales, y al Programa ‘Puente al empleo’, con otros de similar naturaleza".
Para adherirse al plan, los empleadores deberán manifestar de forma expresa el acogimiento al programa, "no pudiendo hacer uso retroactivo de aquellos por el o los períodos en que no se hubiese adherido". "El proceso de selección de las trabajadoras y de los trabajadores se podrá realizar en el ‘Portal Empleo’ del Ministerio de Trabajo", agrega la norma y destaca que las empresas sí deberán pagar las alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales y especiales de la seguridad social y el costo de la aseguradora de riesgos de trabajo (ART).
Si en algún momento del programa se interrumpe el contrato laboral, el trabajador tendrá la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindaban los programas, "si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses". En caso que el período trabajado se encuentre entre los 8 y 12 meses, "las trabajadoras y los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo". El decreto invita a las provincias, a la CABA y a todos los municipios del país a "adherir a los términos del presente decreto o a dictar medidas de similar tenor para compatibilizar los programas sociales, educativos y de empleo locales con el trabajo registrado".