Fabián Rolando Cusini, uno de los empresarios que participó en la polémica reunión en la sede porteña del Banco Provincia, declaró ante el juez Federal Ernesto Kreplak que investiga el presunto funcionamiento de una mesa judicial para perseguir a sindicalistas opositores a la gestión de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Aceptó responder preguntas del magistrado y de la fiscal Ana Russo ante quienes aseveró que fue víctima de “extorsión” por parte de la exconducción de UOCRA La Plata encabezada por el exsindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
En un cambio de estrategia el empresario respondió preguntas del juez, de la fiscal y de su abogado defensor Darío Saldaño, a diferencia de sus antecesores quienes no hablaron pero a cambio presentaron un escrito con su versión del caso. En esos documentos todos coincidieron en la conflictiva relación con UOCRA La Plata, en las exigencias por fuera de convenio que realizaba el gremio y aseguraron que fueron citados por exfuncionarios de Vidal a una reunión de trabajo al tiempo que no sabían ni dieron consentimiento para la filmación de esa reunión.
En su indagatoria Cusini relató que “a la reunión del día 15 de septiembre de 2017 fuimos convocados como Cámaras representativas del sector de la construcción. En ese momento era miembro de la Comisión Directiva de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital”.
El desarrollador inmobiliario sostuvo que se “sorprendió” cuando le dijeron que la reunión fue convocada en Capital Federal, ya que el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires “cuenta con salas de reuniones”. Asimismo el traslado a Capital Federal “me ocasionaba un gran perjuicio ya que perdería gran parte de mi día laboral, yo tengo una empresa familiar y no cuento con mucho personal de apoyo”.
“La segunda cuestión que me llamó la atención es la presencia de otros funcionarios. Pensé que la reunión era solo con funcionarios del ministerio de Trabajo” y aclaró que “no conocía a las tres personas que son sindicadas como pertenecientes a la AFI. En ningún momento se presentaron como tales. Pensé que se trataba de funcionarios del ministerio de Trabajo”.
En relación a su rol en la reunión expresó que “fue transmitir la problemática que se enfrentaban los socios de nuestra cámara ante la actitud extorsiva de la UOCRA, que imposibilitaba el desarrollo de la actividad de la construcción en la ciudad de La Plata” y recordó que “desde el año 2002 aproximadamente se realizaron reclamos a las autoridades” pero “no se obtuvo una resolución favorable de ninguno de los tres poderes del Estado”.
“Mi rol como empresario fue explicar cómo se desarrollaba la operatoria extorsiva de la UOCRA sobre las pequeñas empresas de construcción, ya que la problemática de las pymes se ve agravada por no contar con recursos suficientes para tener asesores legales, contables de envergadura, y de esa forma poder enfrentarse al poder económico y político del sindicato”, describió el titular de la firma Agrineco.
“Siempre como empresario trate de llegar acuerdos con el gremio, entendiendo que se podía llegar compromisos que beneficiaran a ambas partes. Siempre prime una actitud de conciliación y razonabilidad. Por eso en distintos momentos acepte tomar gente de la bolsa de trabajo, aunque era personal no capacitado y sin experiencia. También acepte tomar personal femenino” pero “la situación que se presentaba era que el personal de la bolsa de trabajo de la UOCRA no trabajaba, pero los mantenía en planta ya que entendía que la solución era conciliar de manera amigable con el gremio en un marco de razonabilidad en la relación sindicato-patronal”.
Pese a esta postura del empresario “la UOCRA no tenía la misma actitud nuestra, y continuamente los delegados venían con reclamos de dinero, patoteadas al personal propio, asambleas continuas. A pesar de ello nunca eludí el dialogo. Tal es el caso que en la obra de calle 12 entre 39 y 40, tenía como inversor a Jorge Roldan (ya fallecido), que en ese momento era Fiscal de Casación Penal, continuamente me reclamaba por el atraso en las obras y el aumento de costos provocados por la UOCRA, en ningún momento solicite su intervención, y siempre le dije que trataría de llegar a un entendimiento con el gremio”.
