El presidente Alberto Fernández dispuso el relevamiento del secreto de confidencialidad para que su antecesor Mauricio Macri pueda declarar en la causa por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, por la cual se lo investiga y por la que debía declarar este jueves en el juzgado federal de Dolores.
La decisión del actual mandatario fue adelantada por el portal Infobae y habría sido firmada después de las 18, después del pedido elevado por el juez Martín Bava, para despejar la traba que le impidió efectuar la indagatoria, el principal acto de defensa de cualquier ciudadano en un proceso penal.
El organismo informó 278 ataques, una cifra histórica en Argentina, con fuerte impacto de la violencia digital, que es cada vez más creciente.
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Como ya se informó, Macri no pudo declarar porque la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reconoció, en un legajo reservado y restringido a las partes, que el organismo no tenía entidad suficiente para relevarlo del secreto de Estado a un exjefe de la Nación. Nadie se había percatado de esta situación y el expresidente se retiró de Dolores sin emitir una palabra ante el magistrado y logró así aplazar su indagatoria. Por eso, rápidamente el juzgado tomó cartas en el asunto y se lo pidió a Fernández, el único en condiciones debe relevar a Macri del secreto de Estado por la Ley de Inteligencia.
El pedido que había hecho el tribunal lo trabajó de manera urgente la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, ya que se había decidido acelerar el trámite para que el jefe de Estado rubricara el decreto simple -no DNU- este jueves antes de irse a Roma por la cumbre del G20.
Con esa decisión ya tomada, el juez podrá poner una nueva fecha para tomarle indagatoria a Macri. La suspensión de la audiencia de este jueves fue celebrada por los dirigentes que acompañaron al expresidente hasta Dolores, mientras su abogado sostuvo que "quedó en evidencia" que existe cierta "animadversión" del juez de la causa en contra del exmandatario que lo llevó a apresurarse a convocarlo sin contar con el relevamiento del secreto de inteligencia.
Todo el trámite de la audiencia duró menos de una hora, durante la cual un grupo de dirigentes del PRO esperó a Macri en las inmediaciones del juzgado. Estaban allí, entre otros, la titular de ese partido, Patricia Bullrich; el diputado nacional Waldo Wolf, el encargado de la movilización Hernán Lombardi y el secretario de Macri y candidato a legislador porteño, Darío Nieto.
La suspensión de la indagatoria generó malestar en los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, que expresaron su indignación y tristeza en las distintas entrevistas que concedieron a los medios que cubrieron la secuencia. "¿Era necesario el circo que armaron hoy? Me queda más que claro que se siguen cagando en los 44 (víctimas del hundimiento del submarino), ¿no podían elegir otro día?", dijo Isabel Polo, la hermana de un tripulante, en declaraciones al canal de noticias C5N.
La abogada Valeria Carreras, patrocinante de una de las querellas, opinó a través de un comunicado que el expresidente Macri "no tuvo voluntad de declarar" en la causa por presunto espionaje ilegal, al remarcar que la indagatoria constituye "el momento de defensa por excelencia" que le permite a los imputados manifestarse libremente, "incluso mentir".
Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan "desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno".
Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, "la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".