Tras los 70 allanamientos que provocaron la detención de 40 personas acusadas por ciberestafas millonarias en la Plata y la provincia de Buenos Aires, los investigadores indicaron cómo operaba la banda que generó un perjuicio económico de más de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) y dos millones de dólares (USD 2.000.000). Según explicaron, los delincuentes que engañaron a platenses y bonaerenses clonaban páginas web de bancos para sustraer datos personales y realizar operaciones bancarias no autorizadas.
De esta manera, la banda delictiva actuaba clonando páginas web de, por ejemplo, entidades bancarias, y cuando un usuario o cliente cargaba sus datos en esa falsa pantalla, la banda le robaban esa información personal, en un método llamado phishing. Así obtenían el número de tarjeta de crédito completo, su fecha de caducidad, el código de seguridad (CCV), nombre apellido y DNI de la persona.
"También se realizaban simulaciones de ventas de productos en redes sociales, sustracción mediante engaños de cuentas de Whatsapp y minado ilegal de criptomonedas", indicó en un comunicado el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Buenos Aires. Ante esa situación, intervino el Departamento de Ciberdelitos de la Secretaría Política Criminal de la Procuración bonaerense junto a la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía provincial.
En ese sentido, se desplegó una megaredada judicial y policial en la provincia de Buenos Aires que tuvo a la ciudad de La Plata como una de las localidades donde fueron allanados un domicilio particular y la unidad penitenciaria de la localidad de Lisandro Olmos. La investigación se inició el año pasado a partir de una gran cantidad de estafas denunciadas por sustracción de datos personales para realizar operaciones bancarias no autorizadas y falsificación de tarjetas de crédito.
Como resultado de estos procedimientos simultáneos, además de estas significativas cifras de dinero en efectivo, se secuestraron computadoras y notebooks; más de un centenar de teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, impresoras, plastificadoras, lectores de tarjeta, disqueteras, guillotinas, DNI falsos, más de un centenar de tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito y débito, posnet, cajas fuertes, automóviles y armas de fuego. Se trata de estafas cometidas mediante maniobras de ingeniería social, que generaron sustracción de datos personales para realizar operaciones bancarias no autorizadas y falsificación de tarjetas de crédito, simulaciones de ventas de productos en redes sociales, sustracción mediante engaños de cuentas de WhatsApp y minado ilegal de criptomonedas, entre otras.
Los operativos se llevaron a cabo en las localidades de Trenque Lauquen, Vicente López, El Talar, Tigre, Los Polvorines, Pilar, Baradero, San Nicolás, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Bella Vista, La Plata, Avellaneda, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Moreno, José C. Paz, San Miguel, Mercedes, Necochea , Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Asimismo, cabe destacar que cuatro de los objetivos se encontraban en las Unidades Penitenciarias de: Baradero, Lisandro Olmos, Sierra Chica y Mercedes.
Otro objetivo de importancia resultó el desbaratamiento de un laboratorio ilegal donde se falsificaban documentos de identidad, tarjetas de crédito y tarjetas Naranja, en la localidad de San Martín.
El operativo se llevó adelante en virtud de la labor de investigación de Agentes Fiscales e investigadores referentes de trece Departamentos Judiciales de la provincia: Junín, Martín Laius; Pergamino, Pablo Daniel Aguilar; Trenque Lauquen Sebastián Parravicini; Necochea, Guillermo Sabatini; San Isidro, Alejandro Musso; Azul, Lucas Moyano; San Nicolás, Jorge Pablo Leverato; Zárate-Campana, Ana Laura Brizuela; Bahía Blanca, Rodolfo De Lucia; Dolores, Walter Mercuri; San Martín, Andrea Verónica Andoniades; Berazategui, Gabriela Mateo; Quilmes, María Curra Zamanieio y La Plata, Juan Ignacio Mennuci; bajo la dirección de la Secretaria de Política Criminal de la Procuración General a cargo de Francisco Pont Verges, coordinado por el Departamento de Ciberdelitos dirigido por Gisela Burcat y colaboración de Rafael García Borda y Sabrina Lampert, en conjunto con la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial, a cario de Héctor Cisneros del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
En todos los casos, se llevaron a cabo investigaciones en entornos digitales con herramientas de alta tecnología, que permitieron la identificación de los imputados, lográndose establecer los domicilios relacionados con los autores de los hechos.
