Senadores del Frente de Todos presentaron un proyecto para modificar el Código Penal, con el objetivo de agravar las penas a los policías, jueces y fiscales que demoren en tomar denuncias o establecer medidas en casos de violencia de género.
La iniciativa fue presentada por la senadora correntina Ana Almirón, pero cuenta con el apoyo de la mayoría de los integrantes del oficialismo. El proyecto modifica el artículo 249 del Código Penal y pide reprimir con pena de prisión e inhabilitación para el funcionario público que no cumpla con su función ante una víctima de violencia de género que solicita auxilio o que intenta realizar la denuncia policial de un hecho sucedido.
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La pena, que dejaría de ser económica, pasaría a ser "de un año a cuatro de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo al funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare realizar algún acto de su oficio en relación a un hecho de violencia de género".
El proyecto también crea un nuevo tipo penal para ecuadrar el comportamiento de los jueces o fiscales que no atiendan en tiempo oportuno el pedido de Justicia y protección ante un hecho de violencia de género. En ese caso, serían reprimidos con pena de prisión de un mes a tres años, e inhabilitación absoluta de dos a cuatro años.
Finalmente, el proyecto busca agravar las penas para los casos en que un agresor desobedezca una medida cautelar que se haya dictado por un hecho de violencia de género. En ese caso, la pena sería de hasta cuatro años de prisión.