Un nuevo escollo aparece en el futuro de la causa que tiene al ex juez de Garantías de La Plata César Melazo como jefe de una asociación ilícita. Dos jueces y un fiscal se excusaron para no ser parte del debate oral que no tiene fecha de realización y por el que la mayoría de los acusados hace dos años que están detenidos con prisión preventiva confirmada.
Tal como informó 0221.com.ar en varias ediciones anteriores, la causa fue elevada a juicio oral y quedó radicada en el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, integrado por Liliana Torrisi, Claudio Bernard y Silvia Hoerr, pero los dos primeros se excusaron y se debe conformar el tribunal con otros magistrados del fuero Penal de La Plata que no hayan participado anteriormente en la etapa de investigación. También se excusó la fiscal de juicio, Victoria Huergo.
Las causas del pedido de apartamiento son por haber tenido frecuencia de trato con el acusado, uno de los motivos contemplados en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Ante este panorama, la defensa de Melazo, a cargo de los abogados Oscar Salas, Christian Romano y Juan Pesquera, pidieron al tribunal que rechace la excusación de la fiscal por entender que en su caso no están dados los requisitos esgrimidos en su planteo de apartamiento. Los defensores sostuvieron que durante su desempeño como Fiscal de Instrucción y Juicio de la UFIC Nro. 8, de Investigaciones Complejas, ha investigado numerosas causas con intervención de Melazo como juez de Garantías. “En esas actuaciones siempre primó el trato profesional fluido, de respeto personal y de mutua colaboración amable con nuestro defendido, no siendo estas circunstancias capaces de colocarla en una situación de incomodidad ética o psicológica tal que le impidan llevar adelante su actuación con la diligencia habitual”.
En otro pasaje del planteo, la defensa sostuvo que “no existen dudas sobre la entereza y honestidad con que signa su labor”, en un guiño de confianza a los antecedentes y trayectoria de la fiscal Huergo.
Lo concreto es que a la fecha la causa no tiene tribunal completo que lleve adelante el proceso oral y tampoco fiscal de juicio. Esta situación genera más demoras en el proceso cuyo acto principal es el debate público, donde las partes exponen sus argumentos y evidencias ante la sociedad para que luego los magistrados dicten un veredicto que puede ser absolutorio o condenatorio. En cualquier caso se trata de una sentencia de primera instancia que es factible de revisión en otras instancias superiores hasta obtener una condena firme basada en cosa juzgada.

En tanto la defensa también presentará un habeas corpus contra el rechazo de Casación .al cese de la prisión preventiva de Melazo.
UN CRIMEN Y MIL INTERROGANTES
Melazo fue detenido en la noche del 23 de agosto de 2018 en el marco de la investigación por el homicidio de Juan Roberto Farías, un ex convicto que fue asesinado en diciembre de 2010 por miembros de una megabanda mixta integrada por policías y ladrones que contaba con presunto amparo judicial. En la causa, además del ex juez están detenidas otras nueve personas, entre ellas dos ex policías. En una causa conexa está detenido el ex fiscal Tomás Morán, que fue beneficiado con el arresto domiciliario dictado por la Cámara Penal.

Según los investigadores, la organización se dedicaba a robar casas y cometer estafas con autos falsificados, entre otros delitos. Además, contaba con zonas liberadas por jefes policiales y protección de la Justicia, ya que también está imputado en el expediente el integrante del Tribunal de Casación bonaerense Martín Ordoqui, quien fue licenciado por la Suprema Corte de Justicia provincial y luego suspendido en el cargo en el marco de un juicio político.
Melazo renunció a su cargo en junio de 2017. Antes había sido apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.

El exmagistrado está detenido en el penal federal de Ezeiza en el pabellón para tratamiento de índices de corruptibilidad. Cumple con todos los requisitos:
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Alto poder económico o adquisitivo: la opinión pública se asombró cuando los medios de comunicación mostraron la fastuosa mansión con lago propio y establo que posee en su vivienda.
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Capacidad de influenciar en esferas gubernamentales y poder político: siempre se mostraba con políticos, empresarios, gremialistas, magistrados e integrantes de la farándula que asistían a sus lujosas fiestas de cumpleaños.
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Fue funcionario público con acceso a altos niveles de Gobierno: era un asiduo concurrente a actos de gobierno durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador bonaerense.
Melazo comparte pabellón con el exlíder de la barra brava de Estudiantes de La Plata, Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera; el presunto chofer de la banda, Ángel Custodio “Pipi” Yalet; el vendedor de seguros Carlos Bertoni, hermano del exfutbolista de Independiente y Javier Ronco, excuñado de Herrera. La esposa del exmagistrado, Verónica Gordon, fue socia de Herrera en un emprendimiento inmobiliario en la localidad de Los Hornos.

Al penal de Marcos Paz fueron derivados el presunto operador político y judicial Enrique Petrullo, el comisario Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas) y el ex policía Gustavo Mena, también cesanteado por otra causa penal.
Mientras tanto el exfiscal Tomas Moran goza de un arresto domiciliario en su bucólica mansión de Parque Sicardi, beneficio al que se opuso la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y el juez de Garantías Pablo Raele pero fue otorgado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, integrada por los jueces Sergio Almeida, Ricardo Szelagowski y Laura Lasaga. En tanto los imputados Carlos “Macha” Barroso Luna y el policía Marcos Chiusaroli siguen ligados al proceso pero en libertad, luego de ser excarcelados en distintas etapas.

Esta mega investigación se deriva del expediente por el homicidio de Juan Farías, exintegrante de la banda mixta de policías y ladrones con presunta protección judicial. La víctima fue asesinada el 1 de diciembre de 2010 en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Se sospecha que fue un ajuste de cuentas por el escruche a la casa del técnico de fútbol Roberto Zapata.