lunes 22 de julio de 2024

Lo condenaron a 22 años por dos crímenes pero quedará libre bajo promesa de portarse bien

El exconvicto fue condenado por dos homicidios cometidos en La Plata, pero cumplirá la pena en libertad gracias a un antecedente de la Suprema Corte.

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Una sensación de que se aplicó justicia de clase es lo que dejó la condena unificada a 22 años de prisión que recayó sobre Alejo Alonso, el ex convicto que fue encontrado culpable de dos homicidios, pero fue excarcelado por unanimidad de los tres jueces que actuaron en este juicio de cesura por el crimen del remisero Gaspar Argentino Ayala, ocurrido en la Navidad de 1999. El condenado es hijo de un exmédico policial.

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El Tribunal Oral Criminal I de La Plata, integrado en este proceso por los jueces Ramiro Fernández Lourenzo (autor del voto que resultó unánime), Hernán Decastelli y Claudio Bernard, determinó que Alonso es culpable de dos homicidios. Por la muerte de Ayala aplicaron una condena de 10 años de prisión se unificó con la de Adrián Santana (asesinado a sangre fría por la espalda) que dictó el Tribunal Oral Criminal III de La Plata (en la que estaba en la etapa de libertad condicional) y le aplicó una condena única de 22 años, pero lo mantuvo excarcelado bajo palabra de portarse bien, no cometer ningún delito y cumplir con las siguientes reglas de conducta, que se detallan en la sentencia a la que accedió 0221.com.ar.

  • Constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados, debiendo presentarse en forma mensual.

  • Abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

  • Abstenerse de mantener contacto con las familias de las víctimas de ambos procesos

  • Concurrir a la Asesoría Pericial a fin de que un perito idóneo determine si resulta necesario realizar un tratamiento psicológico, a la luz de lo dispuesto oportunamente y lo sucedido en el presente durante el desarrollo de la audiencia de cesura.

  • Sucede que durante el juicio Alonso aseguró que sufrió depresión e intentó quitarse la vida. Luego del pedido de detención solicitado por la fiscal Victoria Huergo (y negado por los jueces) Alonso fue internado en una clínica de salud mental. Sin embargo, este jueves se lo vio de muy buen semblante en el inicio de la audiencia.

    En caso que Alonso cumpla con las reglas de conducta los jueces establecieron que “por aplicación de la doctrina emanada del precedente de la Suprema Corte Provincial” en el expediente “Llabres”, el tiempo que “transcurra bajo ese régimen restrictivo de excarcelación podrá ser eventualmente computado como cumplimento de la sanción”. Es decir, en caso de plasmar las reglas de conducta consumará su condena en libertad, pese a que fue encontrado culpable de dos homicidios.

    El condenado en libertad fue asistido en la defensa por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina quienes en sus alegatos habían sostenido que no era necesaria una pena de cumplimiento efectivo, en base a la historia vital del acusado, a quien mostraron como una persona apegada a su familia, estudiosa y trabajadora. “Resulta paradigmático, donde se evidencia como el transcurso del tiempo ha operado favorablemente en un cambio del formato de la personalidad, lo que genera la falta de necesidad de pena en términos de responsabilidad, es decir, hoy en día no es necesario reafirmarle a Alonso la vigencia de la norma”, expresó el abogado Molina en aquella audiencia.

    EL CASO

    El 25 de diciembre de 1999 la víctima fue atacada ferozmente a golpes y murió horas después en el hospital. Todo comenzó por un incidente de tránsito. Por este hecho fue juzgado Alejo Alonso, quien resultó absuelto por los exjueces del Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata, Samuel Saraví Paz y Guillermo Labombarda, ambos ya jubilados. Pero la recordada jueza Patricia de la Serna, en minoría, sostuvo que el acusado era culpable de homicidio y votó por su condena. Esa mirada de la magistrada resultó clave para que la máxima instancia judicial de la provincia de Buenos Aires rechazara los planteos de la defensa y dejara firme la resolución del Tribunal de Casación bonaerense.

    Alonso fue procesado por la muerte de Ayala (40) tras un incidente de tránsito, con golpes de puño incluidos, que ocurrió hace el 25 de diciembre de 1999, en la esquina de calles 472 y 21 de City Bell, luego de un choque entre un Renault 19 y un Ford Mondeo. En 2011 fue juzgado por aquel hecho, pero el Tribunal Oral Criminal I de La Plata lo absolvió en un polémico fallo dividido. Dos años después, el Tribunal de Casación anuló el veredicto. En otra resolución dividida, con votos de los jueces de Casación Federico Domínguez y Ricardo Borinsky, se resolvió hacer lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal.

    Por mayoría se dispuso “anular el veredicto, con devolución de jurisdicción al tribunal” -que lo juzgó- “para que, a partir de la comprobada intervención del acusado en el hecho determinante de la muerte de Ayala, y debidamente integrado, renueve los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento”.

    LOS ANTECEDENTES

    El acusado es un exconvicto. Ya purgó una condena de 14 años de prisión por el recordado crimen del repartidor de pizzas, Adrián Santana, que fue ejecutado de varios disparos en la esquina de 12 y 38, en la noche del 23 de octubre del año 2000.

    En un primer momento se especuló con que pudo atropellarlo un auto que escapó, pero los vecinos contaban a quien quisiera oírlos que ellos habían escuchado varias explosiones, como disparos.

    Los forenses les dieron la razón: Santana recibió seis balazos, cinco de los cuales ingresaron en la axila, en la espalda y en uno de los glúteos, y otro en el tórax. Este último fue el letal. La Justicia concluyó que el crimen fue motivado por un ajuste de cuentas a raíz de un incidente que tuvieron Alonso y Santana en el bar Almendra, que funcionaba en 8 y 57, a metros de la sala de audiencias donde se realizaron los debates del caso.

    En rigor Alonso, hijo de un médico policial, estuvo poco más de ocho años tras las rejas por ese homicidio. Fue beneficiado por la aplicación de la ley del “2x1”, ya derogada. Vivió detenido casi siete años, entre 2003 y 2010, por lo que llevaba computados unos 12 años por aplicación de la polémica ley vigente al momento del crimen.

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