viernes 12 de julio de 2024

La defensa de Alejo Alonso pidió que no se lo condene a prisión por el crimen de City Bell

Los abogados atacaron las agravantes computadas por la fiscal y hablaron de una pena “innecesaria”. La sentencia del juicio de cesura será el 28 de abril

--:--

La última audiencia del juicio de cesura para Alejo Alonso (47) juzgado por un crimen ocurrido en City Bell en la Navidad de 1999 se desarrolló este martes 12 de abril en la sede del fuero Penal de La Plata donde la defensa a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina solicitaron a los jueces del Tribunal Oral Criminal I de La Plata, como planteo principal que no se lo condene a su asistido, como planteo subsidiario que se dicte la inconstitucionalidad del tope mínimo de 8 años de prisión que prevé el artículo 79 del Código Penal para el delito de homicidio para que se lo condena a una pena de 4 años de prisión, y como segundo planteo subsidiario que se aplique la pena mínimo de 8 años que establece el mencionado artículo.

Cabe señalar que el pasado viernes la fiscal de juicio Victoria Huergo una condena unificada de 27 años de prisión para el acusado: por el crimen del remisero Gaspar Argentino Ayala la representante del Ministerio Público reclamo 15 años de encierro, en tanto que por otro hecho por el cual está acusado solicitó 13 años y 4 meses.

Lee además

El juicio de cesura se trata de la división del debate en dos partes, una dedicada al análisis de la existencia del hecho y el discernimiento de la culpabilidad (ya fue encontrado culpable) y la otra a la determinación de la pena. En este caso los jueces deberán expedirse sobre atenuantes y agravantes del caso y el monto de pena, es decir, la condena a cumplir tras las rejas. El homicidio simple tiene una pena temporal en expectativa que oscila entre 8 y 25 años de cárcel. En el primero de los debates la fiscal Silvina Langone había solicitado 15 años de prisión.

ALEGATOS DE LA DEFENSA

Los fundamentos de la defensa fueron abiertos por el abogado Gascón quien señaló que se debe tener en cuenta el escenario de los hechos y que se trató de una “gresca generalizada”. Luego atacó cada una de las agravantes de la pena que había computado la fiscal, señaló que en el hecho había superioridad numérica de la familia Ayala por sobre la familia Alonso. Recordó que “estaban la policía, estaban los patrulleros y no intervinieron” y que se llegó a esta instancia “23 años después por desaguisados judiciales, ninguno responsabilidad de Alonso”.

Al momento de valorar los atenuantes de la pena, el letrado apreció que no se usaron armas “propias o impropias”, que fue a defender a un familiar ante la inacción policial, a la fecha de los hechos (madrugada del 25 de diciembre de 1.999) “Alonso carecía de antecedentes penales”, el tiempo transcurrido desde el hecho, la “fragilidad emocional de Alonso” que derivó en una internación psiquiátrica, el arrepentimiento mostrado, su comportamiento durante el proceso ya que “siempre se ajustó a derecho, nunca una elusiva, siempre absolutamente sometido a la ley” y su “buen comportamiento estando en libertad condicional”. También resaltó que “tiene trabajo estable con el que mantiene a su familia” y que “su proyecto de vida es consolidar a su familia”.

A su turno el abogado Molina alegó por la “innecesariedad de punibilidad” ya que en este caso resulta aplicable el concepto de “responsabilidad” a partir de la llamada “teoría de la unión entendiendo este como un concepto de culpabilidad compuesto, ya que se trata de culpabilidad más necesidad de pena”. Incluso “agotada la discusión respecto del injusto culpable, pretendo abordar el concepto compuesto en relación a la necesidad o no de la pena y la intensidad de la misma”.

Molina sostuvo que este caso “resulta paradigmático, donde se evidencia como el transcurso del tiempo ha operado favorablemente en un cambio del formato de la personalidad, lo que genera la falta de necesidad de pena en términos de responsabilidad, es decir, hoy en día no es necesario reafirmarle a Alonso la vigencia de la norma”.

Para el letrado una condena de 15 años de prisión “resultaría contrario a los objetivos de la reinserción social” ya que Alonso luego de purgar la condena por el crimen de Adrián Santana “después de largos años en libertad, integrado según surge de las constancias traídas a consideración y habiendo incluso rehecho su vida, se vea ahora extraído de esa situación para cumplir una pena que ha dejado de mostrarse como enteramente necesaria en su ejecución”.

Además planteó la inconstitucionalidad “del tope mínimo aplicable a las figura legal de homicidio simple, ya que en atención a que si se piensa que eventualmente podría corresponder la imposición de una sanción, los 8 años de prisión previsto, 23 años después del hecho resulta desproporcionado, lo que autoriza al tribunal a perforar el mínimo legal”.

