sábado 13 de julio de 2024

Gestapogate: fuerte defensa de la fiscal para que la causa siga en La Plata

Ana Russo rechazó declinar la competencia y le solicitó al juez que expediente no viaje a los tribunales porteños de Comodoro Py. Los principales fundamentos

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Ana Miriam Russo, fiscal Federal de La Plata que interviene en la causa denominada como “Gestapo antigremial” o “Gestapo antisindical” que derivó en la detención del exsindicalista de UOCRA La Plata Juan Pablo “Pata” Medina, se opuso a que el expediente cambie de jurisdicción y la causa sea investigada en los tribunales porteños de Comodoro Py, donde los acusados cuentan con un clima judicial más favorable a sus planteos de sobreseimientos y que el caso se cierre sin procesamientos ni juicios orales. Además la funcionaria solicitó la inhibitoria de las causas que tramitan en la justicia porteña. Si bien el dictamen no es vinculante pero robustece la posición de los querellantes de la causa, entre ellos, los exgremialistas Medina padre e hijo.

Según la documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar, la funcionaria se opuso (como lo hizo en planteos similares de otros acusados) al cambio de jurisdicción al contestar el traslado del juez Ernesto Kreplak en base al pedido del exsubsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Adrián Patricio Grassi, uno de los asistentes a la polémica reunión realizada en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) donde, según la filmación del encuentro, acordaron impulsar denuncias contra los exgremialistas de UOCRA La Plata.

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La defensa de Grassi sostuvo en su presentación que como la reunión del 15 de junio de 2017 se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el caso debe ser investigado en los tribunales de esa jurisdicción. Pero la fiscal no concuerda con ese razonamiento por entender que “la maniobra investigada, prima facie, surtió efectos en la ciudad de La Plata y se vinculó con actividades sindicales especialmente relacionadas con el gremio de la construcción (UOCRA La Plata), desarrolladas en este ámbito territorial platense”.

La fiscal recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en sus lineamientos jurisprudenciales, sostienen que la atribución de competencia territorial “debe efectuarse teniendo especialmente en cuenta lo que resulte más conveniente para una eficaz y pronta investigación”.

Sobre la reunión realizada en la sede porteña del Bapro la funcionaria alegó que “representa solo una de las pruebas sobre la existencia de la asociación ilícita conformada” por los catorce imputados. Pero ese encuentro “lejos está de ser una asociación ilícita en sí misma. Es, una vez más, solo una de las constancias que acreditan la materialidad del pacto delictivo investigado”, por el contrario “esa concertación criminal excede en mucho a la reunión, tanto en el tiempo como en los efectos”.

“Es indistinto” a los efectos de la determinación de competencia territorial el lugar donde se materializó el encuentro ya que “su acaecimiento no importa la comisión de la asociación ilícita y restantes delitos investigados, sino solo uno de los momentos de coordinación operativa de sus miembros”, dice el documento judicial del Ministerio Público que forma parte del expediente.

Para la parte acusadora “dicha reunión podría haber tenido lugar en la ciudad de La Plata, la de Buenos Aires, en el extranjero, o incluso podría haber celebrado de manera virtual, y ello no cambiaría el hecho de que es solo un tramo de la asociación ilícita”. Por ese motivo “su lugar de realización no puede ser tomado como un elemento dirimente a efectos de establecer la competencia territorial, dado que existen otras múltiples instancias de coordinación de las acciones delictivas desarrolladas que fueron llevadas a cabo en diversos sitios”.

“Lo contrario implicaría atomizar la discusión de la competencia en un sinfín de posiciones que dependerían del lugar de cada uno de esos actos de coordinación. Bien podríamos tomar el lugar desde el cual se realizó cada una de las llamadas acreditadas” en el expediente “o el lugar de cada reunión entre los coimputados, deviniendo en una cuestión de imposible solución a los fines de la investigación judicial”, consideró la fiscal Russo.

Por ello, el criterio que debe primar para tal determinación, es el que hace referencia el lugar en el que el delito investigado surtió sus principales efectos, es decir, el criterio de ‘lugar de aporte’ según el cual ‘debe intervenir el juez del lugar en el que la asociación ‘despliega su actividad’’”.

El cambio de jurisdicción de la causa es un planteo realizado por todas las defensas de los acusados entre los que están el exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, quien para la justicia fue el “organizador” del encuentro entre empresarios de La Plata (seis imputados); el senador PRO, Juan Pablo Allan; tres exintentegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y el intendente de La Plata, Julio Garro.

La causa se inició por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño (integrante de Justicia Legítima), tras el hallazgo por parte de ese organismo de videos de la reunión celebrada en el Bapro. Los registros de aquel encuentro fueron encontrados mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos, según se informó oficialmente.

El contenido de ese material audiovisual, aparentemente grabado sin el consentimiento de quienes asistieron a aquella reunión, se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar al exsindicalista “Pata” Medina entre otros exdirigentes gremiales. También posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI. En la causa se averigua "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de UOCRA seccional la Plata o de su Secretario General y allegados", durante el año 2017, según surge del expediente.

En ese contexto, "se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de Inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes".

El juez Kreplak finalizó con las 14 indagatorias programadas. No se descarta que exista una segunda etapa con más personas imputadas que fueron mencionadas en las versiones brindadas por otros acusados. En esa lista aparecen, el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal, los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A esta lista se pueden sumar los ex ministros Guillermo Dietrich (Transporte); Patricia Bullrich (Seguridad); Jorge Triaca (Trabajo) y Germán Garavano (Justicia). Todos fueron mencionados por el exministro Villegas en el escrito que presentó ante el juez.

Además resta establecer el rol que cumplieron una excolaboradora cercana a Vidal y personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyas conductas son evaluadas por la fiscal para eventualmente realizar los requerimientos que considere viables para esclarecer esta trama que conjuga espionaje, empresarios políticos y exsindicalistas.

En rigor ya comenzó a correr el plazo de diez hábiles que tiene el juez para determinar quienes serán procesados, quiénes sobreseídos y si los procesamientos son con prisión preventiva o los acusados seguirán en libertad hasta el eventual juicio oral del caso que salpica a políticos, empresarios y exfuncionarios de la AFI macrista.

 

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