Alejo Ramos Padilla homologó los acuerdos de reparación ofrecidos por distintas personas imputadas en el marco de once investigaciones por violaciones a las restricciones en el marco de la pandemia. En total, el Estado recaudará 147 mil pesos que destinará al sistema de salud.
Las investigaciones se llevaron a acabo entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, a raíz de varios eventos privados realizados durante la cuarentena sanitaria dispuesta por el gobierno nacional. En esas causas judiciales, nueve personas fueron imputadas por conductas que encuadran en "violaciones a las medidas antipandémicas (artículo 205 del Código Penal) y desobediencia a la autoridad (artículo 239 del Código Penal)", precisaron en el sitio Fiscales.gob.ar y agregaron que otras tres fueron imputadas por incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.
La justicia suspendió artículos del DNU 70 y su reglamentación, en favor de cámaras farmacéuticas y en contra de la decisión del gobierno.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello fue imputada por el juez Ariel Lijo por presunta malversación de fondos en una millonaria transferencia.
El fiscal Guillermo Ferrara, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata; y el auxiliar fiscal Eduardo Rezses dialogaron con las personas imputadas y sus abogados defensores y aceptaron las propuestas de reparación económicas que le propusieron. Se trata de "medidas alternativas de resolución de conflictos contempladas en el Código Procesal Penal Federal" explicaron web del Ministerio Público Fiscal (MPF). "Los ofrecimientos consistieron en la entrega de dinero por una suma total que alcanza los 147 mil pesos, que serán destinados al sistema de salud para el abordaje de la pandemia", destacaron.
En ese marco, el juez Alejo Ramos Padilla homologó los acuerdos con la condición de que las personas imputadas "mantengan buena conducta y no registren antecedentes". Desde la fiscalía informaron que la decisión adoptada "se encuadra en las medidas alternativas de resolución de conflictos, previstas en el proceso penal que, en casos como este, colaboran a descongestionar el sistema de justicia, permitiendo que los esfuerzos se concentren en la investigación de delitos complejos".
"Asimismo los acuerdos celebrados no implican que las personas imputadas asuman la responsabilidad de los hechos, pero permiten que éstas adviertan las consecuencias de sus conductas de forma más directa, dinámica y eficaz, que si se siguiera el proceso penal tradicional", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.