Las fuentes consultadas coincidieron en informar que el empresario “siempre fue buscando una instancia de conciliación con el gremio y nunca lo encontró en las diferentes gestiones que realizó” y que fue a la reunión “creyendo que ese iba a ser el espíritu de la misma, de hallar una herramienta de acuerdo”.
En otro de los pasajes de su exposición como le paralizaban la obra si no les compraban gaseosas y detalló que el personal de la bolsa de trabajo de gremio “tomaba mate todo el día y pedían plata constantemente”.
El empresario también señaló que “debido a que la presión del gremio se hace insostenible y amenazas de tomar mi obra de calle 12, el 14 de septiembre de 2017 presento una denuncia en la Fiscalía 1 de La Plata. El hecho objeto de mi denuncia está perfectamente demostrado ya que, según tengo entendido, la fiscalía dio aviso a la Policía. En dicha causa no me presente con abogado, ni impulse la denuncia, entendiendo que seguiría su curso sin mi intervención. Con motivo de la presente causa me entero, para mi sorpresa, que mi denuncia fue archivada. Parece que había otra causa UFI 1. Con posterioridad a mi denuncia, fui llamado como testigo al Juzgado Federal de Quilmes, y se me interrogo sobre la mismo”.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Cusini detalló que la persona con quien tenía mayor frecuencia y comentaba la problemática de la UOCRA era con Gustavo Tejada Ibáñez (fallecido), ya que sus obras eran muy apretadas por la UOCRA, “atento a que nos resistíamos a pagar coimas”. “Es así que continuamente nos comunicábamos telefónicamente y nos reuníamos para sacar concusiones y apoyarnos mutuamente”.
Tejada Ibáñez fue quien le presentó al exviceministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Adrián Grassi, también imputado en la causa, para que le informe los problemas con el gremio de la construcción. El exfuncionario de Vidal le preguntó si había realizado denuncias “a lo que le respondí que por el momento prefería seguir manejando institucionalmente con el gremio sin recurrir a la justicia, temía las posibles represalias” por parte del sindicato.
Tras la reunión en Capital Federal el empresario intentó comunicarse con Grassi para pedirle algunas aclaraciones como por ejemplo la presencia “de las tres personas, que hoy descubro que eran de la AFI”. “Varios días después me responde la llamada y le restó importancia a lo ocurrido”.
Para el mes de septiembre de 2017 “la relación con el gremio se fue tomando insostenible, ya que tuve que trabajar a puertas cerradas, con amenazas constantes de toma de las obra”. A mediados de ese mes Cusini recibió varias llamadas de Grassi, “seguramente Tejada le comento de la gravedad de mis problemas con la UOCRA” reflexionó. Posteriormente “lo llamo para preguntarle que ayuda institucional puedo tener y me recomienda denunciar los hechos”. Tras la denuncia “no tuve ninguna colaboración institucional”.
"No hubo hostigamiento de parte del juez ni de la fiscal quien estaba interesada en conocer detalles organizativos de la reunión en el Banco Provincia", aseveraron fuentes judiciales consultadas por este medio.
Esta declaración, sumada a los escritos presentados por otros empresarios platenses de la construcción, robustece la acusación que pesa sobre el exsindicalista “Pata” Medina quien, en otra causa, está con arresto domiciliario procesado por “asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero”. El extitular de UOCRA La Plata iba a ser juzgado el juicio oral a partir del 3 de marzo último, pero una serie de pedidos de nulidades presentados por las defensas de los acusados, pospusieron el inicio del debate.
Los empresarios señalaron que la relación con el gremio, durante la gestión medinista, era conflictiva, pero también aclararon que fueron convocados desde el ministerio de Trabajo bonaerense (entonces a cargo de Marcelo Villegas) a la reunión en la sede porteña del Banco Provincia que fue filmada y ese video fue aportado a la justicia por la abogada Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