“El problema de los mínimos demasiado altos, motivados quizás por cierta desconfianza con el criterio con el cual los jueces aplican las penas, provoca en ocasiones que la pena a aplicar no se pueda graduar conforme el grado de culpabilidad de los acusados, y una pena desmesurada en relación al grado de culpabilidad es tan injusta como la condena a un inocente”, sentenció el defensor particular.

Para el abogado el pedido de pena impulsado por la fiscal es “injustificado, excesivo, desproporcionado y arbitrario en relación a la estimación de la pena” ya que “no hay relación coherente entre los atenuantes tenidos en cuenta y el efectivo pedido de pena, pareciera existir un quiebre lógico en este sentido”.

En otro pasaje del alegato estimó que “la fiscalía no realiza un test de razonabilidad que le permita justificar la graduación e intensidad de la pena, violando así los principios de utilidad, proporcionalidad y conforme las características del injusto”.

A su turno la fiscal Huergo dejó en claro que “está justificada plenamente la aplicación de una pena, no podemos olvidar que hubo una muerte que amerita una reacción sin tener en cuenta el tiempo trascurrido”.

La funcionaria no pasó por alto que “Alejo Alonso sobreactuaba los síntomas de la medicación aplicada” durante su internación y se apoyó en el informe del perito oficial de la Asesoría Pericial que realizó el informe sobre el estado de salud del acusado.

En relación a la inconstitucionalidad del mínimo de la pena de homicidio simple solicitó que “se rechace” el pedido y recordó que “los jueces no pueden aplicar penas menores a las establecidas, en ese caso se estarían arrogando facultados de otro poder (el Legislativo), en todo caso hay que proponer el cambio de la legislación”.

El acusado dijo sus últimas palabras antes que los jueces se retiren a deliberar: “Yo no desconozco que estuve en el lugar pero bajo ningún punto de vista llegamos en una actitud belicosa. Lamento mucho lo que ha sucedido sin tener en claro cuál fue mi grado de participación, quiero continuar con mi vida normal como hace 20 años, una nueva prisionalización no sería productivo para nadie y será mortificante para mi familia”.

La sentencia se conocerá el 28 de abril en horas posteriores al mediodía, según dispusieron los jueces Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y Claudio Bernard.

EL CASO

El 25 de diciembre de 1999 la víctima fue atacada ferozmente a golpes y murió horas después en el hospital. Todo comenzó por un incidente de tránsito. Por este hecho fue juzgado Alejo Alonso, quien resultó absuelto por los exjueces del Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata, Samuel Saraví Paz y Guillermo Labombarda, ambos ya jubilados. Pero la recordada jueza Patricia de la Serna, en minoría, sostuvo que el acusado era culpable de homicidio y votó por su condena. Esa mirada de la magistrada resultó clave para que la máxima instancia judicial de la provincia de Buenos Aires rechazara los planteos de la defensa y dejara firme la resolución del Tribunal de Casación bonaerense.

Alonso fue procesado por la muerte de Ayala (40) tras un incidente de tránsito, con golpes de puño incluidos, que ocurrió hace el 25 de diciembre de 1999, en la esquina de calles 472 y 21 de City Bell, luego de un choque entre un Renault 19 y un Ford Mondeo. En 2011 fue juzgado por aquel hecho, pero el Tribunal Oral Criminal I de La Plata lo absolvió en un polémico fallo dividido. Dos años después, el Tribunal de Casación anuló el veredicto. En otra resolución dividida, con votos de los jueces de Casación Federico Domínguez y Ricardo Borinsky, se resolvió hacer lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Por mayoría se dispuso “anular el veredicto, con devolución de jurisdicción al tribunal” -que lo juzgó- “para que, a partir de la comprobada intervención del acusado en el hecho determinante de la muerte de Ayala, y debidamente integrado, renueve los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento”.

LOS ANTECEDENTES

El acusado es un exconvicto. Ya purgó una condena de 14 años de prisión por el recordado crimen del repartidor de pizzas, Adrián Santana, que fue ejecutado de varios disparos en la esquina de 12 y 38, en la noche del 23 de octubre del año 2000.

En un primer momento se especuló con que pudo atropellarlo un auto que escapó, pero los vecinos contaban a quien quisiera oírlos que ellos habían escuchado varias explosiones, como disparos.

Los forenses les dieron la razón: Santana recibió seis balazos, cinco de los cuales ingresaron en la axila, en la espalda y en uno de los glúteos, y otro en el tórax. Este último fue el letal. La Justicia concluyó que el crimen fue motivado por un ajuste de cuentas a raíz de un incidente que tuvieron Alonso y Santana en el bar Almendra, que funcionaba en 8 y 57, a metros de la sala de audiencias donde se realizaron los debates del caso.

En rigor Alonso, hijo de un médico policial, estuvo poco más de ocho años tras las rejas por ese homicidio. Fue beneficiado por la aplicación de la ley del “2x1”, ya derogada. Vivió detenido casi siete años, entre 2003 y 2010, por lo que llevaba computados unos 12 años por aplicación de la polémica ley vigente al momento del crimen.

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te puede interesar