En los últimos días un informe de la AFIP con respecto al Potenciar Trabajo, el programa que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica a cambio de una contraprestación en proyectos socio productivos, generó una gran polémica con respecto a su aplicación a partir de la acusación del fiscal federal Guillermo Marijuan quien, tras una extensa investigación controlando las largas listas de beneficiarios del plan, presentó una denuncia penal con la finalidad de demostrar que hubo delitos de defraudación contra la administración pública, pidiendo a partir de esto un reempadronamiento.
En su presentación, el denunciante se ampara en que existe un número de 2.800 personas fallecidas que se encuentran inscriptas en el programa y otras 35.000 que tras haber percibido el beneficio económico del Potenciar Trabajo se hicieron de dólares con ese dinero.
La información de la denuncia fue extraída del informe que publicó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el que se detalló que de las 1.383.279 personas que reciben el Potenciar Trabajo, unas 253.184 declararon Bienes Personales y que 35.398 (2,56%) compraron divisas en los últimos seis meses.
En medio de todo el conflicto y la polémica que se desató puertas adentro del Gobierno, la reciente titular del Ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se refirió al tema y aseguró que no van a admitir "ninguna incompatibilidad", pero aclaró que el informe de la AFIP debe ser cotejado con información complementaria. "Estamos trabajando en desagregar los datos para dar de baja a quienes realmente hayan cometido incompatibilidades", indicó.
