El 30 de septiembre vence el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que congeló el monto mensual de los alquileres y de las cuotas de créditos hipotecarios UVA, como parte del paquete de medidas para evitar el impacto del coronavirus en los ingresos de los hogares. A pocas semanas de esa fecha, la Federación Nacional de Inquilinos hizo una encuesta en todo el país sobre la situación de las familias que alquilan en medio de la pandemia.
“El resultado que dio fue que lamentablemente que un millón de personas puede quedarse en la calle de no extenderse el DNU N°320, para que el sector de inquilinos no se vea tan perjudicado por esta situación económica, para proteger más que nada”, dijo en diálogo con La Cielo Patricia Sánchez, referente de Inquilinos La Plata.
De acuerdo al relevamiento, el 30% de los inquilinos -que equivale a más de un millón de hogares- no pudo pagar la renta en lo que va de agosto y acumula deudas de meses anteriores. Esas personas podrían ser desalojadas de los inmuebles en caso de que finalice el decreto, por lo que solicitaron que el Gobierno tome medidas de manera urgente, como la extensión del DNU.
Según el estudio, el 18% de los encuestados cree que va a poder pagar parcialmente el alquiler; el 11,7% afirma que no, mientras que el 70% restante expresa que está en condiciones de hacerlo. Por lo que se puede concluir en que al menos el 30% de ellos tiene problemas para afrontar el pago de la renta de su vivienda.

“La mitad de los inquilinos acumulamos deudas de más de dos meses de alquiler, eso también es importante. Por eso estamos en plena lucha de reuniones y todo lo que implica. Tratando de empoderar e informar a la gente de que es muy necesario luchar por la extensión del DNU porque nos va a dar un poco de alivio para darnos unos meses más y recuperarnos económicamente”, sostuvo Sánchez.

En cuanto al porcentaje de los ingresos del hogar que destinan al alquiler, los consultados informaron que son entre el 30% y el 40%. Esta variable sigue creciendo a medida que los salarios continúan estancados o con leves mejoras.
“La situación económica que estamos pasando es terrible, pero estamos en eso. Todavía no tenemos nada confirmado y la realidad es que el sector de inquilinos necesita la confirmación de la extensión”, sostuvo la referente de Inquilinos La Plata.
En cuanto a las inmobiliarias, dijo que están apelando a estrategias “bastante complejas”: “Están poniendo la base para poder subir los precios. Esto indica que los ajustes que se va a hacer anuales con la nueva ley no están dentro de lo que ellos tenían antes como práctica de contratos con escalonamiento. Alquileres hay porque nos llaman preguntando para asesorarse sobre lo que deben pagar, pero alquileres hay”. En tanto, los aumentos que están denunciando rondan en subas de entre $2.000 y $3.000.

Las expensas son otro punto conflictivo. “Muchos estamos teniendo problemas para pagarlas. Es una deuda porque el decreto no lo ampara, es complejo el tema. No puede haber un hostigamiento, aunque lamentablemente sí lo está habiendo por parte de los consorcios o administraciones, con amenazas de cortes de servicio. El decreto también nos ampara ante esta situación, hay que asesorarnos bien. Es irrisorio que tenga que pasar esta situación, tenemos que ser como abogados para defender nuestros derechos”, agregó.