Empresarios de la construcción de La Plata emitieron un comunicado para defenderse de las acusaciones de distintos sectores gremiales e integrantes de la oposición política local, tras la difusión del video en la cual el exministro de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, encabeza una reunión para "impulsar y armar" una causa contra el líder sindical Juan Pablo Medina. En el escrito, no hacen mención al armado de esta "mesa judicial" y la presencia de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aunque se manifestaron en contra de los dichos el extitular de la cartera laboral, sobre armar "una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios".
El texto está firmado por la Unión Industrial Del Gran La Plata, Apymeco, Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU); Colegio de Ingenieros CIV (La Plata); Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco.
En el mismo, indicaron que "a partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace cuatro años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la UOCRA regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra Región".
Al tiempo que remarcaron: "La violencia no estaba originada en conflictos laborales. Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la UOCRA nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse 'viendo que la problemática sigue su curso' y 'no pudiendo cumplir la tarea encomendada', a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas".
Según argumentaron, estos fueron los motivos por los cuales iniciaron las "gestiones ante distintos gobiernos y representaciones sindicales nacionales a lo largo de más de 20 críticos años para la actividad de la construcción en la Región Capital de La Plata, con el objetivo excluyente de alcanzar un marco adecuado para que tanto trabajadores como empresarios pudiéramos desarrollar nuestras tareas en un contexto de respeto por las incumbencias y responsabilidades de las partes”.
Además, manifestaron que "siempre reconocimos y valoramos el legítimo e irremplazable rol de los gremios en el marco de la relación laboral, como representantes de los trabajadores y generadores del diálogo social. Este vínculo lo hemos desarrollado históricamente, en forma convenida con múltiples gremios, de manera armónica, respetuosa y sustentable en el tiempo; valorando el rol institucional del Ministerio de Trabajo como necesario y excluyente articulador de la relación empleado-empleador".
En otro pasaje del comunicado, los firmantes destacaron que su trayectoria "se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas. Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se virtieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos".
Sin embargo, y tal como se ve en el video, no emitieron opinión alguna cuando el exministro Villegas manifestó: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". Las pronunció el 15 de junio de 2017 en la mencionada reunión que se desarrolló en Banco Provincia, frente a empresarios de la construcción y acompañado de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de PBA, del senador bonaerense, Juan Pablo Allan, y el intendente Julio Garro.
En ese marco, los firmantes explicaron que "a lo largo de esos 20 años nuestras presentaciones judiciales ratifican el mismo y recurrente requerimiento de administración de Justicia a quien le compete ese rol". Y agregaron que "esta reunión no modificó en nada el espíritu de las mismas, ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos en nuestro país y que se ven perjudicadas por este accionar violento e ilegal, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque algunos eligieron en su momento mirar para otro lado".
Para finalizar, relataron que en los últimos años sufrieron "años amenazas contra nuestras personas y familias por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional. Los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios. Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución Argentina: la ley".
