Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP expresaron su “profunda preocupación” e hicieron un llamado a la “reflexión a la comunidad académica” sobre el accionar de la Justicia en la denominada Causa Vialidad. A principios de semana, el fiscal federal Diego Luciani acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser la jefa una asociación ilícita y pidió una condena de 12 años de prisión.
“Expresamos nuestra profunda preocupación y llamamos a la reflexión a la comunidad académica, como a la ciudadanía en general, sobre los acontecimientos que se encuentran desarrollando por ante el TOCF N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa judicial que vulgar y mediáticamente se la ha denominado como: Causa Vialidad u Obra Pública”, señalaron en el comunicado.
En ese sentido, argumentaron que “el Estado de derecho, las garantías constitucionales y el debido proceso son pilares esenciales para el desarrollo de la vida democrática. Por ello no puede tolerarse que Agentes del Poder Judicial y/o del Ministerio Público, se aparten de esas premisas socavando gravemente a la Justicia y el sistema democrático”.
A su vez, consideraron que “sin apego a la Constitución, las leyes y sin perspectiva de género, lo que se denomina Justicia se transforma en Venganza Patriarcal y quienes ejercen la magistratura se convierten en verdugos”. “El Estado democrático de Derecho, que tanto sufrimiento le costó́ a la sociedad argentina parir, no puede ser puesto en una crisis institucional como la actual, por motivos políticos y/o facciosos”, sostuvieron.
Y apuntaron contra quienes operan el sistema judicial, ya sea jueces o fiscales, ya que “deben interpretar las normas penales de la manera que más derechos acuerden a las personas sometidas a proceso, teniendo en cuenta los principios “Pro Homine” y de “ultima ratio” del Derecho Penal”.
En otro pasaje del texto, señalaron que existe una persecución mediática y judicial sobre la figura de la expresidenta de la Nación. “La colonización de la subjetividad, operada por los grupos concentrados de comunicación, han naturalizado que jueces/zas y fiscales/as, se aparten de la normativa constitucional y legal, naturalizando la violación flagrante de garantías constitucionales durante el proceso, la aplicación arbitraria e irracional de figuras penales de contenido elástico que utilizan como formidable instrumento de persecución política, todo ello en marco de claros indicios de sospecha de parcialidad y falta de independencia de los cuadros judiciales intervinientes”, consideraron.
Y recordaron que el 2019, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, solicitó informes al Estado Argentino sobre un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial. “Observamos ya pasados casi tres años de esa comunicación, pocos avances han existido a fin de asegurar magistrados imparciales, libre de presiones políticas, económicas y mediáticas. Ya es tiempo que se entienda que todos los órganos del Estado deben apegarse al Derecho. Jueces/zas y Fiscales/as, con mayor razón”, completaron.
Por último, manifestaron que como educadores de futuros profesional del Derecho tienen “la de exhortar a las y los operadores judiciales, al apego inmediato a estos pilares fundantes de nuestra república. Hablar en un futuro sobre las anomalías del presente será tarde”.
El texto lleva la firma de varios docentes y se destaca el nombre del Ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak; del Embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi; entre otros.
EL COMUNICADO COMPLETO
