viernes 21 de junio de 2024

Aceleran el juicio por el secuestro y torturas a trabajadores del Gran La Plata

Por los delitos de lesa humanidad son 22 los procesados por privación ilegal de la libertad, torturas y violación. Hay 192 víctimas, la mayoría sobrevivientes.

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La causa por los secuestros, torturas y abusos sexuales de trabajadores y trabajadoras de La Plata, Berisso y Ensenada durante la última dictadura cívico militar ingresó en una etapa de definiciones. La acusación y la defensa acordaron solicitar al Tribunal Oral Criminal Federal 1 de La Plata que de inicio lo antes posible al debate que fue postergado por la pandemia.

Se trata del expediente conocido como “1 y 60” en referencia a la dirección del Destacamento de Infantería de la Policía Bonaerense donde se cometieron los delitos de lesa humanidad del que resultaron víctimas, al menos, 192 personas, la mayoría de ellas sobrevivientes del horror quienes contarán (una vez más) su dramática experiencia en el juicio oral. Las partes plantearon tres posibilidades de desarrollo del debate: que se desarrolle de manera virtual; una combinación de manera presencial con virtual y la tercera opción la constitución del Tribunal y la concurrencia física de testigos, y las partes siguiendo el juicio con una plataforma digital del Poder Judicial.

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Los jueces Ricardo Basílico, Nelson Jarazo y Roberto Lemos Arias, darán a conocer en los próximos días la forma de realización de las audiencias.

El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en 1 y 60 tiene 22 represores procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos mayormente contra trabajadores y trabajadoras del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. La acusación en el juicio estará compuesta por siete querellas, entre ellas la unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

El listado de los imputados está integrada por militares, policías federales, bonaerense y hasta un civil que ya fue condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en La Plata:

  • Oscar Antonio Gómez Migenes, ex Teniente 1° del Regimiento de Infantería 7 (RI 7) Coronel Conde.

  • Héctor Reynaldo Amuchástegui, Oficial de Logística (S4) del RI 7.

  • Alberto Jorge Crinigan, Oficial de Inteligencia (S2) del RI 7.

  • Ismael Ramón Verón, Oficial de Inteligencia (S3) del RI 7.

  • Lucas Marcelo Castro, Jefe de la Compañía A del RI 7.

  • Enrique Francisco Welsh, Oficial de Personal del RI 7.

  • Gustavo Adolfo Cacivio, Capitán con grado de Aptitud Especial de Inteligencia y Oficial 1° de Contrainteligencia del Destacamento 101.

  • Miguel Ángel Amigo, Capitán de Caballería con Aptitud Especial de Inteligencia del Destacamento 101.

  • Ricardo Armando Fernández, con el grado de Capitán como Jefe de Contrainteligencia y del Grupo de Actividades Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.

  • Emilio Alberto Herrero Anzorena, con el grado de Capitán, Jefe de la Sección Central de Reunión del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.

  • Juan Rafael Pochelú, Comisario Jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal Argentina.

  • Carlos Hugo Leguizamón, Cabo 1° de la Policía Federal Argentina.

  • José Luis Benítez, Cabo 1° de la Delegación La Plata de la Policía Federal Argentina.

  • Carlos Ernesto Castillo, alias "El Indio", formó parte de un grupo parapolicial. Es el único civil acusado. Ya purga una condena de perpetua.

  • José Clemente Forastiero, Jefe del Cuerpo de Infantería Motorizado de la provincia de Buenos Aires.

  • Claudio Rubén Mejías, Oficial Subayudante de Seguridad del Cuerpo de Infantería.

  • Tomas D´Ottavio, Oficial Ayudante de Seguridad del Cuerpo de Infantería Motorizada.

  • Raúl Ricardo Monzón, Oficial Subinspector de Seguridad del Cuerpo de Infantería Motorizada.

  • Adalberto Oscar Rincón, Oficial Subinspector de Seguridad del Cuerpo de Infantería Motorizada.

  • Juan Antonio Vidal, Oficial Inspector del Cuerpo de Infantería Motorizada.

  • Alberto José Esteban Pulvermacher, Oficial Subinspector del Cuerpo de Infantería Motorizada.

Se cree que la dependencia policial de 1 y 60 fue el primero de los centros clandestinos de detención que funcionó en La Plata a partir del golpe de Estado cívico militar consumado el 24 de marzo de 1976. Ese espacio de horror se mantuvo operativo hasta diciembre de 1976, según describieron los fiscales en su requisitoria de elevación de juicio oral.

En esos oscuros galpones policiales, personal del ejército, la policía provincial y la Federal mantenían cautivas a las víctimas del terrorismo de Estado.

En el inicio de la causa se habían ofrecido 232 testigos de los cuales 48 ya fallecieron. De ese número se desprende que 173 son víctimas citadas de las que declararon solamente 70. Del número total se va a pedir un informe de riesgo al Programa Verdad y Justicia (PVyJ) de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para analizar quienes están en condiciones de declarar y si no se incorpore su declaración por lectura.

Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes, en diálogo con 0221.com.ar hizo foco en que “La Plata es una jurisdicción donde las querellas pusimos el acento en el sentido reparatorio de los juicios y eso implica una escena pública. Intentamos repensar los juicios en torno de la pandemia, tenemos que pensar estrategias que no perjudiquen ese sentido reparatorio”.

La publicidad de este debate es uno de los aspectos centrales para que se tome real dimensión de lo que significó la dictadura para el movimiento de trabajadoras y trabajadores de la región. La abogada señaló: “Solicitamos que se habiliten amplias formas de publicidad de los juicios, como canales de Youtube del Poder Judicial pero también se pidió el acceso para que las querellas puedan difundirlo”.

Godoy dejó en claro que en La Plata se ha hecho “mucha historia” en materia de reparación. También remarcó que “los protagonistas fueron los movimientos de Derechos Humanos y toda la sociedad platense reclamando justicia”.

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