El 30 de septiembre termina el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno Nacional congeló durante seis meses los precios de los alquileres y también prohibió los desalojos de inquilinos con deudas. En ese marco, evalúa su extensión tras el pedido de las organizaciones del sector.
El análisis de las autoridades se da mientras se espera la regulación del registro de los contratos y el índice de reajuste planteados en la nueva ley.
Cabe recordar que la medida estableció el congelamiento de los montos al valor de marzo, mientras que también ordenó la prórroga de “la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria -inquilino-”. De esta manera, cualquier reajuste previsto en los contratos de alquiler queda sin vigencia hasta octubre.
Ante la inminente finalización de la medida, las asociaciones de inquilinos exigieron que el Gobierno la extienda hasta marzo de 2021. De hecho, Inquilinos Agrupados estimó que un millón de personas podrían ser objeto de juicios por desalojo si en octubre volviera todo a la “normalidad” en el mercado de alquileres.
Además, según una encuesta realizada por el mismo grupo estableció que un 30% de los locatarios ya acumulan deudas de alquiler, mientras que de ese total más de la mitad debe dos meses. También registraron inquilinos con deudas de expensas, sobre todo aquellos que viven en grandes ciudades.
En tanto, la Federación Nacional de Inquilinos, en una carta reciente, pidió a la ministra María Eugenia Bielsa no solo la extensión del decreto de congelamiento de alquileres sino también un plan para ayudar a los inquilinos a pagar las deudas con los propietarios. “Es fundamental que el gobierno implemente un plan de desendeudamiento del sector, teniendo en cuenta que no sólo las familias inquilinas están en graves problemas económicos sino también pequeños propietarios que no han podido cobrar sus alquileres. Así como se ha implementado el ATP es necesario implementar el plan que hemos presentado a la directora del ANSES, pero de la cual tampoco obtuvimos respuesta”, reclamaron.
Por su parte, el sector inmobiliario consideró que una extensión del congelamiento generaría “un daño irreparable” al mercado y perjudicará “especialmente al inquilino que es a quien supuestamente se pretende beneficiar con esta medida, ya que la oferta inmobiliaria se reducirá a la mínima expresión, y causaría así una escasez inédita en la oferta de viviendas para alquilar”.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat estudia en estos días qué decisión tomará. “Se está estudiando y trabajando en el tema, no sólo desde nuestro ministerio. La continuidad depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas”, dijeron desde esa dependencia a TN.
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