El anteproyecto de reforma judicial presentada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, impactará no solo en el televisivo fuero de Comodoro Py sino que tendrá su correlato en todo el país y La Plata no es la excepción. Según el documento que será sometido a debate y consideración por diversos órganos colegiados y legislativos, existe la intención de crear tres nuevos juzgados federales de primera instancia en la ciudad, que se sumarían a los cuatro que ya existen y ampliaría a siete esa cantidad.
En el documento, que todavía podría recibir modificaciones, no se hace mención a la creación de nuevos tribunales orales y salas para la Cámara Federal, los otros organismos que integran el mapa de la judicatura local.
Tampoco se destacan temas de territorialidad. En la actualidad la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata también entiende en las causas que tramitan en los juzgados federales de Quilmes, Lomas de Zamora, Junín y Pehuajó.
Mientras tanto, el Gobierno nacional oficializó este jueves la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, que a partir del 18 de agosto próximo deberá elaborar un dictamen con "propuestas y recomendaciones" al Ejecutivo sobre reformas a la Justicia, entre ellas referidas a la Corte Suprema, en un plazo de 90 días. Así lo hizo a través de la publicación del Decreto 635/2020 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Alberto Fernández, quien hizo el anuncio en la Casa Rosada.
Los ejes sobre los que los juristas deberán hacer sugerencias son una "descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa", según señala la norma. Asimismo, precisa que los deberán analizar el "sistema de juicios por jurados" y los "criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional".
La comisión también tendrá que evaluar el "modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones" al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño.
El decreto especifica que el dictamen que efectúe el Consejo Consultivo "será adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, en su caso, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas". Los integrantes son Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Carlos Arslarían y Enrique Bacigalupo.
En los considerandos de la norma, se señala la necesidad de que el trabajo del Consejo "se encamine sobre la base de pasos firmes y amplios consensos", y señala que, por eso, se eligió a "personalidades del ámbito del Derecho" que "demostraron en su trayectoria un compromiso con la defensa de los principios básicos que hacen a la vigencia del Estado de Derecho".
