La causa en la que se investiga el presunto funcionamiento de una mesa judicial bonaerense para perseguir a dirigentes gremiales en La Plata ingresa en una de sus etapas de definiciones. Este jueves se vence el plazo de diez días hábiles desde la última declaración indagatoria que tiene el juez para evaluar si habrá procesamientos o no y, en caso de haberlos, si son con prisión preventiva o con los acusados en libertad.
La última indagatoria se desarrolló el martes 5 de abril, ese día se presentó en sede judicial el senador platense Juan Pablo Allan quien se negó a responder preguntas de juez Ernesto Kreplak y de la fiscal Ana Miriam Russo. A cambio dejó un escrito con su versión de los hechos. Luego de este trámite la querella del exgremialista de la construcción platense Juan Pablo "Pata" Medina solicitó que sean procesados los exfuncionarios bonaerenses, los empresarios y los espías de la AFI que se reunieron en la sede porteña del Banco Provincia en 2017 para diseñar una estrategia para perseguirlo judicialmente, y reclamó que además se cite a indagatoria a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al expresidente Mauricio Macri, entre otros.
"Consideramos que el múltiple elemento de prueba incorporado al proceso impone se disponga el procesamiento de Marcelo Villegas, Roberto Gigante, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Pablo Allan, Darío Biorci, Juan De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra, Fabián Cusini, Jorge del Río, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Marcelo Jarworsky y Bernardo Salszascky", sostuvo César Albarracín, abogado de la querella, en el escrito al que accedió 0221.com.ar.
Se trata de todos los asistentes al encuentro en el que el entonces ministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Villegas, expuso que le gustaría poder contar con una "Gestapo" para perseguir a aquellos sindicalistas con los que los empresarios manifestaban tener problemas.
La querella que agrupa al "Pata" Medina y a otros miembros de su familia solicitó al juez que, además, sean también citados a indagatoria los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand, y el juez federal de Quilmes Luis Armella, uno de los jueces que ordenó la detención de Medina y parte de su familia.
El escrito de 115 páginas presentado por Albarracín comienza con la enumeración histórica de los hechos que él considera permiten reconstruir la "embestida" contra Medina, plan que habría comenzado a "gestarse a fines de marzo de 2017".
"En marzo del año 2017, Mauricio Macri adelantó a Gerardo Martínez (titular nacional de la Uocra) que embestiría contra Juan Pablo Medina", indica el escrito que luego recuerda que "el 4 de mayo de 2017 el expresidente se reunió en Casa Rosada con Gustavo Arribas, Patricia Bullrich, Jorge Triaca, Guillermo Dietrich y el exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas para tratar el tema de Juan Pablo Medina".
La reunión en Casa Rosada también fue relatada, a través de un escrito presentado en su indagatoria por el propio Villegas, quien sostuvo que ese día Macri le manifestó que le pidiera lo que necesitara a los que estaban allí presentes. "Al día siguiente, sucedieron dos hechos notables: por un lado, se desarrolló una reunión de Gabinete Provincial para tratar el tema "Uocra La Plata", de la que participaron el Jefe de Gabinete, el Ministro de Seguridad, el Ministro de Justicia, el Ministro de Trabajo, un Subsecretario del Ministerio de Infraestructura, el Presidente de la Cámara de Diputados y un Senador Provincial del partido gobernante y; por otro, comenzaron las tareas de espionaje sobre Juan Pablo Medina y su entorno", reseñó Albarracín en base a elementos incorporados al expediente, como los partes de inteligencia o la agenda de trabajo de Villegas.
En este expediente, el juez Kreplak ya indagó a los 14 asistentes al encuentro del BAPRO que fue filmado y cuya evidencia encontró la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño, quien presentó la denuncia penal.
El juez deberá definir ahora la situación procesal de los imputados, como así también algunos planteos que formularon en sus respectivas indagatorias.
Por su parte las defensas realizaron planteos para que el juez se declare incompetente, se inhiba de seguir al frente de la causa y remita todo a los tribunales Federal porteños de Comodoro Py, desde donde están reclamando las actuaciones. Allí, los acusados cuentan con un clima judicial más favorable que en el fuero Federal platense.
